La Corte Suprema dice que la frontera es la línea… literalmente
Por Vaidehi Mehta, Esq. | Adaptado al español por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 29 de junio de 2026
¿Una persona que busca asilo necesita pisar suelo estadounidense antes de que el gobierno federal esté legalmente obligado a procesar su solicitud?
En Mullin v. Al Otro Lado (en inglés) la Corte Suprema respondió que sí.
Con esta decisión, el gobierno federal obtuvo una victoria importante en materia de política fronteriza.
Cómo empezó todo
Todo comenzó en el puerto de entrada de San Ysidro, en el sur de California, uno de los cruces terrestres más concurridos del mundo, con capacidad para procesar cerca de 25 000 peatones diarios en dirección norte.
En mayo de 2016, un número creciente de solicitantes de asilo —principalmente haitianos— comenzó a llegar al lugar.
Al inicio, la respuesta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fue la habitual: habilitar espacios temporales de detención, aumentar el personal y activar planes de contingencia.
Pero al día siguiente de que el periódico local The San Diego Union-Tribune reportara el aumento de llegadas, CBP cambió abruptamente de estrategia. Ordenó a sus agentes “mantener la línea” (hold the line) y dejar de permitir la entrada de nuevas personas.
Al final de ese mes, CBP estaba rechazando a casi todos los solicitantes de asilo en ese cruce. En menos de un año, la práctica se extendió a todos los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Lo que comenzó como una medida improvisada de control de multitudes en un solo punto se convirtió en una política nacional. Para 2017, los agentes rechazaban de manera rutinaria inspeccionar o procesar solicitudes de asilo. En algunos casos —según alegaron los demandantes— esto ocurría incluso después de que las personas ya habían cruzado físicamente la frontera.
El DHS formaliza la práctica
En 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) formalizó esta política mediante dos memorandos: uno distribuido por un funcionario de CBP y otro emitido por la secretaria del DHS.
Estos documentos autorizaban a los agentes a establecer “controles físicos en el acceso en la línea fronteriza, lo más cerca posible de la frontera entre EE. UU. y México”, y además prohibían programar el ingreso de personas.
Aunque reconocían que una vez dentro del país los viajeros “debían ser completamente procesados”, en la práctica esto confirmaba el objetivo principal: evitar que las personas alcanzaran ese punto.
Según el análisis citado por la jueza Sotomayor, la práctica de metering (limitar o retrasar el acceso de solicitantes de asilo en la frontera para no procesar sus casos de inmediato), generó condiciones humanitarias graves: campamentos improvisados en México, decenas de miles de solicitantes esperando días, semanas o meses y personas sin acceso al procesamiento de sus casos.
Un informe de 2020 de la Oficina del Inspector General del DHS encontró que CBP invocaba la falta de “capacidad” incluso cuando las condiciones no lo justificaban. En algunos casos, se instruía a agentes a decir que los puertos estaban “llenos” aunque existía capacidad disponible y los centros de detención permanecían vacíos hasta en un 80% del tiempo, incluso mientras la política de metering seguía en vigor.
Organizaciones como Amnesty International y Human Rights First documentaron que quienes eran rechazados quedaban expuestos a violencia, robos, agresiones sexuales, secuestros o incluso asesinatos mientras esperaban en México.
La demanda
En 2017, la organización de derechos de inmigrantes Al Otro Lado, junto con trece solicitantes de asilo, presentó una demanda colectiva (class action) en el Tribunal de Distrito del sur de California.
Argumentaron que la política de metering violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al retener de manera ilegal la inspección obligatoria y el procesamiento de solicitudes de asilo.
Su argumento se centró en dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA): 8 U.S.C.§ 1158(a)(1) y 1225(a)(1) (ambas en inglés), que exigen que el gobierno inspeccione y permita solicitar asilo a cualquier persona que “llegue a Estados Unidos.”
El tribunal de distrito falló a favor de los demandantes, certificó una demanda colectiva que abarcaba toda la frontera y declaró ilegal la política de metering.
Un panel dividido del Noveno Circuito confirmó la decisión, al sostener que una persona extranjera “llega a Estados Unidos” en el momento en que entra en contacto con un funcionario estadounidense en la frontera, sin importar de qué lado de la línea fronteriza se encuentre.
La decisión generó un fuerte desacuerdo interno: doce jueces se opusieron a la negativa de volver a escuchar el caso en pleno y calificaron la decisión del panel como “gravemente errónea”.
La Corte Suprema interviene con un análisis textual
La opinión de la mayoría fue redactada por el juez conservador Samuel Alito, con apoyo de los jueces de tendencia conservadora Roberts, Thomas, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett.
La Suprema Corte (SCOTUS por sus siglas en inglés ) comenzó, como suele hacerlo con muchas opiniones judiciales, buscando la palabra en el diccionario.
Los demandantes habían argumentado que “arrives in” debía significar algo distinto cuando alguien impide activamente la entrada; que estar en el umbral y ser bloqueado es, en la práctica, lo mismo que llegar. SCOTUS rechazó por completo ese razonamiento.
Explicó que “to arrive” significa “alcanzar un destino” y que la preposición “in” significa “dentro de los límites o el área de” un lugar. Juntando ambas ideas, concluyeron que una persona solo “llega” cuando entra dentro del territorio, no antes.
Para ilustrarlo, usó analogías:
- un jugador no “llega” a la zona de anotación si lo detienen antes
- un invitado no “entra” a una casa si el dueño le echa llave a la puerta
Y enfatizó algo clave: nada de eso cambia simplemente porque alguien esté bloqueando el paso.
La mayoría también se apoyó en la estructura de la INA. Señaló que otras disposiciones de la ley se refieren explícitamente a personas extranjeras que “entran o intentan entrar” a Estados Unidos; por lo tanto, razonaron, el Congreso sabe cómo hablar de “intento de entrar” cuando quiere hacerlo, pero aquí no lo hizo.
Además, una versión anterior a 1996 de § 1158(a)(1) cubría explícitamente a quienes estaban “en una frontera terrestre o puerto de entrada”. El Congreso reemplazó ese lenguaje en 1996, mediante la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, IIRIRA), por la expresión más limitada “llega a Estados Unidos”. Ese cambio, dijo la mayoría, debe tener algún significado.
Debate sobre la interpretación de la ley
Los demandantes argumentaron que la ley menciona en la disposición § 1158(a)(1) tanto a quienes “llegan” como a quienes están “físicamente presentes”, y que ambos términos deberían tener significado distinto (principio contra la redundancia o surplusage).
La Corte reconoció que este argumento tiene “cierta fuerza”, pero no lo consideró determinante.
Concluyó que la aparente redundancia es histórica: en 1996, el Congreso introdujo en la disposición el lenguaje de “llega a” al crear procesos de deportación acelerada, y ambos términos no se diseñaron para cubrir grupos distintos, sino para aclarar situaciones específicas en las que incluso personas con procesos de deportación acelerada, aún podrían presentar solicitudes de asilo.
Finalmente, la Corte aplicó el principio contra la extraterritorialidad: las leyes de EE. UU. no se aplican fuera del país salvo que el Congreso lo indique claramente. Estas disposiciones no obligan al gobierno a procesar solicitudes de asilo mientras la persona esté en territorio mexicano.
La mayoría concluyó que la interpretación de los demandantes le daría a estas disposiciones un alcance extraterritorial, y la Corte se negó a interpretarlas de esa manera.
El desacuerdo de los jueces
La jueza Sotomayor, a la que se sumaron Kagan y Jackson, presentó un voto en contra con un mensaje muy directo. Señaló que la regla de la mayoría permite que el Poder Ejecutivo “evada todos estos procedimientos obligatorios haciendo que los oficiales de inmigración de EE. UU. se paren en la frontera y… bloqueen físicamente a las personas no ciudadanas para que no pongan un pie en suelo estadounidense”, incluso cuando el puerto tiene amplia capacidad y aunque el solicitante de asilo vaya a ser perseguido si es rechazado.
Sobre la redundancia del texto legal (surplusage), Sotomayor sostuvo que la interpretación de la mayoría no solo crea una redundancia parcial, sino que vuelve “arrives in” completamente vacío de significado. El objetivo de tener dos categorías en el estatuto es abarcar a dos grupos distintos: quienes ya están dentro del país y quienes están en el proceso de llegar a su frontera. Leer “arrives in” como algo que exige haber cruzado físicamente elimina por completo esa segunda categoría.
También rechazó la idea de la mayoría de que no existan incentivos negativos. El expediente demostró que la política de metering empujó a muchas personas a cruzar ilegalmente entre puertos de entrada. Y subrayó la consecuencia más alarmante: bajo esta regla, el gobierno no tiene ningún deber de procesar solicitudes de asilo mientras mantenga a las personas a un centímetro de suelo estadounidense de manera indefinida.
La jueza Jackson presentó un voto de desacuerdo por separado, donde argumentó que la decisión se basa en una interpretación excesivamente literal de la mayoría con una sola preposición, ignorando más de un siglo de práctica en derecho migratorio que siempre había entendido que la ley cubría a las personas extranjeras que “llegan a los puertos”, sin importar exactamente dónde tienen los pies.
¿Qué significa este fallo en la práctica?
La decisión abre el camino para que la Administración Trump restablezca la política de metering cuando lo considere conveniente, y todo indica que el gobierno tiene intención de usarla. La Corte revocó la decisión del Noveno Circuito y devolvió el caso al tribunal inferior, lo que en la práctica elimina el alivio colectivo que había bloqueado la aplicación del metering.
En la práctica, las personas que buscan asilo y se presentan en puertos de entrada oficiales, pero son bloqueadas físicamente para que no crucen, no activan las disposiciones de la INA sobre inspección obligatoria y procesamiento de solicitudes de asilo, y no tienen forma de presentar su petición. Hasta que no entran a Estados Unidos, estas disposiciones de la INA, como 8 U.S.C. § 1158(a)(1) y § 1225(a)(1), no obligan al gobierno a inspeccionarlas ni a tramitar una solicitud de asilo.
¿Qué puedes hacer si enfrentas una situación similar?
Este caso deja claro que en el sistema migratorio de EE. UU., detalles como dónde te encuentras físicamente pueden cambiar por completo tus derechos.
Si estás pensando en solicitar asilo o has tenido problemas en la frontera, hablar con un abogado de inmigración es clave. Este profesional puede ayudarte a entender cómo estas reglas se aplican a tu caso, evaluar riesgos reales y tomar decisiones informadas para proteger tus derechos desde el principio.
Adaptación de su versión original en inglés: https://www.findlaw.com/legalblogs/supreme-court/supreme-court-rules-the-border-is-the-line-literally/
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