¿Puede Mi Prestamista Proceder en mi Contra en un Tribunal para el Saldo del Préstamo que Adeudo Después de una Venta Corta?

Esto depende en parte de si la propiedad en la venta corta  se encuentra en una jurisdicción judicial o en una ejecución hipotecaria no judicial.

En la ejecución hipotecaria no judicial, también llamada una venta de fideicomisario de una hipoteca, cuando un prestamista ejecuta su propiedad o está de acuerdo en una venta corta de la casa, el prestamista no puede luego perseguirlo personalmente por sus pérdidas financieras, con excepciones en algunos Estados donde los prestatarios tienen importantes valores.

En los Estados con ejecución hipotecaria judicial, los prestamistas concurren a los tribunales y argumentan ante un juez las razones por las que debería permitirse embargar la propiedad. El prestamista presenta una queja y un aviso llamado una excepción de litispendencia, que detalla el monto de la deuda y por qué al prestamista debe permitírsele ejecutar y tomar la propiedad dada en garantía del préstamo.

Si el tribunal está de acuerdo con el prestamista y otorga la ejecución de una hipoteca judicial, emitirá una sentencia contra el prestatario por el monto total adeudado en la hipoteca, incluyendo los costos del proceso de ejecución judicial.

Algunos Estados permiten a los prestamistas elegir si desean continuar con el proceso de embargo judicial o no judicial.

Sin embargo, muchos Estados limitan los derechos de los prestamistas para ejecutar la hipoteca de una propiedad y buscar un juicio personal contra el prestatario a través de lo que comúnmente se denomina "Una Regla de Acción." Las reglas significan que los acreedores sólo podrán tomar una acción para la recuperación de la deuda y no pueden al mismo tiempo embargar una propiedad y hacer al prestatario personalmente responsable por las pérdidas sufridas en una ejecución hipotecaria o venta corta.

En los Estados con Una Regla  de Acción para la ejecución hipotecaria y los procedimientos de la venta corta, las reglas operan en conjunción con los ordenamientos que prohíben o limitan los derechos de los acreedores para recuperar el saldo de los ingresos provenientes de la venta de bienes inmuebles cuando los fondos pagados no fueron suficientes para cubrir la deuda total. 

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