La Cuarta Enmienda de los Estados Unidos: límites a registros e incautaciones ilegales

La Cuarta Enmienda forma parte de la Carta de Derechos de la Constitución de los EE. UU. Protege los hogares y los bienes de las personas de registros e incautaciones irracionales. Requiere la emisión de una orden judicial antes de que pueda procederse al registro, con algunas excepciones.

Como sucede con muchos de los derechos establecidos en la Constitución, la Cuarta Enmienda (Fourth Amendment) se origina en la doctrina legal inglesa. En 1604, surgió la noción de que el hogar de una persona es su castillo y que las autoridades deben protegerlo de los invasores.

La Cuarta Enmienda refleja la intención de los fundadores de evitar los registros e incautaciones percibidos como injustos sufridos bajo el dominio inglés. Fue ratificada por los Estados Unidos como parte de la declaración de derechos fundamentales (Bill of Rights, en inglés) en 1791.

En 1949 y luego en 1961, la Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que también se aplica a las leyes estatales. ¿Qué establece exactamente y cómo se aplica?

Lo que dice la Cuarta Enmienda

La Cuarta Enmienda suele considerarse como dos cláusulas. La primera dice:

“El derecho de las personas a la seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables no será violado…”

La segunda cláusula establece:

“…y no se expedirán órdenes judiciales, sino por causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y que describa particularmente el lugar que se ha de registrar y las personas o cosas que han de incautarse”.

¿Qué es un “registro” y una “incautación” según la Cuarta Enmienda?

Según la Cuarta Enmienda, un registro se efectúa cuando un agente del gobierno (por ejemplo, un oficial de policía) ingresa a un espacio en el que alguien tiene una expectativa razonable de privacidad, concepto que explicaremos más adelante.

Como señaló la Corte Suprema en un caso de 1886, un registro no es solo “romper las puertas y hurgar en los cajones”; un registro ocurre cuando el gobierno invade el “derecho irrenunciable de alguien a la seguridad personal, la libertad personal y la propiedad privada” (Boyd v. Estados Unidos, en inglés).

Una incautación se refiere al arresto de una persona o a la incautación de una propiedad. Los agentes del orden público, por lo general, tienen permitido realizar registros y confiscaciones razonables.

La Cuarta Enmienda protege a las personas de registros ilegales e incautaciones irrazonables. Sin embargo, existen varias excepciones al requisito de la orden judicial.

¿Cuándo se considera un registro e incautación ilegal?

Se considera un registro o incautación es ilegal, según la Cuarta Enmienda, cuando se lleva a cabo sin consentimiento, sin orden judicial o sin causa probable para creer que se ha cometido un delito. Sin embargo, existen varias excepciones al requisito de la orden judicial.

Los registros son investigaciones de orden público de los bienes que se consideran evidencia de un delito. Los registros a menudo continúan con la toma de posesión de la evidencia (incautaciones).

Órdenes de registro y causa probable

Para obtener una orden de registro, un agente del orden público debe solicitarla a un juez. Debe presentar su solicitud de buena fe y basarla en información fiable que demuestre causa probable para el registro. Un juez debe firmar y expedir la orden. Esta debe indicar la zona que las fuerzas del orden público pretenden registrar y una descripción de los artículos y personas que se buscan.

El requisito de una causa probable significa que los oficiales del orden público deben conocer los hechos y circunstancias específicos que harían que una persona razonable piense que un sospechoso cometió un delito penal o que se está tramando una conducta delictiva.

La causa probable, en los términos de una incautación, requiere que el oficial conozca determinados hechos o circunstancias que llevarían a una persona razonable a creer que un elemento fue robado, era ilegal o constituía evidencia de un delito.

Sin embargo, en ciertas situaciones, las fuerzas del orden pueden realizar un registro cuando tienen una “sospecha razonable” de actividad delictiva. Esta sospecha razonable no cumple con el estándar necesario para establecer causa probable. Por ejemplo, las búsquedas de “detener y registrar” son una de las excepciones al requisito de la orden judicial.

Este tipo de búsquedas es una táctica de la policía que se basa en detener a un individuo basándose en una sospecha razonable (no causa probable) de que se ha cometido un delito y la persona a detener está armada y es peligrosa.

Expectativa de privacidad

La expectativa de privacidad le permite responsabilizar a alguien por violar su privacidad personal. Cuando otra persona interfiere con su deseo de mantener sus asuntos personales fuera del alcance del público, el tribunal puede responsabilizarla por su intrusión.

Pero esta expectativa de privacidad no es absoluta; también debe ser razonable. La divulgación o el descubrimiento de un asunto privado debe haber ocurrido en un lugar o situación que una persona razonable se sentiría agraviada.

Las personas solo están protegidas por la Cuarta Enmienda cuando tienen una expectativa razonable de privacidad. Esto requiere que la persona crea que tiene privacidad en un determinado lugar y la sociedad considere que esa expectativa es razonable.

Por ejemplo, una persona tiene una expectativa razonable de privacidad en su hogar. Generalmente, no tiene una expectativa razonable de privacidad en un parque público o en la acera.

No existen reglas claras sobre si la expectativa de privacidad de alguien es “razonable”. En cambio, si alguien tiene una expectativa “razonable” de privacidad depende de la totalidad de las circunstancias.

Este concepto se explica de la siguiente forma: una persona puede considerar que tiene privacidad en un baño público y la sociedad probablemente lo considerará razonable. Un bolso que no sea transparente también pueden brindar una expectativa de privacidad razonable.

Por otro lado, las cosas de fácil acceso al público no gozan de ninguna expectativa de privacidad. Generalmente, una persona no tiene una expectativa razonable de privacidad respecto a bienes y efectos personales mantenidos a la vista del público. Por ejemplo, los objetos que se encuentran en el patio de una casa o que se desechan en la basura doméstica no están amparados por la Cuarta Enmienda.

La Cuarta Enmienda no protege los objetos visibles o a simple vista para una persona con visión normal y sin dispositivos ópticos, como lentes de alta potencia o telescópicas. Quienes revelen artículos privados a la vista del público, estando conscientes de esto, no están protegidos por la Cuarta Enmienda.

Los artículos a la vista, aun cuando sean bienes personales, pueden incautarse sin una orden. Un objeto claramente visible en el asiento trasero de un automóvil, por ejemplo, está a la vista, por lo que puede que no se requiera una orden para registrarlo. Lo mismo sucede con los artículos visibles a través de una ventana en la vía pública.

La Cuarta Enmienda tampoco protege los registros públicos ni los números de teléfono publicados.

Excepciones al requisito de la orden

Existen varias excepciones a la regla general de la orden judicial. Bajo las siguientes circunstancias, el registro puede ser válido sin orden judicial:

• Circunstancias apremiantes: Las fuerzas del orden no necesitan una orden de registro en caso de emergencia. Por ejemplo, si creen que un sospechoso destruirá las pruebas de un delito, pueden hacerlo sin orden judicial.
• Detención y cacheo: Un agente de policía puede realizar un cacheo a una persona bajo sospecha de haber participado en un delito. El cacheo es limitado, ya que las fuerzas del orden solo pueden buscar armas.
• Registro previo al arresto: Tras un arresto legal, un agente de policía puede registrar al sospechoso y su entorno inmediato. Si la policía realiza un arresto tras una parada de tráfico, puede registrar el vehículo del arrestado en algunas situaciones. Por ejemplo, si cree que puede encontrar evidencia de actividad delictiva en el vehículo, puede registrarlo. La policía solo necesita una sospecha razonable de actividad delictiva para realizar una parada de tráfico.
• A simple vista: Como señalamos anteriormente, la policía puede incautar objetos que se encuentran a simple vista.
• Consentimiento: Si la policía solicita registrarlo a usted o sus pertenencias y usted da su consentimiento, pueden hacerlo sin una orden judicial.

Violación de la Cuarta Enmienda

Supongamos que las fuerzas del orden lo registran sin orden judicial y no aplica ninguna excepción. A raíz de esto, lo arrestan y pretenden usar las pruebas incriminatorias que encontraron durante el registro en su caso penal. ¿Es legal?

La regla de exclusión de la Cuarta Enmienda prohíbe a la fiscalía utilizar pruebas obtenidas ilegalmente en el juicio penal de un acusado. Esta regla impide que el tribunal de primera instancia admita dichas pruebas en el juicio. Esto es lo que se conoce como el “fruto del árbol envenenado”, un concepto clave en la regla de exclusión.

Por lo tanto, si un registro ilegal de su domicilio resulta en que las fuerzas del orden encuentren pruebas incriminatorias, la regla de exclusión impedirá que se incluyan en el juicio.

Cuando se trata de violaciones de la Cuarta Enmienda, hay cuatro excepciones principales a la regla de exclusión:

• Registros realizados durante un arresto legal
• Pruebas encontradas a la vista de un oficial
• Registros realizados con el consentimiento de la persona o del propietario del inmueble
• Confianza de “buena fe” en una orden judicial defectuosa

Los registros e incautaciones ilegales pueden dar lugar a acciones penales. Generalmente, las personas que han sido arrestadas ilegalmente o han invadido su privacidad buscan reparación civil y compensación monetaria.

Abogados con experiencia en derecho penal y derecho constitucional pueden ayudarle en caso de que hayan sido violados los derechos consagrados en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por ejemplo, establecer si el oficial de policía tenía legítimamente una causa probable o no.

Otros argumentos se basan en la expectativa de privacidad del acusado o si los elementos incautados estaban a la vista. Otros casos se centran en el lenguaje utilizado en las órdenes de registro o en su validez.

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