Doctrina del fruto del árbol envenenado

La doctrina del fruto del árbol envenenado es una norma probatoria que, junto con la norma de exclusión, es lo que da lugar a la cuarta enmienda de la Constitución. Antes de 1914, en los Estados Unidos era muy común que las fuerzas del orden público cometieran allanamientos sin una orden y registros sospechosos, los cuales eran perjudiciales para aquellas personas acusadas de cargos penales a raíz de las pruebas obtenidas luego del registro.

No obstante, en el año 1914 el panorama cambió. La Corte Suprema de los Estados Unidos intervino en el caso Weeks contra los Estados Unidos, 232 U.S. 383, 34 S. Ct.341, 58 L. Ed. 652 (1914), en el cual se realizó un registro sin orden de arresto del domicilio perteneciente a un individuo llamado Fremont Weeks y las pruebas encontradas se utilizaron para condenarlo por apuestas ilegales.

El caso concluyó en el tribunal mayor del territorio, donde finalmente los jueces determinaron que las pruebas obtenidas de esta manera no eran aptas para ser presentadas ante un tribunal. La condena del Sr. Weeks fue revocada y se introdujo la norma de exclusión.

La norma de exclusión fue la precursora de la doctrina del fruto del árbol envenenado. Esta metáfora legal considera que las pruebas contaminadas (la fruta) obtenidas por medio de allanamientos ilegales u otras conductas inadecuadas de la policía (el árbol envenenado) son inadmisibles para ser presentadas ante un tribunal. Por ejemplo, suponga que usted está conduciendo y lo detiene la policía por exceso de velocidad. Claramente usted no se encuentra bajo los efectos de drogas o alcohol, pero la policía le pide registrar su vehículo. Usted se niega amablemente a tal pedido, pero el registro se realiza de todos modos y la policía encuentra una libra de marihuana en el baúl de su vehículo. Un buen abogado especializado en derecho penal podrá hacer que se retiren los cargos debido a que el registro se realizó de manera ilegal.

Esta norma también se aplica en aquellos casos en los cuales un sospechoso solicita la presencia de un abogado durante un interrogatorio policial y la policía continúa en interrogatorio ignorando el pedido del sospechoso. Unas horas más tarde, bajo coacción y agotado del interrogatorio, el sospechoso termina confesando que robó un banco. Esta confesión está ahora contaminada debido a que la policía continuó con el interrogatorio luego de que el sospechoso solicitara la presencia de un abogado. Sin embargo, como para la mayoría de las normas, existen excepciones a esta exclusión.

Las cuatro exenciones principales

  1. Se encontraron las pruebas, al menos en parte, como resultado de otra fuente independiente, no contaminada.
  2. A pesar de provenir de una fuente contaminada, las pruebas se hubiesen descubierto de todos modos.
  3. Existe la atenuación entre una actividad ilegal y su descubrimiento por parte de las fuerzas del orden público.
  4. Si bien la orden de registro (o la falta de ella) no fue intrínsecamente válida, fue realizada por agentes del gobierno actuando de buena fe.

Como se puede ver, las normas de aceptabilidad de pruebas en casos penales son complejas y están sujetas a matices e interpretaciones. Los fiscales argumentarán en el tribunal que las pruebas deben ser sometidas a juicio, que no están contaminadas y que fueron obtenidas de manera legal.

Un acusado que no cuente con un abogado especializado en derecho penal, con un amplio conocimiento de las normas probatorias y excepciones, se encuentra con una gran desventaja durante un juicio. Sin embargo, no hay que perder la esperanza cuando alguien es condenado con pruebas ilegales, ya que esto puede apelarse y revocar la condena mediante el fallo de un tribunal superior.

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