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¿Quién puede ser considerado responsable de la mala práctica médica?

Generalmente, una demanda por negligencia médica puede ser dirigida a un proveedor de cuidados de asistencia médica. Esto puede incluir a una persona, empresa, centro o institución autorizada por el Estado para brindar atención médica o servicios profesionales, o a un funcionario, empleado o agente de la misma en el ejercicio y el alcance de su empleo. Una reclamación puede ser interpuesta contra los médicos, dentistas, enfermeras, terapeutas, hospitales y farmacias, entre otros. Un médico comete negligencia médica si no actúa de la misma manera razonable en que un médico lo haría en el mismo campo de la medicina y en las mismas circunstancias. Las enfermeras, terapeutas y otros proveedores de atención a la salud y los hospitales o clínicas para las que trabajan, pueden ser considerados responsables del incumplimiento de los niveles de las normas aceptadas en su campo particular. En Connecticut, los hospitales, en general, no han sido considerados responsables por la negligencia de los médicos contratados de forma independiente. Las enfermeras, terapeutas y otros proveedores de cuidados a la salud y los hospitales o clínicas para los que trabajan, pueden ser considerados responsables del incumplimiento de las normas aceptadas para dichos cuidados en su campo particular. En Connecticut, los hospitales no han sido, en general, considerados responsables por la negligencia de los médicos contratados de forma independiente. Los tribunales de Connecticut han señalado, sin embargo, que esto es una cuestión que depende de las circunstancias de cada caso. Las subdivisiones políticas del Estado son en general responsables en la misma medida que los individuos privados. En general, una subdivisión política se hace responsable por los daños causados por los actos u omisiones negligentes de tales subdivisiones políticas o de cualquier empleado, funcionario o agente que actúe en el ejercicio de sus funciones o de sus funciones oficiales, excepto cuando dichos actos u omisiones constituyan una conducta delictiva, fraude, malicia o dolo. Las acciones contra el Estado deberán presentarse al Comisionado de Reclamaciones que podrá someterlas a la Asamblea General con una recomendación sobre si la reclamación debe ser pagada o se puede renunciar a la situación de inmunidad y permitir que una reclamación sea sometida a un tribunal. Los funcionarios y empleados del Estado son inmunes a las demandas por negligencia. 

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