La ley SAVE

Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Jonathan Calvopina, MBA | Última actualización 9 de julio de 2024

Esta semana se está debatiendo la aprobación de la ley SAVE. Este acrónimo puede ser confuso ya que se ha usado para diferentes temas. Estos incluyen “Safety From Violence for Healthcare Employees Act”, una ley para proteger a personal hospitalario de violencia, el “Plan SAVE” para eliminar interés de préstamos estudiantiles, la “Safety And Violence Education Act”, una ley para prevenir violencia en las escuelas o incluso el servicio SAVE del Servicio de Inmigración y Ciudadanía Estadounidense (USCIS), un servicio online de verificación de estatus migratorio. De ninguno de estos nos referimos en este post.

La ley SAVE a la que aludimos en este post es la “Safeguard American Voter Eligibility”, que podría ser traducida a “Resguardo de Elegibilidad de Votante Estadounidense”.

En qué consiste

Actualmente no se exige a los votantes estadounidenses prueba de ciudadanía. Al momento de votar, simplemente deben checar la casilla en la boleta que dice que son ciudadanos.

Ahora bien, si la nueva ley entra en vigor, los votantes tendrán que demostrar su derecho a votar mostrando prueba de su ciudadanía estadounidense, no bastará con una declaración de ella.

Como prueba, podría presentarse según esta ley los siguientes documentos (en inglés):

  • Pasaporte estadounidense válido
  • Documento con requisitos del REAL ID indicando ciudadanía
  • ID militar junto con registro de servicio mostrando que el lugar de nacimiento fue en EE. UU.
  • Tarjeta de identificación válida con foto emitida por el gobierno federal, estatal o tribal que muestre que el lugar de nacimiento fue en EE. UU.
  • Tarjeta de identificación válida con foto emitida por el gobierno federal, estatal o tribal en conjunto con certificado de nacimiento (ciertos requisitos aplican para el certificado), registro de nacimiento de hospital, decreto de adopción, reporte consular de nacimiento de ciudadano estadounidense en el exterior, certificado de naturalización o ciudadanía, o ID de aborigen estadounidense (American Indian Card) expedida por el Departamento de Seguridad Nacional con clasificación “KIC”

Según el texto de esta ley, cada estado deberá determinar si una persona que afirma ser ciudadano, pero no posee esta documentación, podrá votar presentando otras pruebas como evidencia al oficial estatal o local. Si dicho oficial determina que el votante ha demostrado prueba suficiente, deberá firmar una declaración jurada al respecto.

Su incidencia y argumentos de partidarios y opositores

Tener que presentar estos documentos conlleva distintas repercusiones.

Los defensores del proyecto de ley afirman que esto logrará mayor seguridad de que solo aquellos que son realmente ciudadanos puedan votar, impidiendo influencias extranjeras de quienes no tienen nacionalidad estadounidense y protegiendo el derecho al sufragio.

Sus detractores afirman que esto solo hará el proceso más complicado para poblaciones vulnerables como ancianos o personas de bajos recursos a las que les será más difícil lograr acceso a estos documentos por distintos motivos como los costos, requisitos, dificultades con trámites o incluso discriminación en el caso de comunidades de personas de color y transgénero.

Recordemos que las personas que no son ciudadanas no tienen derecho a votar en elecciones federales en Estados Unidos. Esto es una falta que puede ser causal de deportación.

Existen algunas municipalidades que permiten a sus residentes votar en elecciones locales aun si no tienen ciudadanía. Aun así, si usted no se ha nacionalizado estadounidense, nunca vote en ninguna elección sin antes consultar con un abogado de inmigración sobre si realmente tiene derecho a hacerlo.

La nueva ley, supondría mayores dificultades para que aquellos sin ciudadanía voten y chances de que la Secretaría de Seguridad Nacional inicie un proceso de deportación contra ellos si se descubre que no tenían derecho a votar y fueron removidos del panel electoral.

Estado actual del proyecto de ley

Esta semana se votará en el congreso, y de aprobarse, el proyecto pasará al senado.

El 8 de julio, la administración del presidente Biden emitió un comunicado (en inglés) anunciando que se opone a esta ley ya que “no hará nada para preservar las elecciones, sino que lo hará mucho más dificultoso para que todos los estadounidenses aptos se registren para votar e incrementará el riesgo de que votantes aptos sean eliminados de listas electorales”.

Por su parte, sus defensores (de mayoría republicana) insisten en que pedir prueba de ciudadanía para votar es “sentido común” y que esto ayudará a dejar a muchos votantes ilegales afuera, preservando la democracia y seguridad electoral.

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