Los juicios en tribunales federales por la represión migratoria del DHS y muertes en Minnesota

Por Joseph Fawbush, Esq. | Traducido por el Equipo de Abogado.com | Última actualización 29 de enero de 2026

No hace falta mencionar que han pasado muchas cosas en Minneapolis. Anteriormente escribimos sobre el caso de Renée Good, fallecida el 7 de enero. Poco más de dos semanas después, Alex Pretti también perdió la vida en la vía pública a manos de los agentes federales.

El uso de armas de fuego en contra de los manifestantes ha incrementado la controversia nacional con respecto a las medidas de control migratorio implementadas que se llevan a cabo en todo el país. Sin embargo, no son solo las protestas masivas las que se oponen a las tácticas rigurosas del gobierno federal. También están pendientes varias demandas relacionadas con la “Operación Metro Surge”, la polémica acción federal de aplicación de la ley que se desarrolla en Minnesota.

Aunque no existe un recuento exacto, se estima que se están tramitando al menos cientos de peticiones de habeas corpus para impugnar detenciones individuales, una cifra superior a todas las presentadas en 2025 (en inglés). Una petición de habeas corpus es una solicitud presentada ante un tribunal federal alegando que una persona está bajo custodia violando sus derechos constitucionales. Esto es relevante debido a una posible orden de desacato que se espera sea tratada en una audiencia el viernes 30 de enero. Hablaremos más de esto más adelante en el blog.

Primero, revisemos las investigaciones criminales en curso y examinemos varias demandas federales notables que desafían la legalidad general de la Operación Metro Surge.

Una aclaración rápida sobre responsabilidad penal y civil

Las mismas consideraciones sobre responsabilidad civil y penal para Jonathan Ross, quien disparó a Renee Good, se aplican a los agentes aún no identificados que dispararon a Pretti. Sin embargo, a diferencia del caso Good, políticos de ambos partidos han pedido una investigación clara por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, hasta ahora, el gobierno federal ha limitado la capacidad de los funcionarios de Minnesota para investigar.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha declarado que no abrirá una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good, y se informó al personal de carrera que la división tampoco investigará ninguno de los dos asesinatos. Poco después de la muerte de Good, varios fiscales federales en Minnesota renunciaron tras ser presionados por altos funcionarios del Departamento de Justicia para investigar a la viuda de Good en lugar de al agente de ICE que le disparó.

Actualmente, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE lidera la investigación federal sobre el tiroteo de Pretti, una elección inusual dado que se le pide a HSI que investigue a agentes de un componente diferente del DHS: la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Legisladores de ambos partidos han pedido mayor transparencia y cuestionan si ICE puede investigar el tiroteo de manera creíble, especialmente después de que altos funcionarios del DHS compararan públicamente a Good y Pretti con terroristas domésticos a pocas horas de cada muerte.

Desafiando la Operación Metro Surge

El lunes 26 de enero, el estado de Minnesota y el gobierno federal presentaron sus argumentos sobre la constitucionalidad de la acción federal, que se lleva a cabo a pesar de las repetidas peticiones para que ICE abandone el estado por parte de funcionarios locales, departamentos de policía de toda el área metropolitana, empresas locales y grandes corporaciones con sede en Minnesota.

Presentada en nombre del estado de Minnesota por el fiscal general Keith Ellison, la ciudad de Minneapolis y la ciudad de St. Paul contra la secretaria del DHS, Kristi Noem, y otros funcionarios federales, la demanda (en inglés) alega que la Operación Metro Surge viola la Primera y Décima Enmiendas de la Constitución de los EE. UU.

Minnesota sostiene que la administración Trump está violando el principio de soberanía igualitaria y la Ley de Procedimiento Administrativo. La Corte Suprema reconoció la soberanía igualitaria en el caso Shelby County v. Holder (en inglés), dictaminando que los estados son “iguales en poder, dignidad y autoridad”. Minnesota argumenta que el gobierno federal ha dado al estado un trato dispar frente a otros estados debido a que no votó por Trump. Los demandantes piden a un juez federal que detenga la Operación Metro Surge en Minnesota y cese el despliegue de los miles de agentes de inmigración federales actualmente en el estado.

Una petición sin precedentes en tiempos sin precedentes

La jueza de distrito federal de los EE. UU., Katherine Menendez, presidió la audiencia. El recurso solicitado es extraordinario: Minnesota pide a la jueza Menendez que emita una orden que pause el despliegue del DHS en el estado.

Recientemente, la administración Trump se comprometió a reducir el número de oficiales de ICE y CBP en el estado. Sin embargo, esta orden obligaría al gobierno federal a actuar y no dependería de las discusiones políticas en curso entre la Casa Blanca, el gobernador de Minnesota Tim Walz y el alcalde de Minneapolis Jacob Frey.

Minnesota argumentó que la petición es necesaria debido a la situación particular que ha provocado la muerte de dos manifestantes. El gobierno federal respondió que emitir tal orden obligaría a las autoridades federales a dejar de aplicar las leyes federales, lo cual calificó de “absurdo”.

En la audiencia, la jueza Menendez reconoció la necesidad de una resolución rápida, pero afirmó que se tomaría el tiempo necesario y que “estoy haciendo todo lo posible por hacerlo bien”.

Cabe notar que este es un caso separado de Tincher v. Noem (en inglés). En ese caso, seis demandantes alegaron haber sido objeto de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de ICE, y la jueza Menendez emitió posteriormente una orden de restricción temporal (TRO) que prohibía a los agentes federales tomar represalias contra manifestantes pacíficos o arrestar ilegalmente a personas involucradas en protestas pacíficas. El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito emitió una suspensión administrativa de esa orden (en inglés), pero el caso continúa.

Esta nueva orden sería mucho más amplia y exigiría que los agentes federales abandonen Minnesota. De emitirse, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito también podría emitir una suspensión temporal de la orden del tribunal de distrito. Sería un recurso notable, pero Minnesota sostiene que las acciones actuales impiden al estado aplicar sus propias leyes y responder a emergencias. Además, argumenta que las acciones del DHS violan el principio de no subordinación (anti-commandeering, en inglés) de la Décima Enmienda al obligar a un estado a promulgar o aplicar leyes federales.

Hussen v. Noem

También existe una demanda colectiva en un tribunal federal de Minnesota que impugna la Operación Metro Surge como inconstitucional. Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los demandantes alegan que Metro Surge es racialmente discriminatoria y buscan detener las prácticas de control del DHS.

Específicamente, la demanda alega que los oficiales del DHS están:

  • Deteniendo, sin sospecha razonable, a personas de color, particularmente a residentes somalíes y latinos.
  • Arrestando a residentes legales sin órdenes judiciales ni causa probable de que sean deportables.
  • Utilizando fuerza excesiva, como llaves de estrangulamiento, gas pimienta y tácticas vehiculares agresivas, contra personas que no representan una amenaza.

La demanda sostiene que estas acciones violan la Cuarta y Quinta Enmiendas, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y la Ley de Procedimiento Administrativo. Busca medidas cautelares y declaratorias para que el ICE y la CBP cesen estas prácticas, así como daños y perjuicios para algunos demandantes basados en reclamaciones individuales. El caso Hussen v. Noem (en inglés) se presentó el 15 de enero y aún se encuentra en sus etapas iniciales.

Posible desacato del director interino de ICE, Todd Lyons

En otro proceso legal federal independiente, el juez principal Patrick Schiltz exige que el director interino de ICE, Todd Lyons, comparezca ante el tribunal (en inglés) el viernes 30 de enero para justificar por qué no debería emitirse una orden de desacato por no cumplir con las órdenes judiciales que exigen la liberación de personas detenidas ilegalmente. “La paciencia del tribunal se ha agotado”, escribió Schiltz, designado por George W. Bush. El juez Schiltz había ordenado la liberación de un hombre detenido por el DHS el 15 de enero, pero al momento de escribir este artículo, el hombre sigue detenido.

El juez Schiltz también ha criticado al Departamento de Justicia por solicitar una orden de arresto contra el ex presentador de CNN, Don Lemon, y varios otros manifestantes. Tanto un juez magistrado como el juez Schiltz se negaron a encontrar causa probable, y un panel del Octavo Circuito se negó a intervenir.

Situación compleja

Por ahora, persiste una gran disputa legal y política sobre la Operación Metro Surge. Sin embargo, toda persona detenida por el ICE tiene derecho a presentar una petición de habeas corpus (en inglés) y tiene derecho al debido proceso. Numerosos bufetes de abogados, organizaciones pro bono y abogados están presentando estas peticiones en nombre de los detenidos. Puedes encontrar abogados de inmigración y derechos civiles en Abogado.com.

Traducción de su versión original en inglés The Federal Court Cases Over DHS Immigration Crackdown and Deaths in Minnesota

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