Ley de difamación: conceptos básicos

Siempre hay un frágil equilibrio entre la libertad de expresión de una persona y el derecho de otra a proteger su reputación. Con frecuencia, es difícil saber qué comentarios personales son apropiados y cuáles entran en conflicto con la ley de difamación.

El término “difamación” es un término general que abarca toda declaración que dañe la reputación de una persona. Si la declaración se realiza por escrito y se publica, la difamación se denomina “libelo”.

Si la declaración dañina es oral, se trata de una “difamación verbal”. El gobierno no puede encarcelar a alguien por realizar una declaración difamatoria ya que no constituye un delito. Simplemente, la difamación se considera un ilícito civil.

Una persona que ha sufrido daños por una declaración difamatoria puede demandar a la persona que hizo la declaración conforme a la ley de difamación.

Desde que entró en vigor en Estados Unidos, las normativas sobre difamación han transitado una delgada línea entre la libertad de expresión y el derecho de una persona a evitar la difamación.

Por un lado, las personas deben tener la libertad de hablar de sus experiencias con sinceridad y sin miedo a ser demandadas en caso de decir algo infame, pero real, de otra persona.

Por otro lado, las personas tienen derecho a que no se hagan declaraciones falsas que dañen su reputación. El diálogo es fundamental en una sociedad libre y cuanto más abierto y honesto, mejor para la sociedad.

Elementos de una demanda por difamación

La ley de difamación cambia de un estado a otro, pero existen ciertas normas aceptadas que hacen que las leyes sean similares independientemente del lugar.

Si cree que ha sido víctima de una declaración difamatoria, ya sea una difamación verbal o libelo, necesitará entablar una demanda para obtener una indemnización.

En líneas generales, para lograr un resultado favorable en un caso de difamación la demanda debe demostrar que:

Alguien hizo una declaración.
Esa declaración fue hecha pública.
La declaración provocó un daño.
La declaración era falsa.
La declaración no correspondía a ninguna categoría privilegiada.

Para comprender mejor lo que necesita hacer para ganar una demanda por difamación, analizaremos cada elemento con mayor detenimiento.

Declaración: Una “declaración” debe ser oral, escrita o estar expresada de alguna manera. Las palabras al aire se olvidan rápido, por lo que la difamación verbal suele considerarse menos dañina que el libelo.
Publicación: Para que la declaración se considere “publicada”, un tercero debe haber visto, oído o leído la declaración difamatoria. Un tercero es cualquier persona que no sea aquella que realiza la declaración ni el sujeto de la declaración.
Daño: Para obtener lograr un resultado favorable en una demanda por difamación, debe demostrarse que la declaración causó un daño al sujeto en cuestión. Esto significa que la declaración debe haber dañado la reputación del sujeto. Por ejemplo, una declaración causó que el sujeto difamado perdió su trabajo como consecuencia de la misma.
Falsedad: La ley de difamación considera que las declaraciones solo son difamatorias si son realmente falsas. Una declaración verídica, sin importar lo dañina, no se considera difamación. Asimismo, debido a su naturaleza, las declaraciones de opinión no se consideran falsas porque son subjetivas de la persona que las dice.
No privilegiada: Por último, para que una declaración sea difamatoria, no debe ser privilegiada. Los legisladores han decidido que no se puede demandar por difamación en ciertas instancias en las que una declaración se considera “privilegiada”. Por ejemplo, cuando un testigo da testimonio en un juicio y realiza una declaración que es tanto falsa como perjudicial, el testigo será inmune a una demanda por difamación porque el acto de dar testimonio en un juicio es “privilegiado”.

Si una declaración es o no privilegiada es una decisión que recae sobre los legisladores. Los legisladores deben contrastar la necesidad de impedir una difamación con la necesidad de que la persona que declara tenga libertad de decir lo que desea.

Los testigos en un juicio son un excelente ejemplo. Cuando un testigo declara, nosotros, como sociedad, queremos garantizar que dé un relato completo de todo lo sucedido, sin dejar nada de lado por miedo a decir algo difamatorio.

Del mismo modo, los legisladores están exentos de las demandas por difamación que deriven de declaraciones hechas en una cámara legislativa o en materiales oficiales.

Redes sociales y difamación

Con el crecimiento de las redes sociales, es cada vez más fácil realizar una declaración difamatoria. Esto se debe a que los servicios de redes sociales como Twitter y Facebook permiten “publicar” instantáneamente una declaración que llegue a miles de personas.

Ya se trate de una publicación despectiva en un blog, una actualización de estado de Facebook o un video de YouTube, la difamación en línea recibe el mismo trato que las formas más tradicionales. Esto significa que puede recibir una demanda por cualquier declaración difamatoria que publique en línea.

Personas menos protegidas: funcionarios y figuras públicas

Nuestro gobierno da una prioridad alta a que el público pueda dar su opinión acerca de los funcionarios electos, además de otras figuras públicas. Las personas bajo la atención pública cuentan con menos protección contra las declaraciones difamatorias y enfrentan una carga mayor cuando intentan ganar una demanda por difamación.

Cuando un funcionario recibe críticas falsas e injuriosas por algo relacionado con su comportamiento en el cargo, debe demostrar todos los elementos vinculados con una difamación normal y, además, demostrar que la declaración fue hecha con “dolo directo”.

El “dolo directo” se definió en un caso de la Corte Suprema cuyo fallo se dictó en 1964, Hustler vs. Falwell. En este caso, el tribunal sostuvo que ciertas declaraciones que habrían sido difamatorias estaban amparadas por la primera enmienda de la Constitución. El tribunal consideró que la sociedad de los Estados Unidos tenía un “compromiso nacional profundo con el principio de que el debate sobre cuestiones públicas debe ser desinhibido, sólido y abierto”.

De este modo, de acuerdo con la Corte, los funcionarios públicos solo podían obtener un veredicto favorable en una demanda por difamación si la declaración no era resultado de un error involuntario, sino publicada con la verdadera intención de dañar a la figura pública.

Según la Corte, el “dolo directo” ocurre únicamente cuando la persona que realiza la declaración sabe que no es cierta en el momento en que la hace o incurre en un incumplimiento respecto de si es verdad o no.

Para otras personas públicas, que no sean funcionarios públicos, las leyes de difamación también son diferentes. Estas personas, tales como celebridades y estrellas de cine también deben demostrar, en la mayoría de las situaciones, que las declaraciones difamatorias se efectuaron con dolo directo.

La libertad de expresión tiene menos relevancia cuando una declaración se efectúa sobre una persona privada porque probablemente no se trate de una cuestión de importancia pública. Como se mencionó antes, una persona privada no tiene necesidad de demostrar que la persona que hizo la declaración lo hizo con dolo directo para lograr un resultado favorable en una demanda por difamación.

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