La bancarrota es una de las protecciones de las leyes federales más antiguas y de más larga data en los Estados Unidos. La primera ley de bancarrota se creó en el año 1800, y si bien el proceso evolucionó mucho en los últimos dos siglos, sigue siendo esencial para la economía de los EE. UU.
Las leyes de bancarrota proporciona un salvavidas o una segunda oportunidad para las personas y empresas que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras.
Dependiendo del tipo de bancarrota, puede poner a los deudores en su camino hacia la libertad financiera al liquidar los bienes existentes o establecer un plan de pagos razonable. Al hacerlo, el deudor puede cancelar gradualmente parte de la deuda sin sufrir inconvenientes financieros adicionales a largo plazo.
Una economía robusta depende de la capacidad de sus ciudadanos de obtener créditos, garantizar préstamos, constituir una empresa y adquirir bienes raíces. A una persona con deudas esto se le dificulta, si no es que le resulta completamente imposible.
Por ejemplo, el impedimento que tiene una persona para comprar un automóvil u obtener tarjetas de créditos puede tener repercusiones sociales muy importantes. Por eso la bancarrota proporciona una forma para que el deudor vuelva a encarrilarse y a la vez asegure el pago a sus acreedores.
El proceso de bancarrota no siempre es la mejor opción para aliviar la carga del deudor. Algunas deudas, como las vinculadas a la manutención de menores, pensión alimenticia, préstamos estudiantiles y restituciones penales no pueden ser eliminadas a través de una declaración de bancarrota.
Además, algunos acreedores prepararan planes de pago negociables y hacen que declararse en bancarrota no siempre sea necesario. Cada tipo de bancarrota tiene sus propios requisitos de elegibilidad, y los posibles declarantes deben determinar si cumplen con ellos.
En un escenario típico, el deudor se declarará en bancarrota después de haber agotado todas las opciones para mejorar su situación financiera. Y el adeudado hará su declaración cuando se enfrente a posibles demandas, ejecuciones hipotecarias o embargos de salario por parte de un acreedor.
Abrir un caso de bancarrota puede proporcionar determinadas protecciones, como detener de manera efectiva a los cobradores y demorar el proceso de recuperación de los bienes.
El capítulo 7 y el capítulo 13 son los dos tipos de bancarrotas más comunes para personas.
La bancarrota del capítulo 7 es la forma más común. La elegibilidad se determina en función del ingreso, para lo cual se utiliza como referencia el ingreso medio estatal:
Quienes se declaran en bancarrota en virtud del capítulo 7 deben:
Luego se venderán los bienes no exentos de los deudores elegibles y el producto de esa venta se distribuirá entre los acreedores que correspondan. Cuando el proceso finaliza, el deudor se libera de las deudas en virtud del capítulo 7 y renuncia a cualquier responsabilidad adicional que pueda tener por esas deudas.
La declaración de la bancarrota en virtud del capítulo 13 es muy parecida al proceso del capítulo 7.
Además, el capítulo 13 está sujeto a límites de deuda máxima que tornan inelegibles a algunos deudores.
Si bien los pagos generalmente duran entre 3 y 5 años, la mayoría de los cobros se detienen cuando se presenta la bancarrota conforme al capítulo 13. Esto incluye avisos de cobro, embargo de salarios, gravámenes bancarios e incluso algunas ejecuciones hipotecarias.
La bancarrota del capítulo 11 es la forma más común para las empresas. Si bien algunas personas físicas pueden usar el capítulo 11, la mayoría de los deudores individuales no cumplen con los requisitos de elegibilidad.
El capítulo 11 brinda la oportunidad a las empresas de reorganizar sus deudas, normalmente en un esfuerzo por mantener a la empresa en funcionamiento.
Esta es una de las formas más complejas de bancarrota, y la empresa debe:
Si no hay un acuerdo entre las partes con respecto al plan de reorganización, se puede pasar a la bancarrota según el capítulo 7 o abandonar el caso.
La declaración de quiebra de acuerdo con el capítulo 11 ofrece a las empresas un nuevo comienzo, pero también puede dar lugar, al menos parcialmente, a la renuncia de la titularidad de los bienes ante los acreedores. Por lo tanto, los empresarios deben calcular los costos y los beneficios cuando consideren declararse en bancarrota o no.
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