ICE ahora podría electrocutarte… ¿es esto legal?

Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Jonathan Calvopina, MBA | Última actualización 14 de agosto de 2026

Los agentes de ICE ahora podrán electrocutar a personas al tocarlas. No, no es una escena de X-Men o alguna otra película o cómic de Marvel. La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (más conocida como ICE o “la migra”) contará ahora con unos guantes que pueden liberar hasta 380 voltios de electricidad. Para tu referencia, un enchufe eléctrico estándar en EE. UU. es de 120 voltios. 

Los guantes se llaman G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter, o “Emisor Generado de Bajo Voltaje de Salida”) y son fabricados por la empresa Compliant Technologies, con sede en Lexington, Kentucky. 

¿Cómo funcionan y cuánto costarán?

El dispositivo usa polos positivos y negativos en la palma para provocar una respuesta sensorial en la piel al hacer contacto. Requiere contacto directo con la piel y no funciona a través de la ropa. El manual del fabricante indica que no se deben aplicar más de dos guantes a la vez sobre una persona, y que su uso no debería exceder los 15 segundos en la mayoría de los casos. El fabricante prohíbe su uso en niños, mujeres embarazadas, personas mayores o con discapacidad, y los oficiales deben completar un entrenamiento y recertificarse cada dos años. 

DHS planea gastar entre 10 y 20 millones de dólares en la compra de estos dispositivos, a través de un contrato sin licitación. Por ahora no se sabe cuántos guantes piensa comprar la agencia, ni el costo individual de cada uno. Se espera que sean entregados antes del 31 de marzo de 2027. 

¿Por qué está implementando esto ICE?

El DHS dijo en una declaración a la BBC que “ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros oficiales en el campo para garantizar que cuenten con las herramientas y el equipo necesarios para arrestar y remover de manera segura a extranjeros criminales que se encuentran ilegalmente en nuestro país”.

Tom Homan, el “zar fronterizo” de la Casa Blanca, defendió la medida argumentando que los guantes le darían a los oficiales otra opción de fuerza no letal, comparable al TASER o al gas pimienta. Añadió que tomaría tiempo antes de que los oficiales empiecen a usarlos, ya que la agencia aún está desarrollando los protocolos de entrenamiento.  

En palabras literales de Homan (en inglés): “Es otro dispositivo para ayudar a que alguien coopere cuando no lo hace.” 

Es imposible no comparar este tipo de arrestos con los que podrían hacerse en casos de delitos penales. Hemos dicho hasta el cansancio en nuestros blogs, videos y artículos que el derecho de inmigración es una rama del derecho civil, no penal. Eso significa que, en teoría, una persona indocumentada no ha cometido un delito por su sola presencia irregular en el país sino que es una infracción administrativa. Por eso, organizaciones de derechos civiles cuestionan que se autorice una herramienta de “dolor controlado” para castigar violaciones civiles, algo que normalmente se reserva para el ámbito penal o correccional (cárceles y prisiones, donde de hecho ya se usa este mismo guante y veremos demandas al respecto más adelante en esta publicación). 

El uso de la fuerza en detenciones (civiles o penales) se rige por el estándar constitucional de “fuerza razonable” (razonabilidad bajo la Cuarta Enmienda), que los tribunales evalúan caso por caso según la amenaza percibida, la resistencia de la persona y el contexto. 

Actualmente no existe un marco de supervisión claro sobre cómo, cuándo o contra quién se usarán estos guantes en operativos de campo abierto —a diferencia de las cárceles, donde su uso ocurre en entornos controlados. Eso es justamente lo que critican legisladores y grupos de derechos civiles: no es lo mismo aplicar esta tecnología a una persona ya bajo custodia en una celda, que a alguien en la calle durante un arresto de inmigración. 

El dispositivo ya ha tenido sus litigios. Una demanda pendiente (en inglés) alega que un hombre de 43 años en 2024 fue electrocutado con el guante casi 30 veces en una cárcel de Kentucky, falleciendo después de un paro cardíaco en un hospital cercano. 

Las repercusiones políticas incluyen declaraciones de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general Letitia James advirtiendo que emprenderán acciones legales contra el DHS si alguna persona en Nueva York resultara lesionada por los dispositivos. Otros representantes (demócratas) describieron la medida como “sádica”, y criticaron el gasto y peligro de dar a ICE aún más armas después de todo lo que ha pasado. Varios representantes republicanos, por su parte, lo han defendido como alternativa “no letal”. 

En resumen, el uso de estos guantes, a priori, no sería ilegal en sí mismo, pero las dudas sobre cómo se usará exactamente generan muchísima preocupación. Las denuncias por presuntos abusos en el uso de la fuerza por parte de oficiales de ICE, así como por su deficiente entrenamiento, abundan… y este nuevo método seguramente no será la excepción.

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