Leyes sobre la ejecución hipotecaria en Connecticut

Como en la mayoría de los demás estados, algunas áreas de Connecticut se vieron afectadas en gran medida por la crisis inmobiliaria del 2008. Esto significa que muchos propietarios ya han perdido sus viviendas, mientras que otros aún están luchando por mantener sus residencias lejos de la ejecución hipotecaria. Las ejecuciones hipotecarias en Connecticut generalmente encajan en una de dos categorías: la ejecución hipotecaria mediante la venta del bien hipotecado o la ejecución forzosa, ambas ejecuciones hipotecarias judiciales. Conocer las diferencias entre las dos categorías y la forma en la que ambos procesos funcionan puede dar a los residentes de Connecticut una mejor idea de cómo conservar los hogares por los que han trabajado tan duro.

Las leyes de Connecticut establecen que las ejecuciones hipotecarias en el estado son acciones equitativas que conceden a los tribunales un poder significativo para crear una solución justa, pero la parte ejecutora de la hipoteca de una propiedad normalmente tiene derecho a que se dicte un fallo, si es que no hay errores presentes. En este momento, Connecticut no ofrece ejecuciones hipotecarias no judiciales.

Las categorías de ejecución hipotecaria en Connecticut

Ejecución forzosa: Connecticut es uno de los únicos dos estados que aún llevan a cabo la ejecución forzosa, un proceso que se originó en Gran Bretaña. Los tribunales recurren a la ejecución forzosa cuando el prestatario va a ganar poco o nada de la subasta de la propiedad en situación de mora. En lugar de gastar el tiempo y dinero necesarios asociados con la subasta de un bien adjudicado, los tribunales crean un plazo, conocido generalmente como un “día de vencimiento”, cuando el propietario de la vivienda debe pagar la deuda, o bien, perder la titularidad del inmueble por completo. El día de vencimiento se establece después de que el prestamista obtiene una orden judicial que demuestre que el prestatario ha incumplido con el pago del préstamo.

Los tribunales de Connecticut utilizan dos factores para determinar el valor de la propiedad en ejecución forzosa, que incluyen un avalúo que establece el valor de la propiedad y una declaración jurada que indica la cantidad de dinero que aún se adeuda de la propiedad. Una vez establecido el valor, los tribunales restarán el importe de los gravámenes sobre la propiedad para determinar si ésta posee o no algún valor para el dueño de la vivienda. En la mayoría de los casos, con la reciente caída del valor de las propiedades, la deuda equivale a más del valor de la propiedad, lo que elimina la necesidad de una subasta.

Ejecución de hipoteca mediante la venta del bien hipotecado. Este tipo de ejecución hipotecaria se lleva a cabo según el criterio del juez que preside. Los jueces suelen ordenar una ejecución hipotecaria por venta cuando Estados Unidos está incluido como parte, por ejemplo, por un gravamen federal, porque la ley federal exige una venta judicial en ese tipo de casos.

Por lo general, los tribunales de Connecticut fijan una fecha, hora, lugar y forma para la venta, conforme a la orden del tribunal. La venta tendrá lugar en la propiedad, por lo regular un sábado. El juez designará a un comité de ventas, generalmente un abogado local, para coordinar la venta y publicar la información sobre la propiedad en un periódico y en el sitio. El comité también es responsable de obtener un seguro de responsabilidad para la fecha de la venta y de asegurarse de que los avalúos de la propiedad estén actualizados al día de la venta.

Cómo solicitar ayuda

Al igual que en otros estados, las leyes sobre la ejecución hipotecaria en Connecticut pueden ser complejas y a menudo es difícil para los que no son expertos comprender toda la terminología y los diversos elementos del caso. Si usted o alguien cercano a usted se siente desconcertado por los elementos de un embargo inminente, es de suma importancia buscar la ayuda de un abogado que tenga conocimiento del área de especialidad. En algunos casos, buscar ayuda puede incluso abrir una vía para que los propietarios de viviendas conserven su propiedad y paguen sus deudas sin abandonar sus viviendas.