El Primer Circuito de Apelaciones respalda la suspensión de la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento
Por Catherine Hodder, Esq. | Adaptado por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 30 de abril de 2025
En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Al día siguiente, dieciocho estados presentaron una demanda para bloquear la orden. El 13 de febrero de 2025, un tribunal de distrito de Estados Unidos en Massachusetts emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional para impedir que la orden se implementara.
Después de esta orden judicial, el gobierno apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos para que levantara la medida cautelar. En la petición de suspensión en espera de la apelación, el gobierno no solicitó pronunciarse sobre el fondo del caso, sino rechazar la orden judicial debido a la falta de legitimación del demandante y al alcance excesivo de la orden judicial. En pocas palabras, la cuestión era si la OE (orden ejecutiva) podía entrar en vigor mientras el litigio estaba en curso.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito denegó la petición del gobierno de suspender la apelación pendiente, impidiendo temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva de Trump. En respuesta, la administración Trump ha apelado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento?
En virtud de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda, toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana de Estados Unidos. Después de la Guerra Civil, el Congreso ratificó la 14ª Enmienda para otorgar la ciudadanía a las personas anteriormente esclavizadas nacidas en EE. UU. Antes de esto, en el caso Dred Scott contra Sandford, las personas esclavizadas de ascendencia africana no eran consideradas ciudadanos estadounidenses.
¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump?
La orden ejecutiva de Trump, titulada «Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», establece que la ciudadanía solo puede concederse a los hijos de uno o más progenitores que posean la ciudadanía estadounidense o la condición de residente permanente legal (por ejemplo, una “tarjeta verde”). Esta medida busca restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento a aquellos que no cumplen con estos criterios (en inglés).
¿Qué alegan los Estados?
Los estados afirman que están legitimados para impugnar la orden ejecutiva de Trump porque sufrirían un perjuicio directo si se aplicara. Los estados administran fondos federales para la educación, la sanidad y la Seguridad Social, y la orden les haría perder financiación federal. También alegan que la orden viola la Cláusula de Ciudadanía de la 14a Enmienda y el 8 U.S.C. § 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que define al ciudadano de los Estados Unidos como aquel que ha nacido en el país. Sostienen que la orden altera prácticas arraigadas y niega la ciudadanía estadounidense a personas que no solo han nacido en su jurisdicción, sino que también se trasladan a su estado.
¿Qué alegó el gobierno federal?
El gobierno federal sostiene que los estados carecen de legitimación para impugnar la orden porque sus alegaciones de perjuicio son especulativas, lo que significa que aún no se han producido. Además, la Cláusula de Ciudadanía y el 8 U.S.C. § 1401 protegen a los individuos, no a los estados. El gobierno federal también argumenta que la orden judicial es demasiado amplia, causa un daño irreparable a la política de inmigración e impide que la Administración Trump ejecute sus funciones.
Lo que sostuvo el Primer Circuito
Para obtener la suspensión de una orden judicial preliminar, una parte debe demostrar los siguientes tres factores:
- Probabilidad de éxito en los méritos: Es probable que la parte tenga éxito en los méritos de la apelación.
- Daño irreparable: Se producirá un daño irreparable si no se concede la suspensión a la parte.
- Perjuicio sustancial a otras partes: La suspensión no perjudicará sustancialmente a las demás partes implicadas en el procedimiento.
El Primer Circuito determinó que el gobierno no había demostrado suficientemente que los estados carecían de legitimación. El panel unánime sostuvo que los gobiernos estatales incurrirían en un daño irreparable si la medida cautelar a nivel nacional no se mantenía. Además, el Primer Circuito no se convenció de los argumentos que defendían la legalidad de la orden ejecutiva. El tribunal denegó la suspensión del Gobierno y dijo en la sentencia:
“…debemos considerar cómo los intereses del público en general se ven afectados por la “aplicación prematura” de la determinación en la Orden Ejecutiva con respecto a quién tiene derecho a ser reconocido como ciudadano estadounidense. Los riesgos de que esta determinación pueda considerarse errónea más adelante son elevados, dado que el gobierno no nos argumenta que la Orden Ejecutiva probablemente cumpla con la ley federal constitucional o estatutaria”.
Esta es la tercera vez que un tribunal federal de apelaciones se niega a levantar la medida cautelar. Como resultado, la orden ejecutiva de Trump tiene prohibida temporalmente su aplicación mientras dure la apelación.
El Tribunal Supremo podría retomar la cuestión de la medida cautelar a escala nacional
El jueves 13 de marzo, la administración Trump pidió al Tribunal Supremo que limitara la medida cautelar de ámbito nacional actualmente en vigor. Por ahora, no se decidirá el fondo del caso, es decir, si la orden ejecutiva viola la Constitución. En su lugar, el Tribunal Supremo determinará si la medida cautelar a nivel nacional emitida por los tribunales inferiores es válida. Si se considera inválida, la medida podría aplicarse inmediatamente. Si se considera válida, el caso podría ser revisado nuevamente por el Tribunal Supremo en cuanto al fondo. El Tribunal Supremo también podría optar por no abordar la cuestión en este momento.
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Adaptado al español de su versión original: First Circuit Denies Stay on Trump’s Birthright Citizenship Order
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