Contratos Gubernamentales

Contratos gubernamentales, adquisiciones y compras

Cuando el gobierno de EE. UU. necesita bienes o servicios, contrata a pequeñas y grandes empresas para que satisfagan sus necesidades. El Departamento de Defensa de EE. UU., por ejemplo, puede optar por hacer negocios con un fabricante para comprar aeronaves de uso militar. Cuando una empresa trabaja con el gobierno, se aplican normas y regulaciones especiales a las transacciones. Estas normas conforman el derecho de los contratos gubernamentales.

Los contratos comerciales gubernamentales se rigen por una cantidad de leyes y regulaciones. Estas leyes, por lo general, se dictan para fomentar la competencia, alcanzar metas socioeconómicas y garantizar que el dinero del contribuyente se gaste de forma adecuada. También sirven para permitir que el gobierno altere o termine los contratos que las empresas normales no tengan.

Además, dado que el gobierno se considera una entidad soberana, se implementan leyes para crear procedimientos uniformes relacionados con los litigios y la negociación de contratos.

Reglamento Federal de Adquisiciones

El Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) rige las adquisiciones de las agencias gubernamentales, las cláusulas de contratos obligatorias, las excepciones a determinadas políticas y los requisitos para la competencia. Estas regulaciones pretenden crear procedimientos uniformes para las adquisiciones.

Las regulaciones del FAR se basan sobre todo leyes tales como la Ley de Competencia en la Contratación. La mayoría de las agencias gubernamentales deben cumplir con el FAR. Pero algunas agencias, como U.S. Mint y la Administración Federal de Aviación, están exentas.

Ley de Competencia en la Contratación

Aprobada en 1984, la Ley de Competencia en la Contratación (CICA) se creó para reducir los costos y alentar la competencia entre las empresas, lo cual a su vez permitiría a las pequeñas empresas asegurarse contratos con el gobierno. Cada agencia gubernamental debe seleccionar a un defensor para que revise los contratos, y el defensor puede impugnar los contratos que potencialmente podrían limitar la competencia.

Conforme a la CICA, cualquier compañía calificada puede enviar una oferta al gobierno dado que las compras deben ser “totales y abiertas.” Además, si la agencia gubernamental tiene la intención de comprar un servicio o bien valuado en más de $25,000, debe publicitar la compra durante al menos 15 días primero. De este modo, varias compañías tienen l a oportunidad de licitar.

Ley de Simplificación de Adquisición Federal

La Ley de Simplificación de Adquisición Federal, aprobada en 1994, tenía como objetivo simplificar los procedimientos de una compra gubernamental. Esta ley modificó la estrategia para las compras gubernamentales al establecer que el gobierno debe buscar la oferta con el mejor valor. Además, se eliminaron muchos mecanismos de supervisión.

Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EE. UU. (GAO)

Creada como parte de la Ley de Contabilidad y Presupuesto de 1921, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno a menudo se denomina “guardián del Congreso”.” Su tarea es controlar cómo se gasta el dinero del contribuyente e informar las conclusiones al Congreso. Esto incluye auditar operaciones de agencia, informar si los programas gubernamentales están cumpliendo con las metas e investigar las denuncias de actividades poco éticas.

La GAO también analiza las políticas y reglas sobre las resoluciones de impugnación de resoluciones y otras decisiones. La GAO incluso tiene la facultad de revisar la Reserva Federal en sus operaciones y funciones, si bien no puede revisar las decisiones de política monetaria federales.

Ley de Disputas Contractuales

Aprobada por el Congreso en 1978, la Ley de Disputas Contractuales (CDA) establece pasos uniformes para litigar en disputas de contractos gubernamentales para asegurar la justicia. Como parte de la CDA, se recomienda al gobierno y al contratista lidiar con la disputa al menos nivel posible.

Para presentar un reclamo, las quejas escritas deben enviarse al oficial contratista del gobierno en un plazo de seis años contados desde el incidente en cuestión. En cuanto a los reclamos de contratistas que no excedan los$100,000, la decisión se puede tomar en general en un plazo de 60 días. Los reclamos de contratistas que excedan ese monto deben enviarse con múltiples certi ficaciones.

El contratista insatisfecho con la decisión sobre el reclamo puede apelar en el plazo de 90 días. También tiene la opción de iniciar una demanda en el Tribunal de Reclamos Federales de EE. UU. en el plazo de un año.

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