Castración quirúrgica en Luisiana: ¿Medida disuasoria o violación de derechos constitucionales?

Por Kit Yona, M.A. | Adaptación al español por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 14 de abril de 2026

¿Es un elemento disuasorio eficaz, una opción médicamente válida o una violación de los derechos constitucionales de un reo? El debate sobre la castración quirúrgica, que fue legalizada por el estado de Luisiana en 2024, probablemente alcanzará nuevos niveles, ya que formó parte de una sentencia dictada esta semana.

El 6 de abril de 2026, Zachary Dewayne Doolittle se declaró culpable en un tribunal estatal de Luisiana de varios cargos relacionados con delitos sexuales contra un menor, incluida la violación en primer grado de un niño menor de 13 años. Como resultado de una orden judicial impulsada por la nueva ley de castración quirúrgica de Luisiana (en inglés), Doolittle se vio obligado a tomar lo que debió ser una decisión muy difícil: añadir entre tres y cinco años adicionales a su condena, o someterse a la extirpación de sus testículos. Dado que estamos escribiendo sobre esto, probablemente puedas imaginar cuál de las sanciones eligió Doolittle.

Aunque la gravedad de los delitos de Doolittle no puede subestimarse, es probable que resurjan las preguntas sobre la eficacia de la castración para reducir las tasas de reincidencia sexual y su constitucionalidad frente a las protecciones de la Octava Enmienda. ¿Es esta práctica la máxima invasión de la privacidad?

¿Entra esto dentro del concepto de confiscación?

Junto con el gobernador Jeff Landry, los legisladores de Luisiana aprobaron en 2024 una serie de leyes destinadas a abordar la justicia penal en el estado. Además de ser el primer estado en permitir la posibilidad de castración quirúrgica para ciertos violadores, la legislatura estatal añadió opciones para aplicar la pena de muerte, prácticamente eliminó la posibilidad de libertad condicional para nuevas condenas, limitó la eficacia del “buen comportamiento” para acortar las sentencias e instauró penas más severas para ciertos delitos.

Aunque la castración quirúrgica legal está haciendo su primera aparición en Estados Unidos, la castración química ya se ha utilizado como una posible opción disuasoria. Fármacos como el acetato de medroxiprogesterona (MPA) pueden ser ordenados por un tribunal como tratamiento para delitos sexuales agravados. También pueden tomarse de manera voluntaria.

La ley de castración quirúrgica recibió apoyo tanto de republicanos como de demócratas. Solo se aplica a delitos sexuales agravados que involucren a una víctima menor de 13 años. Además, el agresor sexual debe ser mayor de 16 años. Si el tribunal determina que la ley debe aplicarse en un caso, al acusado se le presenta la opción de añadir entre tres y cinco años adicionales a su condena (que no pueden reducirse de ninguna manera) o someterse a la extirpación de sus gónadas (testículos en hombres, ovarios en mujeres). La aplicación de la ley también depende de que un “experto médico” designado por el tribunal determine que el acusado es un candidato adecuado para el procedimiento quirúrgico.

El primer corte es el más profundo

Los críticos de la nueva ley de Luisiana han sido contundentes, calificándola de práctica “barbárica” y señalando que es legal solo en unos pocos lugares más (Madagascar, una parte de Nigeria y la República Checa). Existe muy poca investigación sobre la eficacia de la castración para quienes han cometido abusos sexuales, ya que los datos disponibles provienen de pacientes que se ofrecieron voluntariamente al procedimiento. También hay incertidumbre sobre si los niveles de testosterona, que influyen en el deseo sexual masculino, son más altos en quienes han sido condenados por delitos de abuso sexual (en inglés).

Se ha argumentado que la salud mental de quienes cometen delitos sexuales desempeña un papel igual o incluso mayor en la amenaza para la seguridad pública. También existen preocupaciones sobre la vaguedad de los requisitos exactos que debe cumplir el “experto médico” del tribunal.

Obligar a un condenado a decidir entre sacrificar tiempo o partes de su cuerpo también ha sido señalado como un castigo cruel e inusual bajo la Octava Enmienda. La Constitución no ofrece una definición específica de lo que constituye un castigo “cruel e inusual”. En 1958, la Corte Suprema de Estados Unidos indicó que la Octava Enmienda prohíbe castigos incompatibles con los “estándares evolutivos de decencia”, y describió como cruel e inusual el castigo que sea “repugnante para la conciencia de la humanidad”, lo cual puede variar con el tiempo. Parece posible que, en algún punto, la constitucionalidad de esta ley sea impugnada por un abogado defensor o una organización de derechos humanos.

Es poco probable que muchos sientan compasión por la situación de Doolittle, ya que enfrentaba cargos de violación en primer grado de un familiar menor de 13 años (en inglés), abuso sexual de un menor y promoción/publicidad/producción de pornografía infantil. Podría haber enfrentado cadena perpetua por la violación en primer grado, y aunque Luisiana ha intentado autorizar la pena de muerte para la violación de un menor, la Corte Suprema ha sostenido que la pena de muerte por violación de un menor, cuando la víctima no muere, viola la Octava Enmienda, por lo que aceptar el proceso de castración quirúrgica quizá le ayudó en su acuerdo de culpabilidad. En cualquier caso, tendrá 85 años al cumplir su condena completa, por lo que no está claro cuánto riesgo representará si llega a ser liberado.

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