La vida de la mayoría de las personas divorciadas cambia una vez que culmina la separación legal. Y si no es un ciudadano de los Estados Unidos, es posible que tenga que afrontar retos adicionales y defender su derecho a permanecer en el país.
Cuando un inmigrante y un ciudadano estadounidense residen en los Estados Unidos y tienen menos de dos años de casados, el cónyuge inmigrante tiene un estatus de residente permanente condicional.
Para obtener la residencia permanente definitiva, la pareja puede presentar una petición conjunta en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) 90 días antes del segundo año de recibida la residencia permanente condicional.
Este proceso se llama remoción de las condiciones de la tarjeta verde (green card) y para solicitarlo se usa el formulario I-751.
Si la pareja continúa casada, el cónyuge inmigrante recibirá la residencia permanente definitiva sin inconvenientes, y en el futuro podrá convertirse en ciudadano a través del proceso de naturalización.
Los problemas surgen si la pareja se divorcia antes de los dos años de casados. Aquí, le explicamos con detalle.
Si la pareja se divorcia antes de que el cónyuge inmigrante adquiera la residencia permanente final, este podría ser deportado si no obtiene otras vías legales para extender su estadía en el país.
Existen ciertas excepciones que le permiten al cónyuge inmigrante apelar a la deportación y obtener la residencia a pesar del divorcio.
Por ejemplo, si el cónyuge inmigrante prueba cualquiera de estas excepciones tiene la opción de permanecer en el país y mantener su proceso para obtener la tarjeta de residencia permanente:
En estos casos la asesoría legal de un abogado de inmigración es muy valiosa. Un abogado lo puede ayudar a comprobar que existen circunstancias extraordinarias que justifican su permanencia en el país.
Si un cónyuge inmigrante se divorcia después de haber obtenido su residencia permanente definitiva, entonces no afrontará la deportación.
El divorcio puede hacer que se demore un poco el proceso para ser ciudadano de los Estados Unidos, ya que se requieren tres años de residencia permanente para que un inmigrante casado con un ciudadano estadounidense pueda llegar a serlo, y cinco años si no está casado con un ciudadano.
El divorcio de un cónyuge inmigrante de un ciudadano estadounidense puede afectar el estatus migratorio de otros miembros de la familia, que dependan del mismo proceso de inmigración.
También puede impactar las solicitudes de visa para otros parientes patrocinados por el cónyuge inmigrante que posee una residencia condicional.
El derecho a la propiedad y a la custodia de los hijos no pueden ser afectados.
Uno de los conflictos más comunes durante un divorcio es la custodia de los hijos. Es importante que ambos cónyuges entiendan que el estatus migratorio del cónyuge que no es ciudadano estadounidense no es un factor influyente en las decisiones de la corte sobre un caso de custodia de menores.
La corte toma las decisiones sobre la custodia de los hijos en base al principio del mejor interés de los hijos, y no en la consideración del estatus del progenitor inmigrante.
El estatus del cónyuge inmigrante tampoco es factor para decidir sobre la división de la propiedad conyugal. Esta se dividirá de acuerdo con las leyes de su estado.
Un abogado de inmigración con experiencia en casos de residencia por matrimonio conoce cuáles son las vías más adecuadas para mantener su camino hacia la obtención de la residencia permanente definitiva.
Considere que existen leyes que lo protegen y hay muchas ventajas cuando una persona decide manejar un caso de este tipo con representación legal a su lado. Aunque el divorcio implica preocupaciones adicionales para un inmigrante, un abogado le puede ayudar a:
Este artículo pretende ser útil e informativo, pero los asuntos legales pueden llegar a ser complicados y estresantes. Un abogado calificado en inmigración puede atender a sus necesidades legales particulares, explicar la ley y representarlo en la corte. Dé el primer paso ahora y póngase en contacto con un abogado calificado en inmigración cerca suyo para hablar sobre su situación jurídica particular.