Pena de muerte para indocumentados que cometan crímenes capitales: alcances de la orden ejecutiva de Trump

Por Mairim Gomez | Revisado por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 30 de abril de 2025

Por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la fiscalía deberá buscar la pena de muerte para todos los crímenes que lo ameriten, especialmente delitos que involucren el asesinato de oficiales de la ley y delitos capitales cometidos por inmigrantes indocumentados. ¿Qué significa esto? ¿Qué se considera un “delito capital”?

Qué dice la orden presidencial

La orden ejecutiva “Restaurando la pena de muerte y protegiendo la seguridad pública”  (en inglés), en vigor desde el 20 de enero de 2025, señala que la pena capital es “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y los actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses”. 

Basándose en eso, la política que implementará la nueva administración es “garantizar que las leyes que autorizan la pena capital se respeten y se apliquen fielmente, y contrarrestar a los políticos y jueces que subvierten la ley, obstruyendo e impidiendo la ejecución de las sentencias capitales”.

El fiscal general, cuando sea compatible con la ley aplicable, buscará la jurisdicción federal y la pena de muerte, independientemente de otros factores, para cada delito capital federal que involucre:

  • el asesinato de un agente del orden;
  • un delito capital cometido por un extranjero que se encuentre ilegalmente en EE.UU.

Además, se ordena al fiscal general tomar acciones para anular precedentes de la Corte Suprema que limitan la pena de muerte.

¿Cuáles son los delitos capitales?

Los delitos capitales en Estados Unidos varían según la jurisdicción. Una persona puede ser juzgada por un delito federal, estatal o incluso ambos. Esto se determina según el tipo de crimen cometido, los organismos involucrados y los tribunales a cargo del caso.  

Entre los crímenes capitales se encuentran:

  • Homicidio. Es el delito capital más común a nivel federal y estatal.
  • Asesinato de funcionarios federales. Delito federal capital.
  • Tráfico de drogas. Delito capital en Florida y Missouri. Tráfico de grandes cantidades de drogas es delito federal.
  • Espionaje. Delito federal. Estatal en Nuevo México.
  • Traición. Delito federal. Estatal en Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Louisiana, Mississippi, Missouri y Washington.
  • Secuestro agravado. Delito capital en Colorado, Idaho, Illinois, Missouri y Montana.
  • Agresiones agravadas de personas encarceladas o asesinos. Delito capital en Montana.
  • Intentar, autorizar o aconsejar el asesinato de cualquier funcionario, jurado o testigo en casos que involucren una empresa criminal continuada. Delito federal.

Aunque ciertos estados pueden contemplar la pena capital para delitos diferentes al asesinato (en inglés), para el momento de la redacción de este artículo, no existía ningún condenado a muerte por un crimen distinto al asesinato.

En el caso de Colorado, Illinois, Nuevo México y Washington, aunque las leyes contemplan pena capital por otros crímenes distintos al asesinato, en estos estados no existe pena de muerte actualmente.

Para enero de 2025, 23 estados contemplan la pena de muerte (en inglés), entre ellos Florida y Texas. En Nueva York y otros 22 estados no existe pena capital y en California, Oregon, Ohio, y Pensilvania las ejecuciones están pausadas por orden ejecutiva estatal.

Si enfrenta cargos estatales o federales por un delito grave, busque de inmediato un abogado de defensa criminal que le asesore y le ayude a presentar una defensa.

La inyección letal

La orden ejecutiva también contempla evaluar las condiciones de encarcelamiento de 37 presos cuyas sentencias de muerte fueron conmutadas por el expresidente Biden y asegurar que los estados que permiten la pena capital tengan suficientes medicamentos para las inyecciones letales.

Sin embargo, hay varios problemas con la disponibilidad de los medicamentos necesarios para efectuar la inyección. Los estados tienen dificultades para obtener estos fármacos porque los fabricantes se oponen a su uso en ejecuciones, al ser medicamentos destinados para tratamiento y no para terminar con la vida. Además, los fabricantes también deben satisfacer la demanda de los hospitales, lo que reduce aún más su disposición a suministrar estos medicamentos para ejecuciones.

El programa de HBO “Last Week Tonight” descubrió que el pentobarbital utilizado (en inglés) en las ejecuciones federales de 2020 y 2021 se obtuvo de Absolute Standards, una empresa registrada en la DEA para producir el medicamento, pero no para uso humano. En 2024, Absolute Standards dejó de fabricar el medicamento para ejecuciones, dejando a los verdugos federales sin proveedor.

Otro obstáculo es encontrar personal médico calificado para administrar el procedimiento, ya que muchos médicos se oponen a quitar la vida a una persona sana. Esto puede llevar a que personal no calificado se encargue de aspectos cruciales del proceso de inyección letal.

La mayoría de los estados mantienen en confidencialidad la identidad de los verdugos (en inglés) y hay poco intercambio de información sobre las cantidades de medicamentos utilizados, por lo que el proceso sigue siendo experimental.

Estos problemas se agravan porque el gobierno federal ya no tiene un protocolo de ejecución letal. El exfiscal general Merrick Garland rescindió el protocolo (en inglés) establecido por el exfiscal general Bill Barr durante el primer mandato de Trump.

En la actualidad, solo hay tres presos federales que se enfrentan a la ejecución: Robert Bowers, que llevó a cabo la masacre antisemita en la sinagoga Árbol de la Vida; Dylann Roof, culpable de los asesinatos por crímenes de odio de nueve miembros negros de una iglesia en Carolina del Sur; y Dzhokhar Tsarnaev, el terrorista del maratón de Boston. Por ahora, el método utilizado sigue siendo una incógnita.

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