¿Qué puedo hacer si ICE me detiene y soy ciudadano estadounidense?
Por Equipo de Abogado.com | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 22 de enero de 2026
Como ciudadano de Estados Unidos, no estás obligado por ninguna ley federal a demostrar tu estatus migratorio en un encuentro con agentes de ICE. Puedes afirmar claramente que eres ciudadano estadounidense y eso debería ser suficiente. No obstante, ante el riesgo de detenciones erróneas y prácticas discriminatorias, vale la pena ejercer ciertas medidas precautorias.
Si te encuentras con migración, lo primero que debes evitar hacer es correr. Eso inmediatamente va a generar sospechas y puede que te tengan detenido hasta que corroboren que realmente eres ciudadano, aun si claramente les explicas que lo eres. También pueden no creerte si les dices que eres ciudadano y tienes acento.
Por ello, muchos expertos en leyes de migración recomiendan llevar una identificación oficial que acredite ciudadanía como tu pasaporte o una copia de tu certificado de nacimiento, especialmente si tu apariencia o acento podrían generar dudas injustificadas.
Se recomienda mostrar copias originales en caso de que el oficial de ICE sospeche de falsedad si le muestras una copia o una foto del documento.
Ten en cuenta que los certificados de nacimiento no tienen fotos, por lo que ayudaría a tu caso mostrar también tu REAL ID que sí tiene tu foto además de tu nombre. El REAL ID no es prueba de ciudadanía pero sí de estatus legal.
Si ICE te detiene a pesar de afirmar que eres ciudadano, deberías contactar a un abogado inmediatamente. Ampliaremos más sobre esto en la sección pertinente.
¿Puedo demandar si ICE me detiene y soy ciudadano americano?
Sí, podrías, pero obviamente la respuesta depende de tu caso específico.
Los casos que ameritarían demandas son aquellos en los que se demuestre una detención prolongada sin causa probable, uso excesivo de fuerza, violación de derechos constitucionales (como la Cuarta Enmienda contra búsquedas y detenciones irrazonables, la Quinta Enmienda por debido proceso o la Decimocuarta por protección igualitaria), discriminación racial o étnica, lesiones físicas o emocionales graves, o detención que resulte en daños demostrables (pérdida de libertad, trauma, gastos médicos, etc.).
Puedes presentar una reclamación bajo la Federal Tort Claims Act (FTCA) contra el gobierno federal por negligencia o agravio intencional, o en algunos casos involucrando a funcionarios locales, bajo 42 U.S.C. § 1983 por violaciones de derechos civiles. Sin embargo, el gobierno federal tiene inmunidades y defensas que complican estos casos, por lo que no todos resultan en compensación, como veremos en los siguientes casos reales.
Historias que parecen de novela
Al respecto, ya se han presentado varios expedientes.
Raffy Shy, un abuelo de 79 años, demandó a ICE después de que agentes entraran a su negocio de lavado de autos en California y lo tiraran al suelo con tal agresividad que fracturaron sus costillas. En el operativo se los llevaron a él y a sus cinco empleados. El hombre, nacido en Irán pero naturalizado estadounidense en 1980, pasó 12 horas detenido hasta que se confirmó que efectivamente tenía ciudadanía estadounidense y fue liberado. Ahora, pide en su demanda 50 millones de dólares por agravios, afirmando que se violaron sus derechos civiles y constitucionales.
Leonardo Garcia Venegas, un ciudadano estadounidense nacido en Florida, fue detenido dos veces por agentes de inmigración durante redadas en sitios de construcción en Alabama. Venegas había mostrado a los agentes su REAL ID y los agentes lo consideraron falso pese a que no lo era. Además, reza la demanda (en inglés), los agentes entraron en propiedad privada violando la Cuarta Enmienda de la Constitución contra requisas irrazonables.
Peter Sean Brown, nacido en Filadelfia, fue detenido y casi deportado por colaboración indebida entre un sheriff de Florida y ICE después de ser “confundido” por otro Peter Brown de Jamaica que tenía orden de deportación. Brown demandó por incautación inconstitucional en violación de la Cuarta Enmienda de conformidad con 42 U.S.C. (privación de derechos garantizados por Constitución o Ley Federal por agentes, en inglés) y detención ilegal según la ley de Florida.
El 30 de mayo de 2025, la jueza federal Kathleen Williams concedió la moción de Brown para un fallo sumario parcial a su favor (en inglés). El tribunal dictaminó que los derechos de Brown en virtud de la Cuarta Enmienda fueron violados cuando el sheriff lo detuvo ilegalmente sin causa probable. Además, la detención constituyó un encarcelamiento ilegal según la ley estatal.
Esta fue una victoria significativa, ya que el tribunal determinó que la oficina del sheriff tenía la obligación independiente de verificar la causa probable y no podía basarse simplemente en la orden de detención defectuosa de ICE.
Otros casos emblemáticos fueron el de Carlos Ríos, quien recibió un acuerdo de $125 000 tras ser detenido 7 días por ICE en confinamiento solitario y monitoreado a pesar de tener pasaporte estadounidense consigo (Ríos pidió a los oficiales que revisaran su bolsa y no lo hicieron), y Davino Watson, quien pasó más de 3 años detenido erróneamente, aunque no recibió compensación final. El plazo de prescripción de dos años por su detención ilegal comenzó a correr cuando Watson compareció por primera vez ante un juez. Eso significa que expiró mientras aún se encontraba bajo la custodia del ICE, sin abogado.
Mientras que la Corte de primera instancia adjudicó a Watson de $82 500, la Corte de Apelaciones revirtió la compensación afirmando (en inglés): “No hay duda de que el Gobierno llevó a cabo de forma deficiente la investigación sobre la afirmación de Watson de su ciudadanía y que, como resultado, un ciudadano estadounidense permaneció durante años detenido por inmigración y estuvo a punto de ser deportado. No obstante, debemos concluir que Watson no tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios por parte del Gobierno”.
El caso de Watson resulta absurdo por muchas razones. El joven afirmó todo el tiempo ser estadounidense, los oficiales de inmigración investigaron incorrectamente quién era su padre (como en otros casos, hubo confusión de nombre por otro hombre que se llamaba también Hopeton Watson), la misma Corte afirma que se cometió un error pero no se le otorga compensación por leyes de prescripción y la consecuencia del error fue garrafal: tres años encerrado.
Todos los ejemplos mencionados muestran que las demandas suelen basarse en uso excesivo de fuerza, detención sin verificación adecuada o negligencia en confirmar ciudadanía.
¿A qué abogado debería contactar si ICE me detiene y soy estadounidense?
Deberías contactar a un abogado en derechos civiles o constitucionales. Desde luego, si eres inmigrante y tienes problemas relacionados con tu estatus, deberías contactar a un abogado de inmigración. Sin embargo, si eres ciudadano y eres detenido por agentes migratorios, los derechos que podrían violarse son constitucionales y civiles incluyendo el derecho a registros razonables según la Cuarta Enmienda de la Constitución, el derecho al debido proceso de la Quinta Enmienda y el derecho a protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda, así como la Ley de Derechos Civiles, por discriminación. Por lo tanto, deberías asesorarte con un abogado de derecho constitucional o un abogado de derechos civiles.
Algo que causa confusión y vale la pena aclarar es que un abogado de derechos civiles no es lo mismo que un abogado de derecho civil. Un abogado de derecho civil (civil lawyer) maneja disputas privadas entre personas o empresas, como contratos, divorcios, lesiones personales, disputas de propiedad o demandas por negligencia general. En cambio, un abogado de derechos civiles (civil rights lawyer) se especializa en violaciones de derechos fundamentales protegidos por la Constitución o leyes federales/estatales, como discriminación, abuso policial, detenciones injustas por parte de autoridades gubernamentales, libertad de expresión o igualdad ante la ley. Los casos de ciudadanos detenidos por ICE necesitan de un especialista en derechos civiles para evaluar reclamos contra el gobierno por violaciones constitucionales.
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