¿Puede el Presidente de EE. UU. atacar otro país sin la aprobación del Congreso?

Por Kit Yona, M.A. | Traducido por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 27 de junio de 2025

Se supone que un presidente estadounidense no puede iniciar una guerra sin autorización del Congreso. Pero en las últimas décadas, la línea que delimita las acciones militares se ha ido disipando en materia de lo que puede emprender un presidente sin obtener antes la aprobación del Congreso.

Los hechos ocurridos en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro ponen esto en primer plano.

Entonces surge la pregunta: ¿puede el Presidente de los Estados Unidos iniciar un conflicto militar sin la aprobación del Congreso? Y, como comandante en jefe del ejército estadounidense, ¿cuánto control tiene?

Como es de esperar, las respuestas no son sencillas.

Un presidente no es un rey

Los Padres Fundadores diseñaron el sistema de gobierno con la firme intención de evitar que una sola persona tuviera el poder absoluto para llevar a la nueva nación a una guerra. Aunque el cargo de presidente fue concebido pensando en la figura de George Washington, los redactores de la Constitución tuvieron en cuenta que quienes le siguieran podrían carecer de sus virtudes y humildad.

Por ello, la Constitución otorgó al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra, un principio considerado por mucho tiempo como un derecho constitucional bien establecido. Esta práctica se mantuvo hasta alrededor de la década de 1950.

Sigue siendo un hecho indiscutible que solo el Congreso posee la autoridad constitucional para declarar la guerra. Es importante recordar que a lo largo de la historia, ha ejercido esta facultad en 11 ocasiones, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial.

Es comprensible que estés dudando cuando se afirma que la Segunda Guerra Mundial fue “la última guerra declarada oficialmente”, especialmente si se toman en cuenta los conflictos en Corea, Vietnam, Afganistán, Irak u otros que en la práctica se vivieron como guerras. Aunque el Congreso solo ha emitido 11 declaraciones formales de guerra, también ha autorizado más de 100 intervenciones militares mediante resoluciones.

Aquí es donde la cosa se complica y un par de ejemplos pueden ayudar a ilustrarlo.

En 1950, el presidente Harry Truman eludió al Congreso acudiendo directamente a las Naciones Unidas -que entonces tenían cinco años de existencia- para autorizar una acción militar en Corea del Norte. La ONU autorizó la acción militar, y Truman utilizó tropas estadounidenses para llevar a cabo la “acción policial”.

En 1990, el presidente George H.W. Bush creyó necesaria una respuesta militar después de que Irak invadiera Kuwait. Bush mantuvo que tenía derecho a desplegar tropas a pesar de todo y que lo habría hecho incluso si ello hubiera provocado su destitución. Bush consideraba vital para los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos proteger a Kuwait. El Congreso terminó declarando una resolución conjunta que autorizaba el despliegue de tropas,

En última instancia, una resolución del Congreso no resolvió del todo la cuestión, y en su lugar, dejó una zona gris legal sobre cuándo y cómo el presidente puede ordenar el despliegue de tropas sin una declaración de guerra.

Ningún presidente de Estados Unidos ha emitido jamás una declaración formal por cuenta propia. La Constitución otorga esa facultad al Congreso y hasta la fecha, todos los conflictos oficialmente declarados como guerras han requerido su aprobación.

Acción del Congreso y poderes en tiempo de guerra

Como comandante de las fuerzas armadas estadounidenses, el presidente toma todas las decisiones militares definitivas en tiempos de guerra, incluyendo:

  • Desplegar tropas
  • Invadir países hostiles
  • Enviar espías a territorio enemigo
  • Utilizar armas nucleares

A lo largo de la historia de EE. UU., el Congreso también ha ampliado y retirado los poderes del presidente en tiempos de guerra:

En 1941, la Primera Ley de Poderes de Guerra otorgó al presidente Franklin D. Roosevelt el control temporal de muchos poderes del Congreso para mejorar la eficacia del esfuerzo bélico. Estas fueron derogadas tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 (conocida como la Ley de Poderes de Guerra) fue en dirección opuesta: limitar lo que el presidente puede hacer con las fuerzas militares si carece de la aprobación del Congreso. Las fuerzas estadounidenses enviadas a combate están limitadas a 90 días sin una resolución del Congreso, 30 de los cuales deben emplearse en su retirada.

Aunque la Ley de Poderes de Guerra limita los enfrentamientos prolongados, también otorga al presidente la autoridad para “responder a ataques y otras emergencias.” Este fue el derecho que el presidente Trump reclamó en 2017 después de ordenar ataques con misiles contra una base militar en Siria sin la aprobación explícita del Congreso.

En 2001, el Congreso amplió el margen de maniobra del Poder Ejecutivo mediante la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF). Esta resolución conjunta otorgó al presidente George W. Bush la facultad de emplear la fuerza contra cualquier nación, organización o individuo que él considerara responsable de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La AUMF también fue utilizada como fundamento legal por el presidente Barack Obama en 2014 para lanzar operaciones militares contra el grupo Estado Islámico (ISIS), a pesar de que este grupo no existía en 2001.

¿Qué significa esto para Irán, Groenlandia y el Canal de Panamá?

A principios de este año, la administración Trump centró su atención en Groenlandia y el Canal de Panamá como posibles objetivos estatrégicos, considerando incluso el uso de la fuerza militar para asegurar su control. Sin embargo, los recientes acontecimientos en Irán han devuelto el foco a la posibilidad de una acción militar que reaviva el debate sobre los límites del poder que tiene el presidente en materia de defensa y política más allá del territorio estadounidense.

Irán

El 21 de junio de 2025, el ejército estadounidense lanzó ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares en Irán. La acción fue ordenada por el presidente Trump sin la aprobación del Congreso, que no ha emitido una declaración de guerra formal. Aunque Irán no había atacado directamente ningún objetivo estadounidense, la administración Trump justificó la ofensiva alegando que el programa nuclear iraní representaba una amenaza inminente para la seguridad nacional y regional.

La administración podría tratar de enmarcar cualquier ataque de represalia por parte de Irán como una justificación para proceder sin la aprobación del Congreso bajo la Ley de Poderes de Guerra, al menos por un tiempo limitado.

El Congreso podría aprobar legislación que limitara los poderes de guerra del presidente, pero necesitaría reunir el apoyo suficiente para anular un veto casi seguro de Trump. Los representantes Ro Khanna y Thomas Massie presentaron una resolución de este tipo en la Cámara el 17 de junio.

Groenlandia

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Aunque ha estado bajo soberanía danesa desde 1814, fue en 1953 cuando se integró formalmente como parte del Estado danés, al convertirse en un amt (condado). En 1979, Groenlandia obtuvo el régimen de autogobierno.

Estados Unidos mantiene desde hace tiempo una relación amistosa con Groenlandia. Estableció bases militares durante la Segunda Guerra Mundial y aún mantiene la base espacial de Pituffik, antes conocida como base aérea de Thule, libre de alquiler. En 1946, Estados Unidos hizo una oferta a Dinamarca para comprar Groenlandia por 100 millones de dólares, pero la oferta no fue aceptada.

Dinamarca, como miembro de la OTAN y aliado cercado de Estados Unidos, mantiene una relación estratégica basada en la cooperación y el respeto mutuo. Por ello resulta difícil -si no imposible- justificar cualquier afirmación que sugiera la legitimidad de un ataque estadounidense contra Groenlandia.

Aunque el Congreso tiene la autoridad constitucional para declarar la guerra en cualquier momento y por cualquier motivo, hacerlo contra un aliado histórico por razones meramente económicas no solo carecería de fundamento legal, sino que también sería como mínimo, impopular tanto a nivel nacional como internacional.

El Canal de Panamá

Iniciado originalmente por intereses franceses, el Canal de Panamá conecta el Océano Pacífico con el Mar Caribe y el Océano Atlántico. El canal, con una longitud de aproximadamente 51 millas (82 kilómetros), comenzó a operar en 1914. Desde entonces, ha sido ampliado para permitir el paso de barcos más grandes.

Estados Unidos se hizo cargo de la construcción en 1904 y mantuvo el control del canal hasta 1979, cuando firmó los Tratados Torrijos-Carter que establecieron la administración conjunta con Panamá. Finalmente, el control total del canal pasó a manos del gobierno panameño el 31 de diciembre de 1999.

¿Esto es guerra?

A pesar de las firmes declaraciones del presidente Trump, quien ha sostenido que Estados Unidos estaría justificado para atacar objetivos en múltiple países, la Constitución impone límites claros al poder ejecutivo, especialmente cuando se trata de poner en peligro a las tropas estadounidenses.

No obstante, la segunda administración Trump se ha caracterizado por una estrategia de acción inmediata, dejando el debate legal para después.

Según la Constitución, solo el Congreso tiene la autoridad para declarar la guerra. Sin embargo, en la práctica, autorizaciones como la AUMF y otras medidas provisionales han sido utilizadas por sucesivos presidentes estadounidenses para justificar intervenciones militares sin una declaración formal de guerra.

Aún está por verse cómo reaccionará el resto del mundo si Estados Unidos decide atacar a un país miembro de las Naciones Unidas sin el respaldo del Congreso ni del Consejo de Seguridad.

Hasta el 23 de junio, Irán no ha emitido una declaración formal de guerra, pero ya ha comenzado a tomar represalias contra bases estadounidenses, lo que no hace más que elevar la tensión y plantear interrogantes sobre la escalada del conflicto.

Adaptación de su versión original en inglés: Can the President Attack Another Country Without Congressional Approval?

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