Anulado "parole in place" para cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses: ¿qué significa y qué opciones quedan?

Por Mairim Gomez | Revisado por Joseph Fawbush, Esq. | Última actualización 14 de noviembre de 2024

Tras una demanda y posterior fallo de un juez federal, el programa de parole in place (PIP) “Manteniendo a las Familias Unidas”, que abría el camino para una eventual regularización a ciertos cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses, fue anulado.

El programa se lanzó el 10 de agosto, pero fue suspendido el 26 de agosto pasado. Ahora ha sido bloqueado permanentemente. Esta decisión ha generado incertidumbre y preocupación entre las familias afectadas, especialmente en la comunidad hispana. ¿Qué implica esta anulación? ¿Qué pasa con quienes ya aplicaron al programa? ¿Qué otras opciones legales quedan para quienes buscaban regularizar su situación?

¿Qué es el “parole in place” y por qué se anuló?

El PIP “Manteniendo a las Familias Unidas” es un programa anunciado por el presidente Joe Biden que permitía a cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses, que cumplieran con los requisitos, regularizar su estatus migratorio sin necesidad de salir del país.

El anuncio fue gratamente recibido por aquellos que de otra forma enfrentarían la llamada “Ley del Castigo”, que establece que las personas deben irse del país por hasta diez años para, desde sus países de origen, esperar que se les permita regresar a EE. UU.

El fallo del juez J. Campbell Barker (en inglés) señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene la autoridad para otorgar este beneficio bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Afirma que el Congreso tenía que otorgar al poder ejecutivo la autoridad para implementar el programa.

La demanda, presentada por el estado de Texas (en inglés) y a la que sumaron otros 15 estados, argumentaba que el programa promovía la inmigración ilegal y excedía los poderes ejecutivos. Además, afirmaba la coalición de estados, les costaría millones de dólares en recursos.

Desde el 26 de agosto, fecha en que el Tribunal de EE. UU. para el Distrito del Este de Texas emitió una suspensión administrativa, el USCIS no otorgó ninguna petición de permiso de permanencia temporal pendiente bajo “Manteniendo a las Familias Unidas”, aunque siguió aceptando el Formulario I-131F y programando citas de datos biométricos. A partir del fallo del 7 de noviembre, el programa queda anulado permanentemente.

¿Qué pasará con quienes ya aplicaron al “parole in place”?

Como el fallo declara la ilegalidad del programa, las solicitudes que están aún en proceso quedarían sin efecto. Esto significa que quienes hayan aplicado y estén esperando una respuesta deben consultar su caso con un abogado de inmigración para entender su situación específica.

En cuanto a las personas que ya habían recibido un “parole in place”, señala la página de USCIS que “la orden no afecta a las peticiones aprobadas antes de que el tribunal de distrito emitiera la suspensión administrativa a las 6:46 p.m. hora del este del 26 de agosto de 2024”.

Quienes planeaban aplicar, ahora deberán considerar otras alternativas migratorias, ya que el programa ha sido suspendido de forma permanente y no se reanudaría a menos de que ocurra una apelación y se dé un fallo a favor.

¿Qué es la “Ley del Castigo”?

La llamada Ley del Castigo es una norma que afecta a las personas que han acumulado presencia ilegal en Estados Unidos y luego intentan regularizar su estatus. La sanción de esta ley depende del tiempo de permanencia ilegal:

  • 3 años de prohibición de reingreso para quienes hayan estado de manera ilegal por más de 180 días, pero menos de un año.
  • 10 años de prohibición de reingreso para quienes han estado de forma ilegal por más de un año.

Sin embargo, existen ciertas exenciones que permiten a algunos familiares de ciudadanos o residentes pedir un perdón antes de salir para su entrevista en un consulado en el extranjero.

Alternativas tras la anulación

Para las familias afectadas, existen algunas alternativas que pueden evaluar con la ayuda de un abogado de inmigración:

  1. Exenciones de inadmisibilidad (waivers): existen ciertas exenciones (Formularios I-192, I-601, I-601A, I-212) que pueden permitir una regularización de estatus. Este proceso, sin embargo, puede requerir la salida del país y el cumplimiento de períodos de espera.
  2. Exención provisional por presencia ilegal: esta exención permite solicitar un perdón del período de castigo antes de salir de EE. UU. para la entrevista consular, reduciendo el tiempo que deben pasar fuera del país. Para la exención provisional por presencia ilegal (Formulario I-601A) se deben cumplir con requisitos muy estrictos, entre ellos demostrar que la denegación de su admisión a Estados Unidos causará dificultades extremas a su cónyuge.
  3. Ajuste de estatus a través de una petición de familiar inmediato: si el familiar está indocumentado y se encuentra en el país de forma no autorizada, este proceso podría requerir que la persona salga del país para continuar con su trámite por la vía consular. Es importante considerar que este proceso puede ser largo y conlleva el riesgo de no poder regresar inmediatamente.

Los cónyuges e hijastros que hayan entrado de forma legal al país, aunque su estatus haya expirado, aún podrían calificar para un “ajuste de estatus” sin tener que abandonar el país, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.

Para más información sobre las exenciones disponibles, puedes visitar las páginas de USCIS, DHS y consultar con un abogado de inmigración que pueda ofrecer orientación sobre cuál es la mejor opción según el caso.

El futuro de las políticas migratorias: ¿Apelará el Departamento de Justicia?

La anulación del “parole in place” pone en evidencia lo tenso y cambiante de la política migratoria en Estados Unidos. Tras la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero, se esperan nuevos cambios. Si estás en medio de un proceso migratorio o estás por iniciarlo, es fundamental mantenerte informado, buscar asesoría legal y considerar todas las opciones disponibles.

Organizaciones de apoyo a migrantes han considerado el fallo del juez federal controversial. Aunque el Departamento de Justicia (DOJ) podría apelar la decisión, este proceso podría ser largo y complicado. Por ahora, la decisión del juez está en vigor y el DHS y USCIS deben acatarla.

Sin duda, es un momento difícil para quienes contaban con el beneficio del PIP para regularizarse. No obstante, existen recursos y opciones legales que pueden explorar con el apoyo de un abogado experimentado en la ley de inmigración.

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