EE.UU. da estatus legal a las familias separadas durante el gobierno de Trump

Por T. Evan Eosten Fisher, Esq. | Traducido por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 31 de octubre de 2023

En un acuerdo anunciado recientemente, Estados Unidos concederá un estatus legal a los niños de familias migrantes que fueron separados en la frontera por las autoridades de inmigración bajo las administraciones de Trump y Biden.

El acuerdo es el resultado de una demanda presentada en 2018 por grupos de defensa, incluida la ACLU (Unión de Libertades Civiles Estadounidenses), y se aplicará a casi 4.000 niños separados de sus familias como parte de una política de tolerancia cero hacia el cruce no autorizado de la frontera entre 2017 y 2022. El acuerdo está respaldado por el Departamento de Seguridad Nacional, pero aún está pendiente de la aprobación final del juez que preside la demanda.

El estatus ofrecido por el acuerdo es sólo un estatus legal temporal, que no equivale a una “tarjeta verde” o a la residencia legal permanente y no proporciona, por sí mismo, ningún camino hacia la ciudadanía estadounidense. Los inmigrantes en cuestión podrán solicitar permisos de trabajo y hasta tres años de residencia legal en Estados Unidos.

Estados Unidos está obligado por tratado a conceder asilo a cualquier migrante que pueda demostrar que posee un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Además, el acuerdo exige a las autoridades estadounidenses que sigan trabajando para reunir a las familias separadas en virtud de la política de tolerancia cero y pretende prohibir temporalmente la nueva aplicación de cualquier política que conduzca a separaciones generalizadas.

El acuerdo también tiene en cuenta algunas de las necesidades básicas de los migrantes afectados, al incluir ayudas para la vivienda durante un máximo de un año y atención sanitaria básica, pero Estados Unidos no llegó a proporcionar ninguna compensación económica directa a las familias afectadas.

¿Una victoria para los derechos de los inmigrantes?

A primera vista, este acuerdo podría parecer un paso adelante para la causa de los defensores de los derechos de los inmigrantes y, de hecho, la ACLU reivindica el acuerdo como una victoria. Después de todo, la política de separación familiar de la era Trump (que continuó después de que Trump dejara el cargo) parece haber sido repudiada. La administración actual, por el momento, ha concedido la posición de que la separación generalizada de familias sin determinaciones individualizadas de mérito es impropia. Los migrantes afectados pueden al menos respirar más tranquilos sabiendo que su expulsión del país ya no parece inminente.

Por otro lado, el alivio real es algo escaso, y la ayuda no monetaria ofrecida a estas familias puede parecer mínima si se compara con el trauma duradero que supone separar a los niños de sus padres durante varios años.

Por ejemplo, una familia migrante detenida y separada en 2017 podría haberse visto obligada a soportar hasta seis años separada, solo para ser compensada con un año de ayuda para vivienda y tres años de residencia legal y posible autorización de trabajo.

Peor aún, una familia que llegó en 2017 con una solicitud de asilo justificada debería haber tenido, según la ley, hasta un año desde su entrada en Estados Unidos para presentar esa solicitud. Los asilados a los que se les concede el asilo pueden solicitar la residencia permanente legal (una “tarjeta verde”) después de un año, por lo que algunas de las familias que se beneficiarían del acuerdo seguirán viendo retrasado su proceso para obtener la residencia permanente durante varios años.

Un futuro incierto para los migrantes en la frontera estadounidense

A la luz de la campaña presidencial de 2024, el acuerdo es, en el mejor de los casos, un avance incierto. Los candidatos se jactan de planes que exigen restricciones más severas en los cruces fronterizos (en inglés) y políticas de inmigración duras. Cualquier nuevo plan que provoque separaciones familiares generalizadas podría ser aprobado en virtud de una excepción por motivos de seguridad nacional.

La realidad de la política de fronteras es que sigue dependiendo en gran medida de la actual administración presidencial, ya que en los últimos veinte años no se ha producido ninguna acción significativa del Congreso para cambiar la ley de inmigración. Los mayores cambios para los inmigrantes y los abogados de inmigración en los últimos años han sido el resultado de políticas no legislativas como el programa DACA de Obama y la política de Permanecer en México de Trump.

Como resultado, los inmigrantes y aquellos que se preocupan apasionadamente por la política de inmigración (independientemente de sus tendencias políticas) estarán muy atentos a ver quién reclama la Casa Blanca en 2024.

Si tienes preguntas respecto a si calificarías para estos beneficios, te recomendamos consultar con un abogado de inmigración para buscar la mejor solución según tu situación específica.

Artículo original en Findlaw.com

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