Derechos de los Reclusos o Convictos

Incluso los reclusos (o convictos) más crónicos o peligrosos tienen derechos básicos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. Si usted se enfrenta a una pena de prisión, debe conocer sus derechos. Si tiene un familiar o amigo en cárcel o prisión, también debe saber cuáles son sus derechos.

Ejemplo: En 1995, un tribunal federal en Massachusetts descubrió que se violaron los derechos constitucionales de los reclusos al alojarlos en una prisión de 150 años infestada por alimañas, con peligros de incendio y falta de sanitarios.

Ejemplo: Un tribunal federal del Distrito de Columbia declaró culpables a los oficiales penitenciarios por el acoso sexual, la violación, la sodomía, la agresión y otros abusos sistemáticos de reclusas femeninas por parte de miembros del personal penitenciario. Asimismo, el tribunal declaró que las instalaciones de la prisión estaban dilapidadas, que había falta de atención médica adecuada y que las reclusas recibían programas de menor categoría que los reclusos masculinos dentro del mismo sistema.

Ejemplo: Un tribunal federal de Iowa recientemente otorgó a un recluso más de $7,000 en daños y perjuicios al descubrir que lo habían encerrado en aislamiento durante un año y que luego transferido a otro centro en el que su vida corría peligro simplemente por quejarse de las condiciones de la prisión y presentar una demanda para oponerse a las condiciones de su reclusión.

Nota: Los reclusos no tienen derecho a tener entrevistas cara a cara con periodistas o representantes de los medios. La justificación de esta limitación es que los medios no están autorizados a tener un acceso a los reclusos que los miembros del público general no podrían tener.

Nota: En la mayoría de los casos, los reclusos no tienen derecho a la representación por abogado en un proceso disciplinario.

Los detenidos en espera de juicio (los ciudadanos que no pueden pagar la fianza y que, por lo tanto, quedan recluidos hasta el juicio) tienen derecho a estar alojados en instalaciones dignas. Asimismo, los detenidos en espera de juicio no pueden ser “castigados” ni tratados como culpables mientras esperan el juicio.
Los reclusos (o convictos) tienen derecho, conforme a la octava enmienda, a no sufrir condiciones inhumanas debido a que dichas condiciones constituyen un castigo “cruel e inusual”. El término “cruel e inusual” no se definió al momento de aprobar la enmienda, pero la Corte Suprema destacó en 1848 que dichos castigos incluirían “cuarteado, destripamiento de una persona viva, decapitación, disección pública e incineración de una persona viva”, entre otras cosas. En la actualidad, muchos de estos castigos pueden parecer anticuados, pero el alcance básico de la protección sigue siendo el mismo. Cualquier castigo que pueda considerarse un trato inhumano o que viole el concepto básico de la dignidad de una persona puede ser considerado cruel e inusual.
Los reclusos tienen derecho a no sufrir delitos sexuales, incluido el acoso sexual.
Los reclusos tienen derecho a denunciar las condiciones de la prisión y a expresar sus inquietudes respecto del trato que reciben. También tienen derecho a tener acceso a los tribunales para expresar estas quejas.
Los reclusos con discapacidades tienen derecho a hacer valer sus derechos conforme a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades para garantizar que se les permita acceso a los programas e instalaciones de la prisión en los que puedan participar.
Los reclusos tienen derecho a recibir atención médica según sea necesario para tratar tanto afecciones a corto plazo como enfermedades a largo plazo. La atención médica brindada debe ser “adecuada”.
Los reclusos que necesiten atención de salud mental tienen derecho a recibir dicho tratamiento de forma tal que resulte adecuada según las circunstancias. El tratamiento también debe ser “adecuado”.
Los reclusos retienen solamente los derechos de la primera enmienda, tales como la libertad de expresión, que no sean contrarios a su condición de reclusos y que cumplan con los objetivos legítimos del sistema penitenciario, tales como la preservación del orden, la disciplina y la seguridad. En este sentido, los oficiales penitenciarios tienen derecho a abrir la correspondencia dirigida a los reclusos para asegurarse de que no contenga ningún elemento ilegal o armas, pero no pueden censurar partes de la correspondencia que simplemente les parezcan obscenas o irrespetuosas.
Los reclusos tienen derecho a no sufrir segregación racial en las prisiones, excepto cuando sea necesario para preservar la disciplina y la seguridad en la prisión.
Los reclusos no tienen una expectativa razonable de privacidad en sus celdas de prisión y no están protegidos de “cacheos” o revisiones de sus celdas en busca de armas, drogas u otros tipos de contrabando.
Los reclusos tienen derecho, conforme a la cláusula de debido proceso de la Constitución, a no sufrir la privación intencional y no autorizada de sus bienes personales de parte de los oficiales penitenciarios.
La Corte Suprema ha determinado que los reclusos sujetos a investigaciones o procesos disciplinarios tienen derecho a presentar un aviso escrito de la supuesta violación y una declaración escrita de los hechos, las pruebas sobre las que se basan y el motivo de la acción que inician. Los reclusos también tienen derecho a llamar a testigos y a presentar evidencia documental si hacerlo no pondría en riesgo el orden, la disciplina y la seguridad. En ese aspecto, los reclusos rara vez tienen permitido confrontar y contrainterrogar a testigos en procesos disciplinarios internos.
Los reclusos tienen derecho a una audiencia si se los trasladará a un centro de salud mental. Sin embargo, los reclusos no siempre tienen derecho a una audiencia si se los trasladará de un centro a otro similar.
Los reclusos con enfermedades mentales no tienen derecho a una audiencia completa antes de que el gobierno pueda forzarlos a tomar antipsicóticos contra su voluntad. Simplemente alcanza con una audiencia administrativa ante profesionales médicos independientes.

En 1996, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Litigio Penitenciario (Prison Litigation Reform Act, PLRA), que muchos críticos han considerado un acceso injustamente limitado de los reclusos al sistema judicial federal. La PLRA contiene cinco disposiciones principales:

Nota: Si los reclusos están en riesgo de lesiones físicas graves e inmediatas, puede eximirse la norma de las tres faltas.

Los reclusos deben agotar los procedimientos de queja internos de la prisión antes de presentar una demanda ante un tribunal federal.
Los reclusos deben abonar los cargos de presentación judicial, ya sea en un pago o en una serie de cuotas mensuales.
Los tribunales tienen derecho a desestimar las demandas de los reclusos que se determinen “frívolas”, “maliciosas” o presenten un reclamo indebido. Cada vez que un tribunal toma esta decisión, la causa puede desestimarse y el recluso puede tener una “falta” en su contra. Una vez que el recluso tiene tres “faltas”, ya no puede presentar otra demanda a menos que abone todo el cargo de presentación judicial por adelantado.
Los reclusos no pueden presentar un reclamo por lesiones mentales o emocionales a menos que puedan demostrar que también sufrieron una lesión física.
Los reclusos arriesgan la pérdida de la confianza durante mucho tiempo si un juez determina que la demanda se presentó con el fin de acosar, que el recluso mintió o que presentó información falsa.

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