Derechos de una persona al ser arrestada

Una vez que una persona ha sido arrestada, hay ciertos plazos y procedimientos que el departamento de policía, la fiscalía y los tribunales deben respetar.

Normalmente, los agentes de la policía deberán leer los derechos Miranda (derecho a permanecer en silencio, a tener un abogado presente durante el interrogatorio, etc.) al momento del arresto.

Una vez que la persona ha sido llevada bajo custodia, no se podrán utilizar sus propias declaraciones en su contra a menos que el oficial ya le haya leído sus derechos Miranda.

Si una persona es arrestada por violar la ley, el caso será llevado ante un juez que emite una orden de arresto si es necesario y establece una fianza para la comparecencia ante los tribunales.

Si el acusado no puede pagar la fianza, puede que sea encarcelado hasta que comparezca ante los tribunales, pero si paga la fianza, seguirá libre hasta comparecer a la lectura de cargos.

La lectura de cargos normalmente tiene lugar a las 24 horas del arresto o en la primera fecha disponible si cae fin de semana o feriado.

La lectura de cargos se realiza ante un juez y durante la lectura de cargos, se notifica formalmente al acusado de qué cargos se lo acusa, cuáles son sus derechos constitucionales y cuáles son las posibles penas.

El acusado se declarará culpable o inocente y se podrá revisar la fianza y establecer una fecha para la siguiente audiencia.

¿De dónde provienen los derechos Miranda?

Los derechos Miranda provienen de la interpretación de la Corte Suprema de la quinta enmienda contra la autoincriminación.

En 1966, la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció en el caso histórico de Miranda contra Arizona y declaró que, siempre que una persona sea detenida por la policía, debe ser informada antes del interrogatorio del derecho que le otorga la quinta enmienda a no hacer declaraciones que pudieran incriminarla.

Los tribunales también tomaron en consideración el derecho a un abogado que otorga la sexta enmienda en todas las etapas clave del proceso penal.

La Corte Suprema en el caso Miranda no especificó qué términos deben utilizarse para informar al sospechoso de sus derechos.

No obstante, la Corte creó un conjunto de pautas que deben seguirse. La sentencia establece lo siguiente:

“La persona que está bajo custodia debe, antes del interrogatorio, ser claramente informada de que tiene derecho a permanecer en silencio y que todo lo que la persona diga podrá ser utilizado en su contra en los tribunales; la persona debe ser claramente informada de que tiene derecho a consultar a un abogado y a tener al abogado presente durante el interrogatorio y que, si es indigente, se le proporcionará un abogado sin costo para que la represente.”

¿Cuáles son los requisitos para que se supriman los antecedentes penales?

Los requisitos exactos para que se supriman los antecedentes varían según el estado, aunque en general algunos se encuentran en las leyes de supresión estatales.

En muchos estados, debe pasar un determinado período de tiempo desde la fecha de los antecedentes penales que pretende suprimir.

Algunas condiciones comunes para la supresión de antecedentes pueden ser que los cargos penales lleven a un sobreseimiento o la desestimación, o que el arresto no conlleve la presentación de cargos.

A menudo, los estados exigen que la persona no tenga otros arrestos o condenas penales desde la fecha de los antecedentes penales que desea suprimir.

Si bien la supresión de antecedentes elimina los antecedentes penales y le permite ocultarlos, hay de todos modos algunas circunstancias en las que se puede revelar que se suprimieron los antecedentes.

Por ejemplo, si la persona pretende postularse para un cargo público o convertirse en un profesional licenciado en algunos campos, es posible que deba revelar los arrestos o delitos de los cuales se lo acusó, aun cuando se hayan suprimido los antecedentes penales.

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