Ciudadanía por nacimiento y naturalización en la mira de la administración Trump

Por Mairim Gomez | Revisado por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 30 de abril de 2025

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca restringir la ciudadanía por nacimiento. Según la orden, los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal que nazcan en suelo estadounidense no recibirán la nacionalidad.

Como respuesta, 22 estados iniciaron acciones legales en su contra. El procurador general de Washington, Nick Brown, impugnó la orden, afirmando que el Presidente actuó fuera de los límites de su autoridad legal y el juez de distrito de ese mismo estado, John C. Coughenour, emitió una medida temporal de restricción. La orden ejecutiva está actualmente suspendida mientras se resuelve este y otros desafíos legales introducidos inmediatamente después de firmada la orden ejecutiva por considerarla “inconstitucional”.

Y es que la ciudadanía por nacimiento es un derecho establecido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Allí se establece que quienes nazcan en territorio estadounidense (salvo los hijos de diplomáticos extranjeros y otros tipos de funcionarios de gobiernos extranjeros) serán automáticamente ciudadanos de los Estados Unidos.

¿Naturalizados también bajo la lupa?

No solo la ciudadanía por nacimiento está en la mira del presidente Donald Trump. La nueva administración ha anunciado que intensificará las investigaciones para revocar la ciudadanía de personas naturalizadas (en inglés) si cometieron fraude, mintieron o tergiversaron información durante su proceso de naturalización.

La orden ejecutiva “Protegiendo a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública” señala en la parte 2 (en inglés) que se deben “identificar todos los recursos que se pueden utilizar para garantizar que todos los extranjeros que buscan admisión a los Estados Unidos, o que ya se encuentran en los Estados Unidos, sean examinados en el mayor grado posible”.

Los Estados Unidos, dice la orden, deben asegurarse de que los extranjeros admitidos y ya presentes en el país “no tengan actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales, y no aboguen, ayuden o apoyen a terroristas extranjeros designados y otras amenazas a nuestra seguridad nacional”.

Además, se debe “determinar la información necesaria de cualquier país para adjudicar cualquier visa, admisión u otro beneficio bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para uno de sus nacionales, y determinar si la persona que solicita el beneficio es quien afirma ser y que no es una amenaza para la seguridad pública”.

También se evaluará la “idoneidad de los programas diseñados para asegurar la adecuada asimilación de los inmigrantes legales a los Estados Unidos” y se recomendará cualquier medida adicional para “promover una identidad estadounidense unificada”.

La desnaturalización está contemplada en las leyes estadounidenses y el proceso debe llevarse a cabo en un tribunal federal. Quienes resulten desnaturalizados pueden ser deportados. 

Las principales razones para una desnaturalización son:

  • Falsificación u ocultamiento de hechos relevantes durante el proceso de naturalización.
  • Negativa a testificar ante el Congreso.
  • Actividad criminal como terrorismo, traición o pertenencia a organizaciones criminales.
  • Baja deshonrosa de las fuerzas armadas.

El proceso de desnaturalización comienza con una denuncia formal. El acusado tiene 60 días para presentar una respuesta a la denuncia. Contratar a un abogado de inmigración es clave en estos casos.

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