Gritos por festejo de los Knicks desatan falsa llamada al 911 y la muerte de un perro a manos de la policía: ¿Quién paga?

Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 26 de junio de 2026

Todos sabemos que la pasión por una victoria deportiva genera emoción desbordada en muchas personas. Sin embargo, la celebración de una vecina de Canoga Park, Los Ángeles, terminó en tragedia. Según se informó, la mujer estaba celebrando a los gritos la victoria de los Knicks, lo cual llevó a que su vecino llamara al 911 pensando que había algún problema.

Los agentes acudieron al edificio y, al contactar a la residente, observaron a un perro grande ladrando. Los oficiales sostienen que le pidieron que asegurara al animal y que la mujer cerró la puerta brevemente, pero al volver a abrirla el perro salió y, según la policía, se dirigió de forma amenazante hacia un agente, quien le disparó. Los dueños, por su parte, sostienen que “Jameson” no era peligroso en lo más mínimo.

La historia deja el triste resultado de Jameson, el canino de dos años, abatido. Además, plantea varios interrogantes legales sobre la responsabilidad por llamadas al 911, el uso excesivo de la fuerza policial y los derechos si la policía dispara a una mascota. Lo analizamos todo en este blog.

Cómo ve la ley estadounidense a los perros: propiedad, pero no “cualquier cosa”

En la mayoría de los estados, incluidos California y Nueva York, los perros son considerados legalmente como propiedad personal de su dueño, no como “personas” con derechos constitucionales propios. Eso significa que, a nivel constitucional federal, los casos de perros abatidos por policías se analizan como “seizure” o aprehensión de propiedad bajo la Cuarta Enmienda, no como uso de fuerza contra una persona.

Aun así, casi todas las cortes federales de circuito han reconocido que disparar y matar a un perro familiar sin una razón de peso puede constituir una incautación (“seizure”) irrazonable y, por tanto, una violación de la Cuarta Enmienda. La jurisprudencia (en inglés) subraya que matar a un perro no amenazante es una de las formas más graves de mala conducta policial en materia de propiedad, por la carga emocional que conlleva.

Cuando un agente de policía dispara a un perro, el análisis jurídico principal suele girar en torno a tres ejes:

  • Cuarta Enmienda: ¿Hubo una aprehensión “seizure” irrazonable de propiedad?
  • Acción civil federal (42 U.S.C § 1983, en inglés): ¿El agente violó derechos constitucionales claramente establecidos?
  • Responsabilidad de la ciudad o del departamento de policía: ¿Hubo políticas, entrenamiento o prácticas deficientes que contribuyeron al incidente?

El derecho vulnerado “de fondo” es constitucional: protección contra una incautación o “seizure” irrazonable de propiedad. La vía procesal para reclamar esa violación y pedir daños se considera un caso de derechos civiles.

Si un oficial razonable en la misma situación habría considerado necesario disparar para protegerse de una amenaza real del perro, la “aprehensión” puede considerarse razonable y no habría responsabilidad. Si el perro no representaba una amenaza seria y había alternativas no letales, el disparo puede ser inconstitucional. El abogado de derechos civiles que contrate la familia deberá demostrar esto… y parece ser un hecho que iniciarán acciones legales: al día de hoy la campaña de recaudación “Justicia para Jameson” (en inglés) lleva recaudado $245 939 cuando originalmente pedían solo $10 000.

¿Se puede demandar si la policía mata a mi perro y qué daños se pueden reclamar?

En este escenario, según la ley estadounidense, hay un tema de daños y perjuicios (daño a la propiedad, el perro) mezclado con derecho constitucional (posible violación a la Cuarta Enmienda). Por ello, el resarcimiento que la familia podría buscar incluiría:

  • Valor económico del perro (como propiedad): basado en raza, edad, entrenamiento y otros factores.
  • Gastos veterinarios previos a la muerte (si los hubiera).
  • Daños por sufrimiento emocional (aunque según el estado puede estar limitado).
  • Costos y honorarios de abogado en una acción federal por violación de derechos civiles.
  • Orden judicial que obligue al departamento de policía de Los Ángeles a cambiar políticas, entrenamiento o prácticas para su protocolo de uso de fuerza frente a perros.
  • Daños punitivos, es decir, un monto de “castigo” que podría concederse si se concluye que la conducta del agente fue claramente abusiva y peligrosa para la comunidad, manteniendo una proporción razonable con los daños compensatorios.

Respecto a este último ítem, y en el caso que estamos analizando, se debería demostrar que el agente disparó al perro pese a que este no demostró agresividad real. Tendrán que probar esto en contexto ambiguo de amenaza, con un perro grande que corrió hacia el agente en espacio reducido.

También influirá si el entrenamiento del LAPD (Los Angeles Police Department) avala el uso de fuerza letal. La misma alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, admitió que las directrices del LAPD que existen sobre el uso de fuerza ante perros no son suficientes y ordenó examinarlas y alinearlas con mejores prácticas nacionales sobre tácticas y capacitación relacionadas con el uso de fuerza letal.

¿Quién paga en la práctica? Posibles responsables

En un caso como este, podrían haber tres responsables:

1) El agente que disparó

Puede ser demandado individualmente bajo § 1983 por incautación irrazonable pero tiene el escudo de la inmunidad calificada: podría quedar exento de responsabilidad civil personal si su conducta no violó un derecho claramente establecido y fue objetivamente razonable según las circunstancias.

2) La ciudad y el departamento de policía (LAPD)

La ciudad de Los Ángeles puede ser demandada por fallas en políticas, entrenamiento o supervisión respecto al manejo de perros en operativos.

En el caso de Canoga Park, el hecho de que la alcaldesa Karen Bass haya ordenado revisar la política de uso de fuerza en encuentros con perros refuerza la idea de que hay un posible problema estructural, no solo individual.

3) El vecino que llamó al 911

La responsabilidad del vecino que realiza la llamada al 911 suele ser limitada si actuó de buena fe. 

Podría explorarse una responsabilidad civil del vecino solo en escenarios donde la llamada fue claramente maliciosa, falsa a sabiendas o hecha con intención de causar daño. Esto no parece ser el caso de análisis, siendo que el vecino se mostró arrepentido y dice creerse responsable por lo ocurrido. En la práctica, la mayoría de las acciones legales se concentran contra la policía y la ciudad, no contra el vecino.

La triste historia deja lecciones que pueden servirte a ti si te encuentras en una situación similar, tanto si eres el vecino que escucha gritos sospechosos como si la policía acude a tu casa por un reporte.

Si eres el vecino que llama al 911

Es importante aclarar que llamar al 911 es apropiado cuando se tiene una sospecha razonable de que una persona puede estar en peligro. No obstante, el caso de Canoga Park muestra que una llamada mal interpretada puede desencadenar consecuencias fatales para terceros.

Por ello, si estás en la situación del vecino que llama, recuerda tener en cuenta lo siguiente durante tu comunicación con la línea de emergencia:

  • Explica con precisión qué escuchas (gritos de qué tipo, si hay música, ruido de fiesta) y qué te hace pensar que puede ser violencia.
  • Responde con honestidad si el operador pregunta si has visto violencia física o armas, en vez de asumir.
  • No exageres ni adornes los hechos, ya que eso puede escalar la percepción de riesgo del despacho policial.

Si la policía acude a tu casa y eres dueño de un perro

A partir de casos como el de Jameson, se recomiendan algunas pautas prácticas para reducir riesgos y proteger derechos:

  • Sujetar o resguardar al perro antes de abrir la puerta cuando se sabe que hay presencia policial.
  • Informar a los agentes que hay un perro en casa y pedirles unos segundos para asegurarlo.
  • Grabar, si es legal en el estado, la interacción con la policía, y pedir los nombres y números de placa si ocurre un incidente.
  • En caso de disparo, llamar de inmediato a emergencias, documentar testigos, buscar cámaras de seguridad y contactar a un abogado dedicado a casos de responsabilidad policial.

Si bien estas medidas no garantizan que no ocurrirá una tragedia, sí minimizan las posibilidades de que la policía sea sorprendida por el animal y reaccione creyendo que es peligroso. También ayudan a crear un registro probatorio si, en efecto, la mascota es atacada por los agentes, y es necesario litigar a raíz de esto.

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