Arrestan al alcalde de Newark en centro de ICE
Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 22 de mayo de 2025
El pasado viernes, Ras Baraka —alcalde de Newark y actual candidato a gobernador de Nueva Jersey— fue arrestado en el centro de detención de inmigración Delaney Hall, ubicado en su propia ciudad.
Las autoridades federales lo acusan del delito de “trespassing”, que en el derecho estadounidense se refiere a ingresar o permanecer en una propiedad privada sin autorización.
¿Cuándo se considera ilegal una entrada a propiedad privada?
El delito de intrusión o entrada ilícita (trespassing) ocurre cuando una persona ingresa o permanece en una propiedad privada sin el consentimiento del propietario. En Estados Unidos, este acto puede ser sancionado tanto por la vía penal como civil, dependiendo de las circunstancias y del estado donde ocurra.
Ser funcionario público —como un alcalde o un policía— no otorga automáticamente el derecho a ingresar a propiedad privada. Para hacerlo legalmente, se requiere una orden judicial válida, o una situación de emergencia que justifique la entrada sin permiso (por ejemplo, para proteger vidas o prevenir un daño grave).
El caso del nuevo centro de detención en Newark
La mayoría de los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos son operados por empresas privadas como GEO Group y CoreCivic. Esta práctica ha sido duramente criticada por activistas y defensores de los derechos humanos, quienes denuncian que estas instalaciones funcionan como negocios altamente lucrativos a costa del sufrimiento de los inmigrantes.
En febrero de 2025, ICE anunció un contrato de mil millones de dólares con GEO Group para operar un nuevo centro de detención en Newark, con una duración de 15 años. El GEO Group, por su parte, aseguró a sus inversores que el centro sería un importante generador de ingresos (en inglés).
El centro abrió sus puertas el 1 de mayo de este año. El alcalde Baraka había presentado una demanda para bloquear su funcionamiento, argumentando que el edificio —de dos pisos y mil camas— no cumplía con los requisitos de construcción ni con las normativas locales.
Entonces, ¿fue ilegal la entrada de Baraka?
Si se comprueba que Baraka dijo la verdad y efectivamente lo dejaron entrar, entonces la entrada habría sido legal. Ahora bien, las palabras del alcalde fueron “Alguien me dejó entrar. No salté una cerca. No tumbé ninguna puerta”. Esta declaración sugiere que su ingreso fue permitido por un miembro del personal del centro. Sin embargo, no se ha identificado públicamente quién fue esa persona, ni si tenía autoridad para autorizar su entrada. La falta de claridad sobre este punto es central para determinar si hubo o no una violación legal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Baraka y otros manifestantes entraron por la fuerza, aprovechando la llegada de un autobús con detenidos.
Un video difundido por la prensa muestra a un oficial de DHS diciéndole a Baraka que no podía ingresar por no ser miembro del Congreso. Tras ese intercambio, Baraka se retiró hacia el otro lado de la reja, donde se encontraban los manifestantes. Fue allí, ya fuera del recinto, donde fue arrestado.
La clave para determinar la legalidad de la entrada dependerá de si puede comprobar que Baraka fue efectivamente invitado a entrar y la persona que lo autorizó tenía la facultad legal para hacerlo.
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