Los manifestantes en Los Ángeles recibieron muchas imputaciones, pero muy pocas procedieron
Por Joseph Fawbush, Esq. | Traducido por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 1 de agosto de 2025
El viejo refrán dice que los grandes jurados “acusarían hasta a un sandwich de jamón”. Esa cita, atribuida al juez del Tribunal de Apelaciones de Nueva York Sol Wachtler en la década de 1980, podría tener que revisarse, al menos en lo que respecta a los procesamientos de angelinos acusados de diversos delitos mientras protestaban contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el L.A. Times, sólo siete de los 38 delitos federales relacionados con protestas que se han imputado en los últimos dos meses han sido objeto de procesamiento. Según un análisis de The Guardian, ya se han desestimado al menos ocho cargos. Algunos de los sobreseimientos se debieron a que los agentes federales ofrecieron declaraciones falsas o engañosas.
Un procesamiento es sólo el primer paso en un caso penal. Para este, los fiscales sólo tienen que demostrar que existe causa probable para perseguir los cargos. Si el caso va a juicio, los fiscales deben probar los cargos más allá de toda duda razonable, un estándar mucho más alto.
En virtud de la Ley de Juicios Rápidos, los fiscales deben acusar en un plazo de 30 días a partir de su detención o de la notificación de una citación. Hay excepciones y salvedades, pero en general, el hecho de no obtener un procesamiento poco después de una detención no es una buena señal para el caso de la fiscalía.
Declaraciones engañosas y pruebas insuficientes
Un examen de los documentos judiciales realizado por The Guardian (en inglés) revela que las declaraciones potencialmente engañosas de los agentes influyeron en la desestimación de cinco casos contra manifestantes detenidos por el ICE. Por ejemplo, en un caso, una persona fue acusada de empujar a un agente del ICE, pero las imágenes de vídeo revelaron lo contrario: el agente fue quien empujó agresivamente al acusado.
En otro caso, los agentes del ICE alegaron que una mujer de 1,80 m había agredido a un agente federal. Según el abogado de la mujer, su cliente fue atropellada por hombres enmascarados vestidos de civiles. Ella utilizó una bolsa de trabajo para protegerse, temiendo que la secuestraran. Tras solicitar grabaciones de vídeo y declaraciones de testigos presenciales, los fiscales federales retiraron el caso.
Estos casos ilustran las dificultades que enfrentan los fiscales federales en Los Ángeles para aplicar las nuevas directrices del fiscal jefe del distrito, designado por Trump.
El fiscal jefe del distrito central de California
El recién nombrado fiscal jefe de Los Ángeles, el fiscal federal Bill Essayli, fue acusado recientemente de presionar a fiscales de alto rango para que presentaran casos alineados con las políticas presidenciales en contra de sus recomendaciones y sin pruebas suficientes.
Esto ha generado una alta rotación de personal. Essayli ha sido acusado de gritarles a los fiscales —en ocasiones siendo escuchado por los grandes jurados— y de obligarlos a volver a convocar a los jurados cuando el resultado no era el que él deseaba.
Al igual que la fiscal federal Alina Habba en Nueva Jersey, la administración Trump nombró a Essayli por 120 días en abril. Y al igual que en el caso de Habba, los jueces de los tribunales de distrito de Estados Unidos se negaron posteriormente a nombrarlo indefinidamente. Sin embargo, la administración Trump invocó la Ley de Reforma de Vacantes para extender su mandato por 210 días más, a pesar de no contar con el apoyo de los jueces y fiscales de carrera de Los Ángeles. La administración Trump también ha utilizado esta táctica con otros fiscales federales, como Sigal Chattah, de Nevada.
Essayli es un ex legislador estatal de California.
A medida que el Departamento de Justicia se transforma rápidamente bajo la segunda administración Trump, está por verse si continuarán los enjuiciamientos similares contra los manifestantes.
Versión original en inglés Only a Small Percentage of Federal Charges Against LA Protestors Have Gotten an Indictment
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