Inmunidades

El Estado de Florida y sus condados, municipios y otras subdivisiones políticas, no gozan de inmunidad soberana. La renuncia de la inmunidad legal se limita a $100.000 dólares por demandante y $200,000 por ocurrencia. Ni el Estado ni ninguna de sus subdivisiones políticas son responsables por daños punitivos. Los litigantes que obtengan una sentencia inejecutable por encima del tope pueden solicitar a la legislatura estatal un “proyecto de ley sobre la demanda”, es decir, un proyecto de ley privado que concede una indemnización por encima del tope. Un pequeño número de estos proyectos habitualmente se conceden cada año.

Los contratistas independientes participan de esta inmunidad soberana, y por tanto, disfrutan de los beneficios de los bajos límites para los daños y perjuicios. La legislatura ha diseñado específicamente una ley para permitir que los que prestan servicios médicos a los indigentes en los hospitales del condado y otros similares, sean considerados agentes de la entidad inmunológica, y por tanto, para evitar ser el “bolsillo profundo” de los demandados en los casos en que las responsabilidades de los codemandados tengan un tope. El contratista deberá cumplir con las normas de gestión de riesgos, pagar sus propios costos y los honorarios de abogados, por los litigios de mala práctica médica, y dar aviso del acuerdo a cada paciente.

Las reclamaciones contra el Estado o sus subdivisiones políticas, deberán presentarse por escrito al Departamento de Seguros en un plazo de tres años a partir de la fecha de la ocurrencia, y una queja, debe presentarse dentro de cuatro años.

La Ley Estatal sobre Reclamaciones por Agravios también establece que los honorarios de abogados en estas acciones no podrán superar el 25 por ciento de la cantidad establecida en el fallo o en la liquidación.

Los empleados del Estado son inmunes a demandas por daños causados ??en el curso de su empleo siempre que el empleado no actúe de mala fe o de manera arbitraria intencional.

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