Tensión en California tras redadas de ICE: ¿hasta dónde puede escalar el conflicto?
Por Mairim Gomez | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 9 de junio de 2025
California y el gobierno federal protagonizan una confrontación sin precedentes tras redadas migratorias en distintas ciudades del estado. Las tensiones llegaron a otro nivel con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar tropas para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de varias protestas en calles de Los Ángeles por las detenciones de migrantes y deportaciones masivas.
El gobernador Gavin Newsom respondió a las autoridades federales presentando una demanda alegando violación de la soberanía de California. Pero, ¿qué hay detrás de esta situación? ¿Hasta dónde puede llegar la intervención militar? ¿Qué roles juegan el gobierno estatal y federal en este escenario?
Redadas, tropas y enfrentamientos de poder: ¿cómo empezó todo?
El punto de quiebre se produjo cuando agentes del ICE con rostros tapados llevaron a cabo detenciones y redadas en las afueras de cortes de inmigración y lugares de trabajo, acciones calificadas como “crueles” por parte de activistas y líderes comunitarios. La operación, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), buscaba “capturar a inmigrantes con órdenes finales de deportación o antecedentes criminales”.
Desde el viernes 6 de junio comenzaron manifestaciones frente a un centro de detención en el centro de la ciudad con personas portando pancartas y algunos ondeando banderas mexicanas. Los funcionarios locales, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, inicialmente respetaron la manifestación pacífica, pero las protestas se tornaron violentas durante el fin de semana y agentes del Departamento de Policía (LAPD) debieron intervenir.
Si bien la protesta pacífica está protegida por la Primera Enmienda, la violencia, alteración del orden público y faltas a la ley no lo están. Ante el uso de cocteles molotov y actos de vandalismo y robos (en inglés), las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma para intentar controlar a la multitud. Los enfrentamientos dejaron decenas de personas detenidas.
La respuesta del gobierno de Trump no se hizo esperar: “las cosas en Los Ángeles se ven muy mal: ¡Manden a las tropas!”, señaló el Presidente a través de su red social Truth Social. Se ordenó, entonces, el despliegue de dos mil miembros de la Guardia Nacional para contener a quienes calificó de “insurrectos”.
El lunes 9 de junio, se anunció un refuerzo de 700 infantes de marina (en inglés) para el área metropolitana de Los Ángeles, con el fin de “proporcionar un número adecuado de fuerzas para una cobertura continua del área”.
Al respecto, Trump dijo (sic): “si no hubiera ‘enviado tropas’ a Los Ángeles las últimas tres noches, esa ciudad, otrora hermosa y grandiosa, estaría ardiendo ahora mismo”. Por su parte, Newsom calificó el operativo como “una provocación federal sin precedentes”.
Bass (en inglés), aunque condenó la violencia, aseguró que esta se había producido solo en unas pocas calles del centro de Los Ángeles y el resto de la ciudad estaba en calma. Además, dijo que el caos que rodea las protestas fue creado por la Administración Trump.
¿Desde cuándo no veíamos esto?
Un despliegue federal de tropas sin autorización estatal no ocurría desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson desplegó a la Guardia Nacional para proteger a los defensores de los derechos civiles en Alabama.
En 1992, el presidente George H. W. Bush invocó la Ley de Insurrección para apoyar el restablecimiento del orden en Los Ángeles, en medio de una ola de disturbios por tensiones raciales. Esa vez el uso fue colaborativo; el gobernador de California, Pete Wilson, pidió ayuda al gobierno federal para controlar la situación.
La situación actual, sin embargo, tiene un matiz diferente: ahora se trata de un choque directo entre el gobierno estatal y la administración federal por razones migratorias.
¿Puede usarse la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente desplegar fuerzas militares dentro del país en situaciones excepcionales, como suprimir rebeliones armadas o disturbios civiles que impidan la aplicación de la ley.
Esta ley se puede activar cuando el gobierno estatal lo solicita o cuando el Presidente considera que la situación amenaza la seguridad nacional o el cumplimiento de las leyes federales.
El envío de tropas a California, a raíz de las protestas por las redadas, fue bajo el Título 10 del Código de EE. UU. (en inglés), sin invocar la Ley de Insurrección. Pero las tropas federales tienen prohibido usar la fuerza militar contra civiles en cumplimiento de la Ley Posse Comitatus de 1878 (en inglés).
Por el momento, la función de las tropas es la protección de personal y propiedad federal (en este caso, edificios federales y el ICE), sin facultades de agentes del orden (no pueden arrestar a civiles ni realizar redadas policiales). El presidente Donald Trump no ha invocado la Ley de Insurrección para permitirles ejercer la ley.
Sin embargo, el gobierno de California no está de acuerdo con la aplicación del Título 10 y están tomando medidas legales.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados”
El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que el Estado ha presentado su demanda número 24 (en inglés) contra el gobierno de Donald Trump. “No hay invasión, no hay rebelión. El Presidente está tratando de fabricar el caos y la crisis para sus propios fines políticos. La federalización de la Guardia Nacional de California es un abuso de la autoridad”, sentenció.
El gobernador no pidió la presencia de las tropas federales. “Sabe perfectamente cómo hacerlo cuando estas son necesarias”, agregó Bonta.
El fiscal ha dicho que la decisión de Trump y del secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, violó la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece los límites del poder federal.
El gobernador Newsom pidió a Hegseth en una carta (en inglés) que rescindiera el despliegue “ilegal” de tropas, señalando que desplegar la Guardia Nacional “constituye una grave violación de la soberanía estatal que parece diseñada intencionalmente para agravar la situación, a la vez que priva al estado de desplegar este personal y recursos donde realmente se requieren”.
La tensión entre Newsom y agentes federales ha escalado al punto de recibir advertencias de que podría ser arrestado (en inglés).
¿Y ahora qué sigue?
La Constitución otorga al gobierno federal la autoridad suprema sobre las leyes de inmigración. Así se reafirma en el fallo de la Corte Suprema en el caso Arizona v. United States, 2012(en inglés).
La Corte reconoce que los estados pueden colaborar con el gobierno federal, pero no pueden sustituir ni interferir con las políticas migratorias federales. También ha reconocido que los estados tienen derecho a proteger a sus residentes si no interfieren directamente con las leyes federales. ¿La condición de “estado santuario” de California contradice esto? ¿Puede un estado impedir la actuación del ICE?
En mayo de 2025, el DHS incluyó a Los Ángeles (en inglés) y otras ciudades en una lista de “jurisdicciones que obstruyen la ley”, argumentando que las políticas santuario “ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones (en inglés) reconoció en 2020 que la Ley de Valores de California (Values Act, SB 54) (en inglés) “hace el trabajo de ICE más difícil, pero California tiene derecho a abstenerse de colaborar”. No colaborar, según esto, no es lo mismo que obstruir.
El DHS reiteró que continuará con los operativos migratorios y el despliegue militar. Según Trump, la Guardia Nacional seguirá en el área de Los Ángeles “hasta que no haya peligro”.
Familiares y organizaciones activistas han señalado que las detenciones están “al borde de la legalidad” y que todos los individuos en Estados Unidos —independientemente de su estatus migratorio— tienen derechos civiles y constitucionales que no se estarían respetando en las redadas de inmigración. ¿Seguirán las protestas? ¿Constituyen estas manifestaciones una insurrección? Por ahora, la tensión entre California y la Casa Blanca parece estar lejos de resolverse.
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