Noticias de inmigración: ajustes de estatus solo en casos extraordinarios, más acciones por fraude en asilo y escrutinio de actividades bancarias de inmigrantes

Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 28 de mayo de 2026

Las últimas dos semanas han traído una ola de medidas que impactan directamente sobre la comunidad inmigrante. Abogado.com las resume y explica en este post.

Ajuste de estatus como excepción

La primera concierne al anuncio de USCIS sobre el ajuste de estatus. De forma resumida, el ajuste de estatus se explica como el proceso por el cual una persona que ya está físicamente dentro de Estados Unidos pide convertirse en residente permanente (obtener la Green Card) sin tener que salir del país para hacer el trámite en un consulado. 

Si cumple los requisitos de elegibilidad y no tiene impedimentos (inadmisibilidad sin perdón, ciertas entradas ilegales, antecedentes, etc.), y le aprueban el caso, USCIS le otorga la residencia permanente desde dentro de EE. UU.

El memorándum (en inglés) recuerda a los oficiales que otorgar ajuste de estatus, o sea, residencias permanentes sin salir del país, es una excepción. La norma debería ser que los inmigrantes esperaran la resolución de su caso en su país de origen. Literalmente, el memo afirma que el ajuste de estatus es “una cuestión de discreción y gracia administrativa”.

En el contexto jurídico de inmigración, esto se entiende de la siguiente forma:

  • “Discreción” implica que el gobierno decide caso por caso, no es un derecho automático.
  • “Gracia administrativa” implica que es un beneficio excepcional que la autoridad concede de manera benevolente, no algo a lo que la persona pueda exigir acceso solo por cumplir requisitos básicos.

Aquellos que estén en un proceso de ajuste de estatus podrían beneficiarse de consultar con un abogado de inmigración inmediatamente para entender cómo la nueva medida impactaría en su caso específico. 

En forma general y práctica, se prevé que esto disminuya la cantidad de solicitudes de ajustes de estatus aprobadas y los solicitantes deban regresar a sus países de origen por tiempo indefinido hasta que su residencia sea aprobada por vía consular, si es que es aprobada. El inmigrante tiene la carga probatoria, es decir, deberá demostrar por qué el beneficio migratorio debería serle otorgado, el perjuicio que esperar fuera del país podría ocasionar y reforzar sus antecedentes positivos, tales como, trabajo, familia, impuestos, arraigo, saludo o impacto humanitario, para demostrar que otorgar el ajuste es lo mejor, no solo para el inmigrante y su familia, sino para Estados Unidos.

Si deniegan la solicitud, los oficiales de USCIS deberán explicar las razones por escrito y por qué dichos motivos tuvieron más peso que los positivos.

Aplicación enérgica contra fraudes en peticiones de asilo

Por otro lado, medios de comunicación informaron que el 26 de mayo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un memo firmado por el General Counsel de DHS James Percival. En este, ordena a los abogados de ICE en la Office of the Principal Legal Advisor desarrollar “políticas contra el fraude” diseñadas para una aplicación “robusta” (“robust enforcement”) de las leyes federales antifraude ya existentes.

Además, informaron que el memo especifica que esos esfuerzos deben incluir acciones contra abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas.

Es importante hacer una aclaración clave al respecto: una petición de asilo denegada no implica de por sí que se asuma fraude. Las peticiones de asilo pueden ser denegadas por muchas razones. El fraude es una de ellas, pero también pueden denegarse porque el daño no se enmarca en la definición de persecución, las condiciones del país de origen han cambiado, la petición se presentó más de un año después de la entrada al país y otras.

El fraude es causa de inadmisibilidad para obtener beneficios migratorios según la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El Manual de Políticas del USCIS menciona específicamente que para que exista fraude migratorio deben estar presentes todos estos elementos:

  • El extranjero obtuvo, o intentó obtener, un beneficio bajo las leyes de inmigración de Estados Unidos.
  • El extranjero hizo una representación (declaración) falsa.
  • La representación falsa se hizo de manera deliberada (intencional).
  • La representación falsa era material (relevante para la decisión sobre el beneficio).
  • La representación falsa se hizo a un funcionario del gobierno de Estados Unidos, generalmente un oficial de inmigración o un funcionario consular.
  • La representación falsa se hizo con la intención de engañar a un funcionario del gobierno de Estados Unidos autorizado para decidir sobre la solicitud (generalmente un oficial de inmigración o un funcionario consular).
  • El funcionario del gobierno de Estados Unidos creyó la representación falsa y actuó basándose en ella al otorgar el beneficio.

Reiteramos, el DHS no ha emitido una nueva normativa, sino que pidió en el comunicado una aplicación más activa de los mecanismos contra el fraude migratorio ya existentes.

El gobierno ordena a bancos identificar ciertas actividades bancarias como sospechosas

La semana pasada, la administración Trump emitió una orden ejecutiva llamada “Restaurando integridad al sistema financiero estadounidense” (en inglés). 

Según la orden, en 60 días, el Secretario del Tesoro deberá emitir un “aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la explotación del sistema financiero de Estados Unidos por parte de poblaciones sin autorización de trabajo y sus empleadores”. 

Las actividades que se consideran sospechosas incluyen:

  1. Empleadores que no retienen ni pagan impuestos de nómina de forma sistemática a trabajadores sin permiso de trabajo.
  2. Uso de documentos de identidad extranjeros, cuentas a nombre de terceros y empresas fantasma para ocultar al dueño real del dinero y disfrazar pagos de nómina.
  3. Pagar “por fuera” usando negocios de envío de dinero no registrados, procesadores de pago o apps de pago entre personas (tipo Zelle, Venmo, Cash App, Paypal, Apple Pay o Google Pay) para esquivar reportes y/o impuestos.
  4. Retiros o depósitos en efectivo pequeños y repetidos, alineados con los ciclos de pago, hechos fuera de sistemas normales de nómina (estructuración).
  5. Movimientos de dinero que parecen vinculados a trata laboral o trabajo forzado, mezclando ese dinero con ingresos “legales” o enviándolo al extranjero.
  6. Uso de ITIN para abrir cuentas u obtener crédito cuando no hay estatus legal verificado, viéndolo como factor de riesgo si puede estar ligado al empleo de personas sin autorización.

La orden busca “combatir los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por actividades financieras ilícitas transfronterizas”, y para el sistema financiero por “otorgar créditos o servicios financieros a la población inadmisible y sujeta a expulsión”. 

Recordemos que el ITIN o Número de Identificación Personal del Contribuyente es un número para identificar a las personas que deben hacer una declaración de impuestos y no tienen, o no se les permite tener, un número de seguro social (Social Security Number, SSN, por sus siglas en inglés). 

En la práctica, la orden plantea posibles consecuencias: más monitoreo (por posibles lavados de dinero o evasión de impuestos) y/o más rechazos de servicios para aquellos que solo cuenten con ITINs no asociados con visas de trabajo o números de Seguridad Social. La orden acepta que el ITIN es legítimo para temas fiscales, pero lo trata como señal de riesgo cuando se usa para abrir cuentas o pedir crédito sin que haya estatus migratorio verificado y, además, hay indicios de empleo no autorizado. 

Está por verse qué acciones específicas tomarán las instituciones financieras, pero en este contexto, podrían exigir más pruebas, marcar al cliente como de alto riesgo, negarse a abrir cuentas o cerrar cuentas existentes.

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