Nueva política haría que obtener una Green Card sea "Cuestión de Peso"
Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 25 de noviembre de 2025
La semana pasada se envió un comunicado a oficiales consulares con una nueva directiva: los agentes de USCIS deberán considerar afecciones crónicas como la obesidad y la diabetes como motivos para denegar solicitudes de visado y tarjeta de residencia.
La nueva directiva del USCIS respecto a la obtención de visas en casos de personas con ciertas condiciones de salud es sin dudas controversial. Sus detractores advierten que la práctica es discriminatoria, mientras que el gobierno, por su parte, defiende su postura haciendo hincapié en la necesidad de intensificar el escrutinio con una investigación más estricta, un mayor énfasis en la detección de fraudes y esfuerzos continuos de modernización para mejorar la eficiencia.
Según esta política, padecer determinadas afecciones médicas —como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y otras enfermedades crónicas— puede considerarse una señal de que el solicitante podría convertirse en una “carga pública”.
Esta ampliación ordena a los funcionarios de visados que evalúen si los extranjeros, especialmente los que solicitan la residencia permanente (tarjeta de residencia), corren un mayor riesgo de convertirse en una carga financiera debido a su salud. Los solicitantes con diabetes mal controlada, obesidad grave o problemas médicos crónicos similares y que carecen de medios sustanciales (como ingresos elevados, seguro médico privado o un fuerte apoyo familiar en Estados Unidos) se enfrentan a una mayor probabilidad de denegación. La norma forma parte de una campaña más amplia de endurecimiento de la política de inmigración y está diseñada para limitar la entrada de personas que podrían suponer un coste sanitario significativo para el país.
El examen de salud
Toda persona que haya tenido que pasar por el proceso migratorio estadounidense sabe que los chequeos de salud no son una novedad. El Formulario I-693 denominado “Reporte de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación” (en inglés) ha sido mandatorio por años y continúa siéndolo. Sin embargo, con esta nueva directiva, se ha ampliado el listado de enfermedades que se consideran así como el poder de discreción de los oficiales de USCIS para deliberar si deberían o no hacer lugar a la solicitud de una persona.
Si bien esta orden ya está en vigencia respecto a la evaluación de las condiciones de salud, es muy probable que el escrutinio para solicitantes de visas y tarjetas verdes se amplíe aún más y no sólo englobe temas de salud: se está planteando una expansión a lo que el concepto de carga pública se refiere.
Qué significa ser considerado “carga pública”
Cuando una persona corre el riesgo de ser catalogada como “carga pública” se entiende que podría depender de la asistencia sanitaria o los servicios financiados por el Gobierno en caso de ser admitida en Estados Unidos. Esto ya se considera como un factor preponderante para la adjudicación de green cards y se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. (INA). La INA establece que un extranjero puede ser considerado inadmisible o inelegible para ciertos beneficios migratorios si existe probabilidad de que se convierta en una carga pública para el gobierno.
Según la ley de inmigración, estos son algunos de los beneficios que son tomados en cuenta para determinar si alguien es una carga pública:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
- Asistencia Temporal para Familias necesitadas (TANF)
- Programas estatales o locales equivalentes
La directiva vigente sobre consideraciones de carga pública (conocida como 2022 Final Rule), limita la evaluación a factores específicos. Se considera motivo de denegación de la green card o de visas, por ser carga pública, estar recibiendo programas que den dinero en efectivo o estar institucionalizado a largo plazo a expensas del gobierno.
Cómo cambiarían las reglas
El documento publicado en el registro federal (en inglés) por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la semana pasada propone derogar las normas de 2022 sobre la inadmisibilidad por carga pública. Considera que las normas de 2022 no son la mejor aplicación de la ley ya que “son incompatibles con la intención del Congreso, indebidamente restrictivas y obstaculizan la capacidad del DHS para determinar de forma precisa, exacta y fiable si determinados extranjeros pueden llegar a convertirse en una carga pública en cualquier momento”.
Con esta derogación, el DHS tendrá mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes para asegurarse de que los extranjeros en los Estados Unidos sean autosuficientes y las prestaciones gubernamentales no incentiven la inmigración.
Hay otros programas con beneficios que (en teoría y hoy por hoy) no son factores de denegación de visas y green cards como:
- El Programa de Cupones para Alimentos (SNAP)
- El Programa de Salud para Niños (CHIP)
- El programa WIC para mujeres, bebés y niños
- Medicaid
- Asistencia de vivienda
Si se aplica la nueva propuesta, estos podrían ser considerados factores de denegación.
El acceso a estos programas por parte de inmigrantes y la incidencia de su uso en el estatus migratorio ha sido motivo de debate por mucho tiempo. Incluso hace unos días se desnaturalizó o revocó la ciudadanía estadounidense a una mujer oriunda de Venezuela por haber cometido fraude contra Medicare (en inglés).
Quiénes serán los afectados directos
La nueva normativa afectará a solicitantes de
- Visas
- Entradas al país
- Ajustes de estatus
Si tú o tu sponsor están recibiendo beneficios del gobierno y estás tramitando una solicitud ante USCIS, te recomendamos consultar con un abogado de inmigración para evaluar esta situación.
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