Derechos Civiles y Conducta Policial Inadecuada

Los oficiales de policía tienen muchas libertades para cumplir con sus obligaciones. No obstante, la Constitución y otras leyes limitan cuán lejos puede llegar la policía para garantizar el orden público. Tal como lo evidencia la grabación en video de la golpiza al automovilista Rodney King en Los Ángeles, junto con varios casos recientes en Nueva York, se ha comprobado que, en ocasiones, los oficiales de policía se extralimitan y violan los derechos de los ciudadanos. Cuando sucede esto, la víctima de la conducta inadecuada puede tener recursos a su favor gracias a las leyes federales y estatales. El propósito más importante de las leyes de derechos civiles es proteger a los ciudadanos de abusos por parte del gobierno, incluida la conducta inadecuada de la policía. Las leyes de derechos civiles establecen los costos legales y las sanciones punitivas y restitutivas como incentivos para que las víctimas hagan valer sus derechos.

Cómo invalidar el principio de inmunidad

Ser detenido e interrogado por la policía en relación con un delito es una experiencia estresante para la mayoría de las personas. No obstante, siempre y cuando el oficial esté haciendo su trabajo adecuadamente, esto no constituye una violación de los derechos del sospechoso. De hecho, la policía tiene inmunidad ante demandas por llevar a cabo su trabajo, a menos que se demuestre una conducta injustificada y deliberada. En sí misma, la negligencia (el hecho de no conducirse con la dedicación debida) no es suficiente para establecer responsabilidad. Por lo tanto, la inmunidad significa que en las interacciones típicas de la policía con los sospechosos, estos no pueden demandar a la policía. Los recursos de derechos civiles se aplican a la conducta policial deliberada que constituya una violación a los derechos constitucionales de las personas.

Leyes de derechos civiles y conducta policial inadecuada

Un estatuto conocido como Sección 1983 es la ley de derechos civiles más importante con la que cuentan las víctimas de conducta policial inadecuada. Esta ley se promulgó originalmente como parte de la Ley de Derechos Civiles de 1871 con el objetivo de erradicar la conducta opresiva por parte del gobierno y los particulares que participaban en grupos de vigilancia como el Ku Klux Klan. Ahora se denomina Sección 1983 porque allí se publicó la ley, dentro del Título 42 del Código de los Estados Unidos. La Sección 1983 establece que es ilegal que cualquier persona que se desempeñe bajo la autoridad de las leyes estatales prive a otra persona de sus derechos otorgados por la Constitución o las leyes federales. Los reclamos más comunes presentados contra oficiales de policía son arresto (o detención) ilegal, prosecución maliciosa y uso de fuerza excesiva o injustificada.

Arresto ilegal
El reclamo que se presenta con mayor frecuencia contra la policía es el arresto ilegal. Las personas que presentan este reclamo aducen que la policía violó sus derechos de la Cuarta Enmienda, que prohíbe las detenciones injustificadas. Si el oficial tenía una causa probable para considerar que la persona había cometido un delito, el arresto es justificado y no constituye una violación a la Cuarta Enmienda. La policía puede realizar arrestos sin una orden en caso de un delito grave o menor cometido en su presencia. (Ahora algunos estados también permiten arrestos sin una orden para casos de violencia doméstica que constituyan un delito menor y no se hayan cometido en presencia del oficial.) Incluso si la información sobre la cual se basó el oficial resulta ser falsa, el oficial no es responsable si la consideraba correcta al momento del arresto. Para fundamentar un reclamo por arresto ilegal, la víctima debe demostrar que el oficial que lo arrestó no tenía causa probable, es decir, hechos suficientes para que una persona razonable considerase que se había cometido un delito.

Proceso malicioso
Un reclamo de proceso malicioso denuncia que el oficial privó ilegalmente a la víctima del derecho a la libertad que le otorga la Decimocuarta Enmienda. Para ganar este tipo de reclamo, la víctima debe demostrar cuatro cosas: 1) el oficial de policía acusado inició un procedimiento penal; 2) el procedimiento concluyó a favor de la víctima (es decir, sin condena); 3) no existía causa probable; y 4) el procedimiento se entabló con malicia para con la víctima. Al igual que con el arresto ilegal, este reclamo se desestima si el oficial tenía causa probable para iniciar el procedimiento penal.

Fuerza excesiva
Los reclamos por fuerza excesiva reciben la mayor cantidad de publicidad, tal vez porque los resultados de la fuerza excesiva parecen los más indignantes, ya que involucran lesiones físicas severas o la muerte. Dependerá de los hechos y las circunstancias relacionadas para considerar si el uso de fuerza por parte del oficial fue justificado. Las intenciones o motivaciones del oficial no son determinantes. Si el grado de fuerza fue razonable, no importa que las intenciones del oficial hayan sido malas. Pero también es cierto lo opuesto: si el oficial tenía buenas intenciones pero aplicó fuerza excesiva, no se desestimará el reclamo por fuerza excesiva.

No intervención
Los oficiales tienen el deber de proteger a las personas de violaciones constitucionales por parte de otros oficiales. Por lo tanto, un oficial que sea testigo de una violación de los derechos constitucionales de una persona por parte de otro oficial puede ser responsable ante la víctima por no haber intervenido.

La defensa de inmunidad calificada

Los abogados defensores que representen a un oficial de policía en cualquiera de estos reclamos alegarán inmunidad calificada. Esta defensa existe para evitar que un oficial de policía no ejerza el orden público por miedo a enfrentar acciones legales. La defensa ganará un reclamo contra el oficial si su conducta no constituye una violación de un derecho constitucional o estatutario claramente establecido. En otras palabras, los actos específicos que el oficial impidió que la persona realizara deben contar con protección legal; caso contrario, no existe una violación a los derechos civiles. Para ganar un reclamo por derechos civiles, la persona que presente un reclamo por conducta inadecuada debe demostrar que las acciones de la policía superaron los límites razonables, violaron los derechos constitucionales de la víctima y le ocasionaron lesiones o daños.

Conducta policial inadecuada: Qué hacer si ha sido afectado

Los reclamos por derechos civiles son una parte importante de nuestro sistema legal, ya que proporcionan un equilibrio entre el deber de hacer cumplir la ley que tienen las entidades de orden público y los derechos de las personas a no ser víctimas de conducta policial inadecuada. No obstante, los casos contra los oficiales de policía pueden ser difíciles. Los oficiales pueden tener inmunidad ante las demandas, aunque una persona considere que recibió un trato inadecuado. Los reclamos contra los departamentos de policía también pueden ser muy costosos porque es necesario recabar mucha evidencia, incluidos registros, declaraciones de la policía, declaraciones de testigos y muchos otros documentos, a fin de demostrar la conducta inadecuada.

La evidencia para fundamentar el reclamo es el elemento más importante de una demanda por conducta policial inadecuada. Si considera que ha sido víctima de conducta policial inadecuada, comuníquese inmediatamente con un abogado especializado en derechos civiles para evitar la supresión de evidencia. Tome fotografías de cualquier lesión o daño causado por la policía y separe las ropas u otros objetos que se hayan roto o ensuciado de sangre en el incidente. Intente obtener los nombres y las direcciones o números telefónicos de cualquier persona que pueda haber presenciado el incidente. También debe anotar exactamente lo que sucedió apenas sea posible para no olvidar detalles importantes.

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