24 estados demandan al gobierno federal por cancelar programas educativos de verano y actividades extracurriculares

Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 17 de julio de 2025

Actualización 18 de julio: El día de la fecha, el gobierno comunicó que otorgaría los fondos para estos programas a todos los estados pero que dichos fondos tendrían un nuevo requisito de certificar el cumplimiento con leyes federales de derecho civil.

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Actualmente existen alrededor de 1.4 millones de estudiantes que dependen de fondos federales para asistir a clases de verano y actividades después de la escuela. Principalmente, estos fondos dan acceso a estos programas a estudiantes de familias con bajos recursos, sin posibilidades de pagar por estas actividades sin la ayuda de subsidios. 

Los estados contaban con que los fondos fueran otorgados el primero de este mes. Sin embargo, el día anterior, la administración federal envió un comunicado informando que retendría los fondos para hacer una “revisión para asegurarse de que los fondos de quienes pagan impuestos sean utilizados de acuerdo con las prioridades del presidente”. El monto que actualmente se encuentra bajo revisión es de 6800 millones de dólares.

Qué programas se ven afectados

Los estudiantes de cursos de verano y de los después de clases (afterschool activities) no son los únicos afectados. Otras iniciativas como los programas de inglés como segundo idioma, capacitaciones para maestros y apoyo para los hijos de trabajadores agrícolas migrantes también se ven directamente afectados. Cabe añadir también que los docentes que dictaban estos programas perderían estos trabajos, y las familias tendrían que conseguir quien cuide de los niños durante estas horas, lo que podría significar posibles costos adicionales de cuidado infantil.

Específicamente, estos son los programas y fondos que están bajo revisión (en inglés):

  • Título I-C para la educación de inmigrantes (375 millones de dólares)
  • Título II-A para el desarrollo profesional (2200 millones de dólares)
  • Título III-A para los servicios de aprendizaje del inglés (890 millones de dólares)
  • Título IV-A para el enriquecimiento académico (1300 millones de dólares)
  • Título IV-B para los programas extraescolares (1400 millones de dólares)

 La demanda de los estados

En respuesta al correo electrónico anunciando el congelamiento de los fondos para estos programas educativos, 24 estados interpusieron una demanda en Rhode Island (en inglés).  Los estados demandantes son California, Colorado, Massachusetts, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Vermont, Washington y Wisconsin.

La demanda está dirigida contra la OMB (Oficina de Presupuesto y Gestión), el ED (Departamento de Educación) y sus respectivos directores, Linda McMahon (Secretaria de Educación) y el presidente Donald Trump. 

En esta, califican la decisión de congelamiento de fondos de “contraria a la ley, arbitraria, caprichosa e inconstitucional”. 

Específicamente, la demanda establece que la decisión del gobierno federal viola la Constitución de los Estados Unidos por cuanto la doctrina de separación de poderes establece que el Poder Ejecutivo no puede unilateralmente rehusarse a gastar fondos según lo dispuesto por el Congreso. 

Además, cita otras violaciones que incluyen: los estatutos de los programas impactados (que requieren que el ED entregue los fondos para el primero de julio), regulaciones del ED obligando a conferir los fondos a los estados, estatutos de la OMB bajo la Ley de Anti Deficiencia de proporcionar fondos al ED para que los dirija a los estados y a la Ley de Control de Confiscación, que limita la capacidad de decidir a no gastar los fondos. 

La demanda también hace mención a la violación de la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) por no haber seguido los pasos establecidos y excedido su autoridad con su decisión.

Finalmente, los demandantes enfatizan el caos que la decisión crea para los sistemas educativos de los estados, en especial por el inminente comienzo de clases (para algunos en solo semanas) y que el año escolar ya había sido planificado contando con este presupuesto.

La situación actual deja a todos los involucrados en limbo, desconociendo cuando se entregarían los fondos, y si se otorgarían en definiva.

Si crees que la cancelación de estos programas ha afectado el derecho de tus hijos a una educación equitativa, consulta con un abogado de nuestro directorio.

El abogado puede evaluar si se han violado derechos protegidos por la Constitución o leyes federales, y orientarte sobre cómo presentar una demanda contra la entidad responsable.

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