La polémica ley de reubicación de inmigrantes: ¿cómo afectará a los hispanos que ya viven en EE. UU.?

Traducido por Jonathan Calvopina | Última actualización 13 de mayo de 2023
Probablemente hayas oído hablar de Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida. Recientemente, ha ocupado titulares legales junto a Disney; pero antes de que la nación sintonizara la “Pelea del Siglo de Florida”, DeSantis ya estaba ocupado haciendo todo tipo de políticas controvertidas.
FindLaw ha escrito sobre varias de sus decisiones gubernamentales; desde el proyecto de ley “No digas gay” (“Don’t Say Gay” en inglés) hasta oponerse al uso de mascarillas en las escuelas durante la pandemia de COVID y firmar la Ley de protección de los latidos del corazón, que restringe los abortos. Con las elecciones de 2024 en el horizonte, el gobernador tiene sus ojos puestos en la en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acumulando más fondos de campaña que Trump.
Siendo la inmigración un tema tan importante para los republicanos, no sorprende que alguien con la meta de ser candidato presidencial exprese sus planes sobre inmigración al prepararse para postularse al cargo.
En marzo, DeSantis presentó un proyecto de ley al congreso estatal, el cual promulgaría un “programa de reubicación de inmigrantes”. Dos meses después, se ha convertido en ley en Florida. Vamos a explicar los aspectos básicos de esta nueva política antiinmigrante y lo que podemos esperar en el futuro de esta.
Programa de reubicación de inmigrantes de DeSantis
Presentado el 7 de marzo en el Senado de Florida, el texto del proyecto de ley SB 1718 (en inglés) crearía un programa dedicado a la reubicación de inmigrantes en la oficina del gobernador y lo financiaría con $12 millones. A continuación, algunas de las restricciones significativas para los inmigrantes que establece la ley:
Los inmigrantes que no proporcionen “prueba de presencia legal en los Estados Unidos” ya no podrán obtener una identificación del gobierno. (Sección 1.)
Una variedad de licencias de conducir y otros permisos emitidos fuera del estado para inmigrantes indocumentados ya no serán válidos dentro de Florida. (sección 3.)
Los hospitales que acepten Medicaid ahora deberán recopilar los estados migratorios de los pacientes en los formularios de admisión y otros registros, incluso si el paciente no paga con Medicaid. (Sección 5.)
Se impondrán sanciones a los empleadores que contraten a una persona indocumentada sin verificar primero su elegibilidad para el empleo. (Sección 7.)
Las empresas con más de 25 empleados deberán utilizar una base de datos federal llamada E-Verify (en inglés) para determinar la elegibilidad de una persona para el empleo. (Sección 7.)
Además, la nueva ley en Florida permite trasladar inmigrantes a otras partes de los Estados Unidos. Esto podría ser una respuesta a un problema legal que surgió en 2022 cuando DeSantis reubicó a inmigrantes de diferentes partes del país a otros lugares en los EE. UU. utilizando fondos públicos de Florida. En otoño del 2022, DeSantis envió a solicitantes de asilo venezolanos de San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, Massachusetts.
Pero ¿cómo fue posible que Florida tuviera la jurisdicción para intervenir en los asuntos migratorios originados en un estado completamente diferente y, encima, trasladarlos a un tercer estado? Los principales medios de comunicación parecen no tener una respuesta clara.
A partir de la muy poca información que los funcionarios de Florida divulgaron, algunos sospechan que la reubicación estaba destinada a ser encubierta, incluso ilícita. Aparentemente, al menos algunas de las operaciones de reubicación fueron realizadas por las autoridades de Florida sin el conocimiento de sus contrapartes estatales en Texas y Massachusetts.
Aunque el gobernador de Texas y compañero republicano, Greg Abbott, expresó públicamente su apoyo a la medida de DeSantis, aparentemente no se le había avisado antes de que ocurriera. Massachusetts tampoco sabía acerca de este asunto. El representante Dylan Fernandes de Martha’s Vineyard acusó a DeSantis de haber planeado un complot secreto para enviar a familias de inmigrantes como si fueran ganado en un avión y denunció su acción como algo increíblemente inhumano y depravado.
DeSantis afirmó que estaba respondiendo a las ineficaces políticas de inmigración del gobierno federal en su decisión de reubicar a los inmigrantes.
Una estratagema política con consecuencias peligrosas
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado la semana pasada. Poco después, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, también votó a favor. El proyecto de ley ahora será firmado por el propio DeSantis y se espera que entre en vigencia el 1 de julio del 2023.
DeSantis ha enmarcado el proyecto de ley como una reacción a lo que él considera “el fracaso de la administración del presidente Biden para asegurar las fronteras de nuestra nación” y el manejo de los problemas de inmigración por medio de “políticas federales de puertas abiertas imprudentes”.
En febrero del 2023, tuiteó: “me complace haber firmado un proyecto de ley para continuar el programa de transporte de inmigrantes indocumentados a jurisdicciones santuario. Agradezco a la legislatura por esta valiosa herramienta”.
Una preocupación generalizada de los opositores a la ley es que el requisito de declarar el estatus migratorio de una persona en los registros oficiales del gobierno (como en los formularios de ingreso a hospitales) desanimará a las personas indocumentadas de buscar atención médica vital por temor a ser detenidos. La representante demócrata de Florida, Susan Valdés, calificó el proyecto de ley como un “impulso político” y “un proyecto de ley contra la inmigración que dañará e incluso matará a los inmigrantes indocumentados”.
Aglomeración de inmigrantes en el futuro
El tema de los inmigrantes y solicitantes de asilo en particular está a punto de adquirir más importancia que nunca, pues la suspensión de los derechos de asilo impulsada por la pandemia del COVID-19, conocida como “Título 42” (en inglés), que ya expiró. Esta medida temporal aprobada por el gobierno de Trump al comienzo del brote de COVID permite que los oficiales fronterizos expulsen a los inmigrantes a México sin la posibilidad de solicitar asilo, para lo cual anteriormente tenían un recurso legal, al menos en teoría.
Se espera que esta orden se levante el 11 de mayo, el día en que la Casa Blanca ha establecido que la emergencia de salud pública de COVID “terminará oficialmente”. Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, dijo que los cruces fronterizos por día han aumentado de alrededor de 5 mil 200 en marzo a unos 7 mil 200. Un funcionario fronterizo estimó que después de que se levante el Título 42, dichos cruces podrían aumentar a 10 mil por día.
La semana pasada, la administración de Biden anunció una serie de acciones en respuesta al esperado aumento de inmigrantes a partir de mayo. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que pondrá oficiales de asilo exclusivamente capacitados en temas de asilo en nuevos centros de refugiados en Guatemala y Colombia en un esfuerzo por crear más recursos legales para los inmigrantes. El objetivo es proporcionar nuevos canales a través de los cuales las personas que están pensando en venir a los Estados Unidos puedan buscar una reubicación legal en el país.
Escrito por: Vaidehi Mehta, Esq. Puede leer el original en los blogs legales de FindLaw.com