EE. UU. va contra los carteles, pero ¿puede atacarlos en territorio extranjero o internacional?

Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Joseph Fawbush, Esq. | Última actualización 7 de septiembre de 2025

Al interrogante de si EE. UU. podría atacar en territorio extranjero o internacional, claramente le corresponde una respuesta afirmativa. Los ataques a los centros nucleares de Irán y a un bote con presuntos miembros de una pandilla venezolana (en junio y septiembre de este año respectivamente) son muestras claras. Aunque como poder, puede, las preguntas aquí son, ¿es legal? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué consecuencias?

Como afirmamos en nuestro blog al respecto, la Constitución Estadounidense afirma que solo el Congreso puede declarar la guerra, en teoría. Lo ha hecho 11 veces, la última durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los presidentes han recurrido a resoluciones como la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) para justificar acciones militares. Históricamente, ha habido casos donde los presidentes han actuado sin una declaración formal de guerra, como en Corea y Vietnam, y más recientemente en Siria e Irán.

La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 limita el tiempo que las fuerzas pueden estar en combate sin la aprobación del Congreso, pero permite respuestas a ataques y emergencias.

¿Cómo funciona la ley en “aguas internacionales”?: Un pantallazo de derecho marítimo

La gran distinción que es menester en el caso del bote presuntamente tripulado por miembros de Tren de Aragua, es que según afirma EE. UU., el ataque fue en aguas internacionales, no en territorio (o mar) venezolano.

Repasando geografía básica, quizás recuerdes de algún mapa ver en las zonas que corresponden a agua, una parte en un azul más claro cerca de los países. Esto es conocido como el mar territorial de cada país, una parte del mar que se considera perteneciente al país, no aguas internacionales.

Se pueden definir zonas marítimas con distancias estándar, como las 12 millas náuticas del mar territorial o las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva. El mar territorial es una franja de mar adyacente a la costa de un estado, hasta 12 millas náuticas (unos 22.2 kilómetros).

La “Zona Económica Exclusiva” se extiende hasta 200 millas náuticas y otorga al estado soberanía sobre los recursos naturales en el agua, el lecho marino y el subsuelo.

Las aguas internacionales son las que van más allá de las zonas económicas exclusivas.

En derecho internacional existe una Convención clave que es la CONVEMAR, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (también se la llama Convención de Montego Bay porque se firmó allí). La gran mayoría de los países del mundo la han firmado, pero hay un pequeño detalle: EE. UU. no lo hizo.

Aun así, EE. UU. afirmó que actuaría conforme a esta aunque no sea parte. Y la Convención manda a evitar el uso de la fuerza, con más razón la letal.

El aspecto de derechos humanos

Además, el ataque contra el presunto barco pandillero violaría Convenciones de Derechos Humanos, empezando por la más básica (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el derecho más básico: el derecho a la vida. 

Una aclaración: es discutible si el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos es la Convención de DD. HH. más básica. Muchos pensarán también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Pero, de nuevo, EE. UU. tampoco firmó esta. Es más, tampoco firmó la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, o la Convención de Derechos del Niño o la Convención de Derechos de Personas con Discapacidades.

Si te estás preguntando si EE. UU. firmó pocos tratados internacionales sobre Derechos Humanos comparado con otros países latinos o europeos, estás en lo correcto. Los “por qué” de esto son temas de debate que ameritan otro blog (o blogs) enteros.

Volviendo al tema de este blog, y por todo lo expuesto, la legalidad del ataque es extremadamente cuestionable en muchos aspectos: no pareció ser una respuesta a un ataque inminente, la ofensiva que se usó fue directamente letal, y EE. UU. no dio a los presuntos pandilleros la posibilidad de defensa en juicio, matándolos directamente sin un debido proceso. 

EE. UU. defiende la legalidad del ataque

El presidente Trump invocó en respaldo del ataque los poderes que le confiere la Constitución en su Artículo II. El presidente, como jefe de las fuerzas armadas del país, afirmó actuar en defensa propia (en inglés), dando órdenes a milicias estadounidenses de eliminar la embarcación para proteger a estadounidenses y combatir a organizaciones terroristas, ante la inhabilidad o falta de cooperación de otros países.

Recordemos que Tren de Aragua fue declarada por Trump como organización terrorista (en inglés). El presidente Trump, en su comunicado al Congreso, asegura que los miembros de la embarcación tenían “afiliación con una pandilla involucrada en actividades de tráfico de drogas ilícitas”.

¿Será sancionado EE. UU. internacionalmente por esta acción?

Las posibilidades de que haya algún tipo de condena o sanción internacional a EE. UU. en pos de este ataque son pocas. No sólo EE. UU. tiene poca adhesión a los tratados internacionales, sino que además, las leyes internacionales son difíciles de ejecutar.

Sin ir más lejos, este mismo año EE. UU. tomó represalias contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional CPI (en inglés) que condujeron investigaciones contra líderes de Israel por crímenes en la guerra en Gaza y contra personal estadounidense en Afganistan.

Estas sanciones congelaron todos los activos que los funcionarios de la CPI tenían en Estados Unidos y les prohibieron entrar en el país. También se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos o proporcionarles fondos o servicios.

Tanto Israel como Estados Unidos argumentaron que la CPI no tenía autoridad sobre sus ciudadanos, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma (el tratado que creó la CPI).

La administración Trump insiste en que está defendiendo la soberanía nacional y apoyando a aliados como Israel.

Muchos otros países, claramente, no coinciden: La ONU llamó a las sanciones impuestas por EE. UU. “intensificación implacable” de las represalias de Estados Unidos contra el personal de la CPI y “un ataque al Estado de derecho”.

Francia, por su parte, emitió un comunicado en el que instaba a Estados Unidos a retirar las sanciones, haciendo hincapié en la importancia de defender la independencia de instituciones internacionales como la CPI, y la propia CPI calificó las medidas de “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.

Regresando al tema de nuestro blog, y en un bizarro giro en esta historia, Venezuela no está criticando la legalidad del ataque a sus nacionales en aguas internacionales, sino directamente negando que el ataque pasó y afirmando que el video que compartió Trump fue hecho con inteligencia artificial. 

El panorama actual muestra que las tensiones se incrementan y la operación anti narco de EE. UU. en el caribe, así como los cuestionamientos sobre su legalidad por parte de la comunidad internacional, parece lejos de terminar.

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