Calles "ICY" - Medida cautelar prohibiendo detenciones por hablar español y encontrarse en ciertos lugares llega a la Corte Suprema
Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Vaidehi Mehta, Esq. | Última actualización 18 de agosto de 2025
“ICY road ahead” dicen Waze y Google Maps en muchas carreteras soleadas, reportando lo que ya sabemos no son “condiciones heladas” sino la presencia de agentes de ICE.
Las paradas de ICE en carreteras, aceras o en lugares de trabajo han sido cuestionadas por muchos como “racistas”, sin existir por parte de los agentes del ICE sospechas razonables para detener vehículos y personas más que perfiles raciales o étnicos, residir o estar en ciertas áreas, tener una ocupación altamente asociada con trabajo migrante (como jardinería o construcción) o hablar español o inglés con acento.
Ice arresta, según su postura, ejerciendo el control migratorio en virtud de de las leyes migratorias, con sus agentes especiales trabajando en pos del órden público y la seguridad pública. Inmigrantes, abogados de inmigración y asociaciones en defensa de sus derechos, cuestionan la legalidad de estos arrestos.
Este caso constituye un ejemplo emblemático. El litigio (en inglés) que aborda las paradas basadas en estos criterios escala ahora a la Corte Suprema.
A continuación, repasamos la demanda desde su inicio hasta donde está hoy.
Primera instancia – Inmigrantes y asociaciones demandan al gobierno federal
Individuos y organizaciones presentan una demanda contra el gobierno federal en virtud de arrestos, incluyendo a:
- Pedro Vasquez Perdomo, Carlos Alexander Osorto, e Isaac Villegas Molina, residentes de Pasadena arrestados en una parada de autobús y llevados a un centro de detención.
- Jorge Hernandez Viramonte de Baldwin Park, arrestado en su lugar de trabajo (un lavadero de autos) a pesar de afirmar ser ciudadano estadounidense.
- Jason Brian Gavidia de la zona este de Los Ángeles, también detenido y cuestionado en su lugar de trabajo (centro de remolque) a pesar de explicar que era ciudadano americano.
- Organizaciones de trabajadores, inmigrantes y estadounidenses dedicadas a defender individuos de injusticias raciales, laborales, y otras incluyendo a Los Ángeles Worker Center Network (“LAWCN”), United Farm Workers (“UFW”), Plaintiff Coalition for Humane Immigrant Rights (“CHIRLA”) e Immigrant Defenders Law Center (“ImmDef”), junto a sus respectivos representantes legales.
Además, los demandantes pidieron con una medida cautelar que el cese de estas detenciones, que calificaron de ilegales, tomara efecto inmediato.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong del distrito Central de California analizó las distintas cuestiones del caso. A algunas las calificó de simples y sin controversia en el litigio:
- ¿Tienen todos los individuos sin perjuicio de su estatus migratorio derechos garantizados por las Enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución? Sí.
- ¿Es ilegal hacer detenciones basadas solo en raza, interrogarles agresivamente y detenerles sin orden, su consentimiento o sospecha razonable de que no tienen estatus legal? Sí.
- ¿Es ilegal impedir que los detenidos tengan acceso a abogados? Sí.
- ¿Puede el gobierno federal realizar operaciones de gran escala en Los Ángeles? Sí.
Para decidir si la medida cautelar debería otorgarse, la jueza se hizo el siguiente interrogante:
¿Los individuos y organizaciones que demandaron tienen chances de éxito para probar que el gobierno federal está realizando detenciones sin sospecha razonable y negando acceso a abogados?
Su decisión del 11 de julio fue que los demandantes (individuos y asociaciones defensoras de inmigrantes y trabajadores) sí habían presentado evidencia suficiente de que las detenciones habían ocurrido sin sospecha razonable, e hizo lugar a su pedido de que el gobierno federal suspenda estas detenciones.
La medida cautelar fue otorgada, permitiendo que la prohibición de hacer detenciones en base a los factores enunciados en la medida cautelar continúe, aun mientras el litigio continúa en instancias superiores (es decir, mientras el gobierno apela el caso).
Un tema central: la medida cautelar prohíbe que el gobierno base la sospecha razonable solo en cuatro factores, solos o en combinación:
1. Raza o etnia aparente
2. Hablar español o inglés con acento
3. Encontrarse en determinado lugar (por ejemplo, paradas de autobúses, lavaderos de autos, centros de remolque, lugares de trabajos jornaleros, de agricultura, etc.)
4. La ocupación de la persona
Segunda instancia – El gobierno apela al 9no Circuito de Apelaciones y piden que se suspenda la prohibición cautelar durante la apelación
Los apelantes (gobierno federal) basaron su petición de suspender la medida cautelar en estos argumentos:
- Los demandantes originales no podrían demostrar suficiente probabilidad de que sufrirían un daño futuro que ameritara que se otorgue el remedio cautelar.
- Tampoco podían mostrar una amenaza real e inmediata.
- Llamaron a la orden de restricción vaga, inconsistente con la Cuarta Enmienda y excediendo lo necesario para otorgar un “remedio completo” a los demandantes.
La Corte de Apelaciones denegó el pedido del gobierno en prácticamente todo. Solo estuvo de acuerdo en que una de las provisiones de la medida cautelar era “vaga” al usar la expresión “conforme lo permitido por la ley”. La victoria en esta instancia fue indudablemente para los demandantes originales.
Petición a la Corte Suprema
Kristi Noem, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los demás demandados apelan ahora a la Corte Suprema Estadounidense.
En su apelación, explican que el Distrito Central es el que más personas tiene… y el que más inmigrantes con estatus ilegal tiene también. Con más de 2 millones de inmigrantes ilegales en un distrito de 20 millones de personas, según alega el gobierno.
Esta medida cautelar (injunction en inglés) no permite al gobierno realizar sus operativos y además constituye, en palabras de los apelantes, un intento de usurpación de funciones de ejecución de las leyes de inmigración por parte del poder judicial. Además, una sola jueza de distrito está “micro gestionando la aplicación de la ley” a expensas de las prioridades del poder ejecutivo y la separación de poderes.
El gobierno federal argumentó que cuando las paradas de inmigración involucran la breve detención de un extranjero deben hacerse de acuerdo al requisito de sospecha razonable de la Cuarta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, dijo, esta sospecha razonable tiene estándares bajos, y cita un fallo de la Corte Suprema de 1989, United States contra Sokolow (en inglés), en el que se considera que causa razonable para una detención implica una “justa probabilidad”, de menos del 50% de seguridad según el fallo citado.
De esta forma, el gobierno en su apelación sostuvo que la justa probabilidad estaba dada por las circunstancias del Distrito Central de California:
- Amplia presencia ilegal: Con una de cada diez personas estimadas como indocumentadas,;
- Muchos lugares emplean a estas personas en ciertos labores (cita específicamente trabajos jornaleros, jardineros y constructores);
- La gran mayoría de los inmigrantes ilegales vienen de México y América Central;
- Muchos indocumentados hablan solo español.
Aclara, luego, que no considera que hablar español en sí sea el único factor a considerar para detener a alguien, pero que la situación y estos factores, solos o no, sí aumentan las chances de que la persona detenida esté en el país ilegalmente.
En su conclusión, el gobierno federal pide que la Corte suspenda la orden de Corte de Distrito que prohibe que se realicen paradas investigativas basadas en los cuatro factores enumerados de sospecha razonable.
A esta presentación ante la Corte Suprema del gobierno del 7 de agosto, le siguieron los siguientes movimientos relevantes de expediente:
1. La contestación de los demandantes originales (en inglés), es decir, los individuos que sufrieron detenciones y asociaciones de trabajadores e inmigrantes. Sus argumentos incluyen:
- Que la Constitución de Estados Unidos no aplica de forma diferente en el Distrito Central (hablar otro idioma y pertenecer a ciertas etnias no debería considerarse sospecha razonable, porque alrededor de la mitad de este distrito habla una segunda lengua, alrededor de la mitad son latinos y casi un tercio nacieron fuera de EE. UU.).
- La orden de restricción temporal es clara y entendible.
- Si se resumen las detenciones, causarán daño irreparable.
2. La contestación del gobierno (en inglés), por su parte, se centra en los siguientes argumentos:
- La teoría de los inmigrantes es “impermisiblemente especulativa”: Los inmigrantes no han probado que corren gran riesgo de ser detenidos por los agentes federales y por las razones específicas que protege la medida cautelar.
- La medida cautelar contradice fallos de la Corte Suprema sobre la Cuarta Enmienda: Los demandantes no disputaron el “bajo estándar” de sospecha razonable usado por la Corte en casos similares, y el mismo criterio debería aplicarse aquí.
- Extensión de la “injunction”: La medida cautelar cubre a millones de personas que no son parte en la demanda y esto no debería permitirse según lo dispuesto en el caso CASA respecto a la prohibición de las medidas cautelares “universales”.
- La medida cautelar causa un daño irreparable al gobierno.
Al momento de publicación de este blog post, el caso se encuentra en lo que es llamado el “emergency docket” (en inglés) de la Corte Suprema, que en español podría ser traducido a legajo o lista de casos de emergencia. Considerando que este tipo de resoluciones no suelen emitirse con una opinión completa y son por su naturaleza y como su título obviamente indica “de emergencia”, se espera que la Corte se pronuncie sobre el caso en cualquier momento.
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