La Constitución de los Estados Unidos, en la segunda enmienda, establece que los ciudadanos estadounidenses tiene derecho a tener y portar armas. Esta revisión ampara el derecho del ciudadano a la autodefensa, y a la defensa de su estado y de los Estados Unidos de América. Para los fundadores de la nación esta perspectiva era vital para preservar la libertad.
Pero hoy, la opinión pública está dividida debido al aumento de los asesinatos en masa en sitios públicos con armas de fuego. Hasta agosto de 2019 habían ocurrido 289 incidentes de este tipo en el país en lo que iba del año. Solamente entre el 3 y 4 de agosto, 29 personas fueron asesinadas y 52 resultaron heridas en dos sucesos de este tipo en un periodo de menos 24 de horas, en El Paso, Texas y Dayton, Ohio.
Un sector aspira a un control más estricto sobre la venta, posesión y uso de las armas, y otro antagoniza con este punto de vista. Organizaciones como la Asociación Nacional Del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) defienden el derecho explícito de la carta de derechos fundamentales de la Constitución, porque el control estricto dejaría a los ciudadanos limitados para la defensa propia. Incluso si el gobierno se torna en contra de ellos.
Y cada vez que ocurre un tiroteo masivo en un área pública, nuevamente salen a luz las discusiones con respecto al control de armas.
Si bien la Constitución de EE.UU. dice que un ciudadano americano puede tener y portar armas, este no es un derecho sin límites.
El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) es la oficina del gobierno que regula quién puede enviar, transportar, recibir y poseer un arma de fuego y municiones.
Para ello se rige por la Ley Nacional de Armas de Fuego (en inglés), la cual fue revisada en 1968 y estableció la Ley de Control de Armas de 1968 (GCA, por sus siglas en inglés).
La ley federal especifica, según GCA de 1968, que la edad mínima para la compra de armas largas como una escopeta o un rifle es 18 años; y para adquirir armas de fuego de mano es 21 años.
Sin embargo, la ley estatal también impone sus requisitos y diferencias con respecto a la edad mínima. Por ejemplo, en Alaska, Maine, Minnesota y Vermont la edad mínima para tener y comprar una escopeta o un rifle es 16 años.
Si alguien quiere ser un vendedor de armas debe obtener una licencia (federal firearms license en inglés), emitida por ATF. Además, debe ser mayor de 21 años, pasar por un escrutinio de su historia criminal y estado mental, y poseer un lugar para el negocio.
Las ventas de armas en línea también deben seguir las mismas regulaciones, a veces estas son enviadas a un vendedor autorizado para su entrega final al comprador. Sin embargo, la ley no es muy clara cuando se efectúa una venta privada, ya que no es considerado como un negocio.
Está prohibido tener y comprar armas de fuego en los siguientes casos:
Fugitivos de la ley.
Personas que ilegalmente usen o sean adictos a cualquier droga controlada.
Aquellos diagnosticados con problemas mentales y que han sido admitidos en una institución para personas con enfermedades mentales.
Un extranjero sin documentos que reside ilegalmente.
Alguien que haya sido despedido de las fuerzas armadas con deshonores.
Una persona que haya renunciado a la ciudadanía de los Estados Unidos.
Un individuo que tenga una orden de restricción por acoso, o amenaza a su pareja, o a los hijos de su pareja.
Personas acusadas de violencia doméstica.
Estas normas están explícitas en el título 18 de Código de los Estados Undios [(Section 922(g) en inglés].
De acuerdo a las leyes federales, sí se requiere la verificación de antecedentes penales y criminales para poder comprar armas de fuego. Así lo exige la ley Brady sobre prevención de violencia por armas de mano (Brady Handgun Violence Prevention Act of 1993, en inglés).
La verificación se hace a través del sistema nacional instántaneo de chequeo de antecedentes (National Instant Criminal Background Check System, NICS). El proceso se puede efectuar por teléfono o internet y ofrece una respuesta casi inmediata.
Pero, si una persona concreta una venta privada de un arma y no a través de un vendedor autorizado con licencia, la ley Brady no explica qué hacer en esos casos. Entonces, la necesidad del historial criminal no procede.
La información que arroja esta verificación está protegida y no se guarda. Debido a la ley de protección de dueños de armas (Firearm Owners’ Protection Act of 1986, FOPA). Esta es una ley federal que no permite al gobierno nacional o estatal a preservar la información personal que vincule a los dueños de armas con sus armas.
Aunque existen varias leyes federales que regulan la compra y posesión de armas en los Estados Unidos, los estados también tienen las suyas. Y la ley federal no las puede eliminar. Esto hace que el proceso de regulación sea menos uniforme.
Por ejemplo, solamente:
En el resto de los 45 estados es permitido.
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