Corte Suprema permite que se retomen redadas basadas en raza, lengua y trabajo en Los Ángeles
Por Vaidehi Mehta, Esq. | Traducido por Mariana Petersen, LLB | Última actualización 16 de septiembre de 2025
Si has estado siguiendo los titulares sobre la ejecución de las leyes de inmigración en California, sabrás que los acontecimientos de este verano han sentado las bases para un enfrentamiento constitucional que podría remodelar la aplicación de las leyes de inmigración en todo el país.
Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una amplia campaña federal contra los inmigrantes indocumentados, con agentes del ICE realizando controles no solo en carreteras y aceras, sino también en lugares de trabajo y paradas de autobús. El aumento de las medidas de control ha suscitado una preocupación generalizada por la discriminación racial y los derechos constitucionales, y estos interrogantes rápidamente han llegado a los tribunales federales.
Los ciudadanos demandan por controles sospechosos
En el centro de la controversia se encontraba una demanda presentada por una coalición de personas y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes. Entre los demandantes se encontraban ciudadanos y residentes estadounidenses que habían sido detenidos o retenidos por agentes federales en circunstancias que, a primera vista, parecían basarse menos en pruebas y más en suposiciones generales (y raciales). ICE detenía a personas por motivos como estar en lugares de recogida de jornaleros, realizar determinados trabajos, hablar español o inglés con acento, o tener aspecto latino.
Los demandantes argumentaron que estas tácticas equivalían a detenciones inconstitucionales basadas únicamente en la raza, el idioma, la ubicación o la ocupación, en lugar de en sospechas individualizadas de violaciones de las leyes de inmigración. Estos individuos, organizaciones y abogados de inmigración llevaron el caso ante ante la jueza Frimpong en el Distrito Central de California.
En julio, Frimpong emitió una orden de restricción temporal que suspendía la capacidad de ICE para llevar a cabo detenciones, a menos que los agentes tuvieran sospechas razonables basadas en la totalidad de las circunstancias. El razonamiento se basaba en las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, una garantía constitucional que se aplica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Pero el gobierno federal se opuso. Los funcionarios argumentaron que la orden judicial limitaba su capacidad para hacer cumplir las leyes de inmigración en uno de los distritos más concurridos del país. También acusaron al poder judicial de sobrepasar sus límites al microgestionar las operaciones del poder ejecutivo. Sostuvieron que sus acciones cumplían con el estándar de «sospecha razonable», un umbral que describieron como bajo. También señalaron la demografía local y los patrones de empleo como justificación de su estrategia de aplicación de la ley.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se negó a revocar la orden emitida por la jueza Frimpong, al concluir que las detenciones basadas exclusivamente en criterios generales no cumplen con los requisitos constitucionales establecidos por la Cuarta Enmienda. Esta decisión constituyó, aunque de manera transitoria, una reafirmación del principio de protección frente a prácticas de aplicación de la ley de carácter indiscriminado en el contexto del control migratorio.
El Tribunal Supremo está aquí para quedarse
Pero a medida que continuaba el litigio, y con la creciente presión de los funcionarios federales, se preparó el escenario para un enfrentamiento en el Tribunal Supremo. El gobierno solicitó la intervención de emergencia de la Corte Suprema, argumentando que, a menos que los agentes pudieran continuar con sus prácticas actuales, la aplicación de las leyes de inmigración se paralizaría en Los Ángeles. Esto nos lleva a los últimos acontecimientos. El tribunal más alto del país ha intervenido y ha cambiado el panorama legal una vez más.
En una orden emitida a última hora del lunes pasado, el Tribunal Supremo accedió a la solicitud de emergencia del gobierno federal de suspender la orden judicial de la jueza Frimpong. El resultado es que, por ahora, los agentes del ICE en Los Ángeles y los condados circundantes pueden reanudar la detención de personas basándose en los mismos factores (raza o etnia, idioma, ubicación y ocupación) que dieron lugar a la demanda en primer lugar. La orden no estaba firmada, por lo que no especifica el autor de la opinión mayoritaria. Se trataba de una orden per curiam, lo que significa que fue emitida por el Tribunal en su conjunto, sin atribución a un juez específico.
La concurrencia de Kavanaugh enfatiza la aplicación de la ley
El juez Brett Kavanaugh escribió una concurrencia explicando la decisión del Tribunal. Según Kavanaugh, el gobierno había cumplido con los requisitos «más críticos» para una suspensión: una perspectiva justa de éxito en la apelación y la probabilidad de un daño irreparable si se restringía la aplicación de la ley. Hizo hincapié en que los funcionarios de inmigración llevan mucho tiempo basándose en breves detenciones por «sospecha razonable», un criterio que, según él, puede incluir factores como la presencia en determinados lugares de trabajo o el hecho de hablar español, si se tiene en cuenta el contexto. Aunque reconoció que el origen étnico por sí solo no puede justificar una detención, Kavanaugh sostuvo que podría ser «un factor relevante» entre otros.
Kavanaugh también cuestionó si los demandantes tenían legitimación para solicitar una medida cautelar amplia, citando un precedente del Tribunal Supremo que exige la prueba de una amenaza real e inminente de daño futuro, y no solo el temor basado en encuentros pasados. Advirtió que la orden del tribunal de distrito amenazaba con «obstaculizar sustancialmente» la aplicación de la ley de inmigración en una zona con millones de residentes indocumentados y argumentó que cada vez que se impide al Gobierno aplicar las leyes aprobadas por el Congreso, este sufre un daño irreparable.
Adaptación del original en inglés SCOTUS Upholds Ability for ICE to Stop People Based on Race, Language, and Job
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