Las deportaciones de venezolanos y la Ley de Enemigos Extranjeros
Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Joseph Fawbush, Esq. | Última actualización 30 de abril de 2025
Las imágenes abundan en todos los sitios de noticias: hombres de blanco, encadenados, con la cabeza gacha, rapada y rodeados de policías con garrotes en sus manos y máscaras cubriéndoles los rostros, siendo llevados a una prisión salvadoreña.
La controversia detrás de todo esto abunda aun más: las personas llevadas a El Salvador son venezolanos, están en su mayoría acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua con pruebas inciertas, la ley invocada como fundamento para esto es de 1798 y había una orden judicial de restricción temporal de deportaciones fundadas en esta ley, que posiblemente no se respetó.
Los hechos
El sábado, la administración de Trump emitió un comunicado de acción presidencial denominado “Invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros respecto a la invasión de Tren de Aragua a los Estados Unidos” (en inglés). Mediante este, anunció que todos los venezolanos miembros del Tren de Aragua (abreviado TdA) mayores de 14 años que no tuvieran tarjeta verde o hubieran sido naturalizados, serían detenidos y deportados. Ese mismo día, presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua fueron enviados en avión a El Salvador y Honduras.
El juez principal del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, James E. Boasberg, emitió una orden de bloqueo temporal de las deportaciones y, como dos de los aviones ya estaban en espacio aéreo internacional, verbalmente ordenó que estos regresaran a EE. UU. Los aviones nunca regresaron.
Esto desató indignación por el presunto desacato del gobierno federal al cual la secretaría de prensa de la Casa Blanca respondió que no fue que se negaran a cumplir, sino que la orden no tenía base legal, los aviones ya habían salido. Añadió, además, que EE. UU. pagó a El Salvador 6 millones de dólares para detener a 261 hombres que fueron deportados a ese país.
El presidente salvadoreño por su parte, respondió a la orden de suspensión de las deportaciones con el comentario “Oopsie, demasiado tarde”.
Ante lo ocurrido, Boasberg ordenó el lunes al gobierno federal que proporcionara detalles respecto a las deportaciones en vista de que esto contradijo totalmente su orden de suspensión temporaria de estas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El martes, el Departamento de Justicia insistió en que el juez no tenía competencia para ordenar que los dos aviones que salieron primero dieran la vuelta cuando ya estaban en espacio aéreo internacional y cuando su orden había sido oral, no escrita. Respecto al tercer avión que salió después de que el juez emitiera la orden escrita, todos los individuos a bordo tenían órdenes de remoción finales con base en el Título 8 y, por lo tanto, habían obedecido la orden de no deportar en función de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros
La Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 permite al presidente de Estados Unidos encarcelar o deportar a inmigrantes de naciones hostiles en tiempos de guerra.
Debido a que la última vez que se había invocado esta ley para su uso fue en la Segunda Guerra Mundial, post ataque de Japón en Pearl Harbor, los críticos sostienen que las condiciones no son en lo absoluto comparables como para justificar la invocación de esta ley.
Además, los parámetros para determinar si una persona es lo suficientemente sospechosa como para ser deportada de forma expedita no están para nada claros, y esto genera preocupación respecto a la falta de cumplimiento del debido proceso.
Los inmigrantes deportados bajo la Ley de Enemigos extranjeros no tienen acceso a un juez que analice su caso. Muchos abogados de inmigración defensores de las personas deportadas alegan que las pruebas de que sus clientes pertenecían al Tren de Aragua son tan vagas como el simple hecho de tener tatuajes.
Lo que sigue
El Departamento de justicia argumentó que revelar información confidencial implica un riesgo para la seguridad nacional y las relaciones internacionales, negándose a brindar ciertas respuestas que Boasberg había pedido. En vista de esto, Boasberg hizo otra petición de explicaciones, pero de manera sellada y confidencial, para el día jueves.
Trump, por su parte, pidió la remoción del juez que ordenó la detención de la deportación (aunque sin dar su nombre explícitamente) llamándolo un “lunático radical de izquierda”. La remoción de un juez no es algo sin precedentes, pero siempre ha estado asociada a malas conductas, no simplemente por fallar en contra de los deseos del presidente. Para lograr esto, Trump y su administración deberán demostrar que el juez ha cometido un delito y seguir el proceso de remoción (en inglés) según lo dictado por la Constitución de los Estados Unidos.
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