Dentro de las tierras que conforman los Estados Unidos, existen unas regiones conocidas como territorios no incorporados, entre ellos: Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes Americanas y Puerto Rico.

Aunque muchos hemos escuchado de ellos en alguna clase de historia o en el internet, pocos sabemos exactamente cuáles son o cómo funcionan. Un territorio no incorporado significa que son tierras en posesión de EE. UU., gobernados por su sistema político, judicial y legislativo, pero que no son parte del país en igualdad con los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Los territorios usan el dólar y el ejército estadounidense tiene jurisdicción allí, además de estar gobernados por las políticas internacionales de EE. UU.

Sin embargo, los ciudadanos de estos territorios incorporados no votan por el presidente ni tienen representación con el voto en el congreso. Por esta razón no se consideran estados soberanos en el contexto de la comunidad política internacional, ni estados federales de EE. UU.

A continuación, discutiremos un poco sobre uno de estos territorios, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Relación jurídica de Puerto Rico y los Estados Unidos

La relación entre Estados Unidos y Puerto Rico ha sido siempre bastante complicada. En 1898 pasó a ser propiedad de EE. UU. como resultado de la Guerra Hispanoamericana después de haber sido colonia de España por 400 años.

Aunque hay mucho para escribir y analizar sobre la complicada naturaleza de este estatus, lo más importante es cómo afecta la organización política, jurídica y las relaciones internacionales de Puerto Rico.

Similar al resto de los estados, Puerto Rico tiene su propio sistema político diseñado al estilo de una república:

• Un gobernador como jefe del estado
• Una legislatura con cámara y senado
• Un sistema judicial independiente

Este sistema judicial está compuesto de diferentes tribunales, siendo el Tribunal Supremo, el de mayor autoridad, seguido del Tribunal de Apelaciones. Y al igual que los estados, el gobierno federal mantiene en Puerto Rico un Tribunal de Distrito Federal, el cual supera en rango al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La diferencia entre Puerto Rico y los estados de EE. UU. es que los poderes jurisdiccionales de dicho tribunal federal se extienden sin la participación del gobierno local de la isla. Esto se debe a que Puerto Rico no es un estado y por lo tanto no participa igualitariamente en el congreso.

Puerto Rico tiene derecho a un representante ante el congreso como parte de su relación con EE. UU. Este agente llamado Comisionado Residente no tiene voto, solo puede escribir proyectos y buscar auspicio entre los otros congresistas.

Como resultado de esta peculiar relación:

• Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses de nacimiento.
• Su moneda es el dólar americano.
• Su ejército es las fuerzas armadas estadounidense.
• No pueden votar por el presidente.
• No tienen congresistas que lo represente en el gobierno federal.
• Está sujeto a todas las leyes federales que aplican a los estados.

El sistema judicial de Puerto Rico

El sistema judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) incorpora cuatro unidades fundamentals:

• El Tribunal Supremo, presidido por un juez presidente
• El Tribunal de Apelaciones
• El Tribunal de Primera Instancia
• La Oficina de Administración de los Tribunales

De estos, solo el Tribunal Supremo, que es el de mayor autoridad, está ordenado en la Constitución del ELA; los otros tribunales inferiores, según el artículo 5, sección 1 de su Constitución, son designados por la Asamblea Legislativa con la aprobación del gobernador.

La Legislatura, por lo tanto, tiene la autoridad para crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinar su competencia y jurisdicción.

El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia en Puerto Rico y esta función institucional no puede ser alterada por la Asamblea Legislativa. El Tribunal Apelativo, de más reciente creación, constituye el nivel jerárquico intermedio entre el Supremo y los tribunales de Primera Instancia.

Sin embargo, como se mencionó antes, el sistema judicial de Puerto Rico está sometido a la autoridad del sistema judicial estadounidense.