Migración, homicidio y legítima defensa: el caso de George Alan Kelly
Por Mairim Gomez | Revisado por Camila Laval, JD | Última actualización 30 de abril de 2024
Tras un mes de juicio y tres días de deliberación, un juez declaró nulo el juicio contra el ranchero George Alan Kelly, acusado de disparar y matar a un migrante mexicano en el sur de Arizona. ¿Cuál fue la razón?
El jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre la culpabilidad del acusado en un caso que ha capturado la atención mediática al tocar temas polémicos como la migración ilegal, la seguridad fronteriza y las leyes de legítima defensa.
La declaración de nulidad ocurre luego de que el jurado informara a la corte en varias ocasiones que se encontraban en un “impasse”, es decir, no lograban un consenso. En el tercer impasse dijeron que con más tiempo de deliberación no iban a llegar a un veredicto. ¿Por qué le ha resultado tan difícil al jurado tomar una decisión?
¿Qué sucedió el 30 de enero de 2023?
El 30 de enero de 2023, en una zona cercana a la frontera entre Estados Unidos y México, se produjo el incidente fatal. Kelly, de 75 años y acusado de homicidio en segundo grado, habría disparado contra un grupo de hombres, entre ellos, Gabriel Cuen Buitimea, de 48 años, quien resultó mortalmente herido.
El ranchero dijo que solo hizo tiros de advertencia al aire y no directamente a las personas. Sin embargo, los fiscales argumentaron que disparó de forma imprudente nueve tiros hacia el grupo de hombres con un rifle AK-47 a unas 100 yardas de distancia en su rancho.
El fiscal del caso, Mike Jette, dijo que Cuen Buitimea fue encontrado muerto y desarmado a 115 yardas de distancia de la casa de Kelly. La bala que mató a Cuen Buitimea no fue recuperada.
La dificultad del jurado para alcanzar un veredicto refleja la complejidad del caso, que involucra cuestiones como la legítima defensa y la interpretación de las leyes de homicidio en Arizona, entrelazado con un tema sensible para la sociedad estadounidense: la migración ilegal.
La migración como telón de fondo
El caso del ranchero George Alan Kelly ocurre en un año electoral presidencial donde temas como la seguridad fronteriza y la política migratoria avivan la confrontación política. El apoyo o rechazo al ranchero está marcado por un fuerte tinte político.
Cuen Buitimea había cruzado irregularmente desde México a EE. UU. a en varias ocasiones y ya había sido deportado en 2016; situación que pone en evidencia el grave problema de la migración irregular en la frontera.
Pero lo sucedido también saca relucir otro problema: la vulnerabilidad de los migrantes ante situaciones similares. ¿Kelly habría reaccionado igual si hubiesen sido hombres blancos? ¿Estaba siendo realmente atacado por estos hombres?
Implicaciones legales del homicidio en Arizona
Los cargos que se le imputan a George Alan Kelly son los de asesinato en segundo grado, homicidio negligente y agresión con agravantes. En Arizona, el homicidio en segundo grado se define como un asesinato intencional no premeditado que resulta de un comportamiento peligrosamente imprudente.
El fiscal Jette, quien sostiene que Kelly ha tenido contradicciones en sus declaraciones, pidió a los miembros del jurado declarar al ranchero culpable de homicidio simple imprudente u homicidio negligente si no podían declararlo culpable del cargo de asesinato.
La ley estatal es particularmente estricta con respecto a los homicidios cometidos durante la comisión de otros delitos, pudiendo resultar en severas penalidades.
En el caso de Kelly, la falta de premeditación fue central, dado que los fiscales no alegaron que planificó el encuentro fatal, pero sí que actuó con una “indiferencia depravada” hacia la vida humana.
Legítima defensa: un debate persistente
La abogada defensora Brenna Larkin, por su parte, afirma que Kelly “estaba en una situación de vida o muerte” y debía ser declarado no culpable. El derecho a la legítima defensa es un principio bien establecido en el sistema legal estadounidense, permitiendo a las personas defenderse si perciben una amenaza inminente de daño.
En EE. UU., una persona generalmente puede hacer uso de fuerza letal si alguien ingresa a su casa de forma ilícita. Esta norma, también es conocida como “la doctrina del castillo”. Se basa en que el hogar de cada persona es su “castillo” y, por lo tanto, tienen el derecho de defenderlo contra intrusos mediante el uso de fuerza letal.
Pero las leyes de defensa propia varían en cada estado. Y en muchos casos abarcan más allá del “castillo”. Más de 30 estados, entre ellos Arizona, tienen leyes “Stand Your Ground” (“defender tu posición”), que permiten a las personas defenderse en cualquier lugar donde consideren que tienen derecho legítimo a estar.
Este tipo de legislación carece del requisito de retroceder frente a una amenaza, conocido como “deber de retirada” (“duty to retreat”), que establece que la fuerza letal debe ser el último recurso en caso de no ser posible retirarse del lugar.
En Florida, por ejemplo, la ley señala que una persona “que se encuentra en una vivienda o residencia en la que tiene derecho a estar no tiene el deber de retirarse y tiene derecho a mantenerse firme y usar o amenazar con usar fuerza letal si él o ella cree razonablemente que usar o amenazar con usar dicha fuerza es necesario para evitar una muerte inminente o un daño corporal grave a sí mismo o a otra persona o para evitar la comisión inminente de un delito grave por la fuerza”.
El caso de Kelly gira en torno a estas leyes. La percepción de amenaza, la respuesta proporcionada y lo que dictan las leyes estatales son cruciales para establecer un veredicto. Si te has visto envuelto en una situación similar y enfrentas cargos criminales, lo mejor es contar con la asesoría de un abogado penalista local.
¿Habrá nuevo juicio contra Kelly?
La decisión del juez Fink de declarar el juicio nulo no pone fin al caso necesariamente. El fiscal del condado de Santa Cruz, donde se lleva a cabo la acción legal, todavía tiene la opción de llevar a Kelly nuevamente a la corte y reexaminar las pruebas y argumentos. También podría decidir abandonar el caso por completo.
A la salida de la corte, tras el fallo de nulidad, el ranchero dijo brevemente a los medios: “esto es lo que es y será lo que deba ser. Seguiré luchando por siempre. No me detendré”.
Más allá de lo que decida el fiscal, este caso podría sentar un precedente para incidentes similares en el futuro, particularmente los que ocurren en una zona tan tensa como la frontera sur de Estados Unidos. Mientras tanto, las comunidades y familias afectadas por los hechos esperan respuestas por parte de la justicia sobre estos dilemas morales y legales.
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